La promesa del presidente Javier Milei era sencilla: un ajuste fiscal sin precedentes que permitiría estabilizar la economía, reducir la inflación y sentar las bases para un ciclo de crecimiento. Sin embargo, los datos comienzan a mostrar una realidad distinta. La fuerte caída de la recaudación tributaria obliga al Gobierno a profundizar nuevos recortes del gasto público, confirmando que el modelo ha ingresado en un círculo vicioso donde cada ajuste genera menos actividad económica, menos ingresos fiscales y, como consecuencia, nuevos ajustes.
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Milei y el ajuste deterioran la economía argentina.
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Lejos de tratarse de una etapa transitoria, la lógica de la "motosierra" parece no tener un punto de llegada. El equilibrio fiscal se transforma en un fin en sí mismo, aun cuando para alcanzarlo sea necesario deteriorar las condiciones de vida de amplios sectores de la población y debilitar la capacidad productiva del país.
La economía paga el costo del ajuste ya que la caída de la recaudación no responde únicamente a la reducción de algunos impuestos o derechos de exportación. Es, sobre todo, el reflejo de una economía que se enfría. Cuando cae el consumo, disminuye la producción industrial, se paraliza la construcción y cierran miles de pequeñas y medianas empresas, el Estado inevitablemente recauda menos por IVA, Ganancias y otros tributos vinculados a la actividad económica.
Paradójicamente, el mismo programa que buscaba fortalecer las cuentas públicas termina debilitando una de sus principales fuentes de financiamiento: la economía real.
La respuesta oficial, lejos de revisar el rumbo, ha sido profundizar el ajuste mediante nuevos recortes del gasto, la paralización de la obra pública y una reducción de las transferencias hacia las provincias, trasladando buena parte del costo de la crisis a los gobiernos locales y a los ciudadanos.
Un modelo que favorece al capital concentrado. El discurso oficial sostiene que el mercado resolverá los problemas una vez que desaparezca la intervención estatal. Sin embargo, los principales beneficiarios del programa económico no han sido los trabajadores, las pequeñas empresas ni el mercado interno.
Las reducciones tributarias y la liberalización económica han favorecido principalmente a los grandes grupos exportadores y al capital financiero, mientras que el ajuste recae sobre jubilados, trabajadores, universidades, hospitales, programas sociales, infraestructura y gobiernos provinciales.
La distribución de los costos y beneficios resulta profundamente desigual. Mientras determinados sectores económicos encuentran nuevas oportunidades de rentabilidad, amplios segmentos de la población enfrentan una pérdida acelerada del poder adquisitivo, un aumento de la precarización laboral y mayores dificultades para acceder a servicios públicos esenciales.
El costo social del superávit se ve en todo. Presentar el superávit fiscal como único indicador del éxito económico implica ignorar otras variables igualmente relevantes: el empleo, la inversión, la producción, la pobreza, la desigualdad y el desarrollo humano.
Una economía puede exhibir equilibrio en sus cuentas públicas mientras aumentan el desempleo, el cierre de empresas, la exclusión social y la pérdida de capacidades productivas. En ese escenario, el ajuste deja de ser una herramienta de estabilización para convertirse en un mecanismo permanente de transferencia de costos hacia los sectores más vulnerables.
La ausencia de inversión pública también compromete el crecimiento futuro. La paralización de obras de infraestructura afecta la competitividad, el empleo y las posibilidades de desarrollo regional, generando efectos que perduran mucho más allá del equilibrio fiscal coyuntural.
El riesgo de profundizar el círculo vicioso ya es realidad y no riesgo. Cuando la economía pierde dinamismo, la recaudación cae. Cuando la recaudación cae, el Gobierno responde con nuevos recortes. Es un mecanismo que se retroalimenta y que numerosos episodios históricos han demostrado difícil de sostener sin provocar un deterioro económico y social cada vez mayor.
La insistencia en profundizar el ajuste, aun cuando sus propios resultados fiscales comienzan a deteriorarse, revela las limitaciones de un enfoque que prioriza exclusivamente el equilibrio presupuestario sin considerar sus efectos sobre la actividad económica y la cohesión social.
Una advertencia para la región evidente. La evolución de la economía argentina no es un asunto exclusivamente doméstico. Una Argentina con menor consumo, menor producción y mayor conflictividad social repercute sobre toda la región, especialmente en Uruguay, por la importancia del turismo, el comercio fronterizo y la integración económica entre ambos países.
Si, además, el contexto internacional se vuelve menos favorable después de las elecciones legislativas de Estados Unidos o cambia el ciclo financiero global, las debilidades del modelo podrían quedar aún más expuestas.
Toda política económica requiere ordenar las cuentas públicas y combatir la inflación. Sin embargo, cuando el ajuste se transforma en un objetivo absoluto, desvinculado de la producción, el empleo y el bienestar de la población, corre el riesgo de destruir las bases mismas sobre las cuales debería construirse el crecimiento.
La evidencia que comienza a mostrar la economía argentina plantea un interrogante de fondo: ¿es posible construir un desarrollo sostenible reduciendo de manera permanente el tamaño del Estado mientras se debilita simultáneamente el mercado interno, la inversión pública y el tejido productivo?
La caída de la recaudación parece ofrecer una primera respuesta. Cuando la economía deja de crecer, ni siquiera el ajuste alcanza para sostener el equilibrio fiscal. Y cuando la única respuesta es ajustar todavía más, la motosierra deja de ser una herramienta de estabilización para convertirse en un mecanismo que profundiza la recesión, amplía la desigualdad y deteriora las condiciones de vida de millones de personas.