Cuando la cuestión no es el método

La persistencia de una “metodología” de comparaciones de esta naturaleza solo puede mostrar lo que verdaderamente está en juego: el interés interesado (al decir de Bourdieu) de mostrar a la ciudadanía de que esta vez sí “la cosa viene en serio y es efectiva”.

Los enunciados de la publicación de las cifras por parte de la secretaría de Estado se reducen a “bajaron” e implícitamente contienen el enunciado “somos mejores”.

En los primeros 10 meses del gobierno de Lacalle Pou, anuncia la cartera, bajan los homicidios 20,83%, las rapiñas 11,17%, los hurtos 19,25%, los delitos de violencia doméstica 4,75% y el abigeato 1,29%.

Cuando comparan las cifras de diciembre de 2020 con las del mismo mes del año anterior, los “resultados”, son ratificatorios y anudan los enunciados anteriores (“bajaron”/“somos mejores”) a partir de los cuales se conforma una “oración base” de todo el relato que durante años se construyera respecto a la forma y los contenidos de la conducción política y operativa de la seguridad pública en el país.

La comparación de “estos diciembres” señala que, en 2020, los homicidios disminuyeron en 44,4%, las rapiñas en 19,31%, los hurtos 25,06%, los delitos de violencia doméstica 18,30% y el abigeato 34,35%.

Con la conjunción de ambas comparativas no puede menos que decirse que “ahora sí estamos seguros” y que, efectivamente, era esta la conducción política y operativa capaz de revertir los problemas de seguridad pública del país.

El relato del fracaso de los gobiernos frenteamplistas de los últimos 15 años en materia de seguridad pública queda a todas luces confirmado.

No vamos a explayarnos en un contrapunteo empírico tan fuertemente sesgado; hacerlo sería el grosero equivalente a ver “quién es el más macho”.

A diferencia de lo que los uruguayos estaban acostumbrados a ver cuando esta entidad gubernamental emitía sus reportes, desde que el nuevo Ministerio del Interior comenzara a hacer públicas sus cifras, han desaparecido datos e informaciones que sin duda alguna resultan relevantes.

Sin estos datos, las velitas que se soplan para festejar la algarabía tienen la durabilidad de los llamados fuegos fatuos.

Para ilustrar esto, tomemos la estructura de los informes que históricamente produjera el Observatorio de Violencia y Criminalidad del ministerio del Interior en años anteriores.

Desplegaremos dicha comparación tomando como referencia el primero y el último de los informes disponibles de los producidos durante los gobiernos del Frente Amplio, esto es años 2005 y 2019.

El informe del año 2005, de 4 páginas, sintetizaba los datos de los delitos siguientes: homicidios (discriminados entre consumados y tentativas), las lesiones (discriminadas en graves y leves), las riñas, los delitos de violencia doméstica, otros delitos contra la persona, las violaciones (discriminadas en consumadas y tentativas), otros delitos sexuales, los hurtos (consumados y tentativas), los hurtos de vehículos (consumados y tentativas), las rapiñas (consumadas y tentativas), los daños, copamientos, abigeatos y otros delitos contra la propiedad.

A la larga lista se agregaban los delitos de contrabando y un gran bloque de “otros delitos”.

Como ciertas situaciones de carácter más “social” daban lugar a intervenciones policiales, los datos de aquel primer informe de 2005 alcanzaban a los suicidios (consumados y tentativos) y a los accidentes de tránsito (discriminados en leves, graves y fatales).

Toda esta información era discriminada por trimestres y acompañada de gráficas para una mejor visualización y ejercicio comparativo a la usanza de la tradicional analítica estadística.

No hubo en dicho informe ni una sola línea comparativa respecto al año anterior ni a los años más remotos en los que la conducción política y operativa del Ministerio del Interior recaía en los gobiernos de los partidos Colorado y Blanco.

Este detalle, el de la no comparación, no es menor; revela una perspectiva política de comprensión del tema “criminal y/o delictivo” diferente, revela, además, la ausencia de cualquier forma de “revanchismo”.

Para el año 2019, el Ministerio del Interior publica un informe que solo abarca los delitos de homicidios, rapiñas y hurtos y un Informe se denuncias de delitos y faltas, todos ellos en perspectiva semestral.

Se trata de tres documentos específicos sobre estas clasificaciones delictivas y refieren a un período temporal de 6 meses (primer semestre del año 2019).

Esta desagregación no es caprichosa, indicaba que cualquier análisis del trabajo policial respecto al mismo debía contemplar la propia especificidad y dinámica de los delitos. No todos los miedos podían caer en la misma bolsa.

El informe sobre homicidios tenía un total de 30 páginas y en su apertura se definía claramente a qué se iba denominar “homicidio”.

Este detalle no es menor y constituye una alineación a las mejores prácticas de procesamiento de datos con respecto a los delitos que se siguen en todo el mundo. “Su empleo facilita la realización de comparaciones internacionales que revisten considerable importancia tanto para fines prácticos como de investigación científica”, se afirmaba en la introducción del mismo.

A lo largo de sus 30 páginas los homicidios eran discriminados a partir de las siguientes variables: variaciones porcentuales anuales, por mes y grandes áreas, por año y departamentos, por año y seccionales (tanto para Montevideo como para Canelones), por barrios, por días de la semana y tramos horarios, por lugar del hecho, por el uso de armas de fuego, por el nivel de aclaración, por la participación de adolescentes, por las características sociodemográficas de las víctimas y por su derivación de rapiñas y hurtos.

Cada analítica se realizaba comparando años anteriores, lo que indicaba, claramente, una postura de reflexión permanente sobre lo actuado y nada de “sopladera de velitas” a priori.

El informe de rapiñas y hurtos de ese primer semestre de 2019 tuvo 40 páginas. También está encabezado por las definiciones de ambas figuras delictivas; no voy a redundar en su importancia, pero debo agregar que este accionar, es decir, la presentación de definiciones, tiene una perspectiva educativa dirigida a la ciudadanía.

La perspectiva pedagógica de estas definiciones otorgaba al ciudadano de a pie una herramienta más con la cual poder interpelar al propio Ministerio de Interior.

Había a lo largo del trabajo una discriminación por años, sus variaciones porcentuales, los meses de ocurrencia (tanto para todo el país, como para Montevideo y Canelones), por grandes áreas, por departamentos, según los tipos de víctimas, según el uso de armas de fuego (hasta el nivel básico de seccionales policiales), las variaciones porcentuales de esta data y su expresión en las diferentes áreas del país, según los barrios donde ocurrían las mismas, según los horarios registrados de ocurrencia, según las seccionales policiales, las evoluciones mensuales de las denuncias de rapiñas según las seccionales policiales, su frecuencias, los horarios específicos de ocurrencia (asimilados a los turnos de trabajo policial), su clasificación por días de la semana y zonas operativas, su frecuencia y tipo de víctimas por seccionales.

Esta misma modalidad de presentación factual se aplicaba a los hurtos.

El informe relativo a denuncias de delitos y faltas de comparación semestral replica las especificidades conceptuales de los anteriores y expresamente aclara: “La información […] refiere a hechos muy numerosos, cuyo registro administrativo e informático puede sufrir rezagos debido a dicho volumen […] debido a la sobrecarga de trabajo, algunas unidades operativas de la Policía Nacional pueden incurrir en retrasos en el volcado de información de denuncias al Sistema Informático del Ministerio del Interior […] el efecto de esta situación es producir una ligera subestimación de las cifras correspondientes al año 2020 […] dicha subestimación no altera sustancialmente las tendencias y patrones fundamentales que se desprenden del informe, se debe tener presente que las cifras correspondientes a 2020 todavía pueden sufrir cambios menores al alza”.

Dejo librado a los lectores la comprensión de la aclaración.

La estructura de este informe incluye la presentación de los procesos infraccionales iniciados, tanto para adultos como adolescentes, según años y delitos, así como un comparativo general de las denuncias de faltas y una comparación general de los restantes delitos en una serie temporal que se inicia en 2013 y que abarca los homicidios consumados, delitos de violación, violencia doméstica, lesiones, copamientos, rapiñas, hurtos, abigeatos y otros.

A diferencia de los datos contenidos en este informe, la comparativa de la serie histórica de 2013 a 2019 parte del 1º de marzo de cada año hasta el 30 de junio.

Hay una distancia enorme entre las comunicaciones que viene produciendo este “nuevo” Ministerio del Interior y los anteriores.

Con la publicación de los datos sobre delitos, el pasado 10 de enero, todos los uruguayos recibimos una “tarjetita de cumpleaños” de parte de la cartera de Interior. Solo así se comprende la presentación tan básica y tan pobre de la información.

Ambas placas informativas presentadas son las dos caras de la convocatoria a soplar las velitas de una poco transparente y supuesta victoria.

Si usted quiere, vaya al convite, pero sepa que detrás de tanta condensación informativa, se oculta una realidad mucho más compleja que no se quiere mostrar.

Desde el Ministerio del Interior se invita a la población, con estos escasos, datos a creer que esta vez sí se ha arribado a la “tierra prometida”.

En este terreno, el de las creencias, las racionalidades analíticas no tienen lugar, a fin de cuentas, tal y como sucede en el resto de las áreas problemáticas de acceso a la información por parte de este gobierno, la cuestión no es de método. Todo se reduce a la simpleza de “creer o reventar”.