En ese sentido, Cardona destacó el avance en la flota pública del país, que ya superó su meta para 2025 al alcanzar los 276 ómnibus eléctricos (entre urbanos, suburbanos y departamentales), que representa más del 15% del total, y aspira a llegar al 20% a fin de este año y al 50% para 2030.
El avance de la movilidad eléctrica
La ministra aseguró que la estrategia nacional se enfocó desde el inicio en generar confianza entre los usuarios hacia una tecnología que, años atrás, generaba dudas sobre autonomía, costos y experiencia de uso. "Esa política dio resultados. Hoy la movilidad eléctrica dejó de ser una promesa para convertirse en una realidad cada vez más presente", afirmó Cardona.
Para continuar dicho crecimiento, el Gobierno proyecta expandir la red de carga. Prevé pasar de 300 cargadores públicos en 2024 a más de 500 en la actualidad, la meta es alcanzar los 600 puntos de carga en 2026 y llegar a 1.000 para finales de 2027.
En paralelo, se promoverá la carga residencial mediante una campaña de información ciudadana y se buscará que más estaciones de servicio tradicionales incorporen esta infraestructura para transformarse en electrolineras.
Mercado de autos eléctricos y reciclaje de baterías
A pesar de los avances, la penetración de los vehículos eléctricos en el parque automotor sigue siendo incipiente, explicó Diego Oroño, presidente de Auder, quien detalló que apenas 2 de cada 100 vehículos que circulan en Uruguay son eléctricos.
Oroño pidió a las autoridades gubernamentales mantener incentivos con "previsibilidad", y cuestionó las decisiones como la incorporación del Impuesto Específico Interno (IMESI) a estos vehículos por generar "incertidumbre".
Por su parte, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, valoró la llegada de nuevas marcas de vehículos eléctricos al mercado local, lo que ha generado una reducción de costos para la población.
El jerarca, remarcó la necesidad de prepararse para el futuro desarrollo de un mercado secundario y el reciclaje de las baterías de los autos eléctricos, mediante la promulgación de normativas que fomenten el segundo uso y la investigación académica en tecnologías de almacenamiento.
