Al ser consultado sobre el estado en que queda el sistema educativo, Caggiani sostuvo que esta Administración se caracterizó por “ahorrar en educación”, lo que se reflejó, por ejemplo, en la pérdida salarial de los docentes: “Son los trabajadores que más salario perdieron, con un repunte al final del periodo, pero que con suerte va a alcanzar el poder de compra del 2019”. Mencionó que otro aspecto que delata el ahorro es el limitado avance de la infraestructura de centros educativos de tiempo completo y extendido, de acuerdo a Caggiani, una necesidad acordada entre la ciudadanía y el sistema político. "Es el gobierno que menos ha avanzado de los últimos 20 años en transformación de escuelas, liceos y UTU de tiempo completo (…) Más allá del cambio de nombre, de lo que ya existía, prácticamente no hay edificios nuevos". Según explicó, esto se debe a restricciones presupuestales que limitaron el alcance de estos cambios necesarios, especialmente en contextos de desigualdad educativa.
Otro tema de “creciente preocupación”, según el referente, son las inasistencias. En tal sentido, opinó que las políticas para abordar esta problemática fueron “muy débiles”. Además, sugirió que existe un problema con la calidad de los datos de asistencia, lo cual dificulta evaluar la magnitud del fenómeno. “Hoy visualizamos que hay muy pocos gurises asistiendo a clase, pero entiendo que existe alguna dificultad en el registro de inasistencia, que no tengo muy claro si es una cuestión técnica o administrativa. De acuerdo a la última actualización que tenemos, que es el monitor del año pasado, los datos son realmente preocupantes porque continúa aumentando la cantidad de faltas y la cantidad de gurises que no asisten a clases cotidianamente”. Sobre este punto, enfatizó en que la continuidad en la asistencia es clave para cualquier avance en términos de aprendizaje: “No asistir a clase afecta el aprendizaje, más allá de cuál sea el programa. Todas las discusiones sobre lo curricular tienen sentido en tanto el niño o el adolescente esté en la institución educativa. Si no está, no va a aprender ni por contenido, ni por competencia, ni por aprendizaje basado en proyectos”.
En síntesis, para Caggiani, la actual Administración de la educación “no resolvió los problemas centrales que prometió resolver”, como el aumento del tiempo pedagógico y la mejora de los aprendizajes con mayor tasa de culminación. Además, agregó el experto, paralizó algunas áreas que eran clave, como la ampliación de la cobertura en primera infancia: “Uruguay todavía tiene el desafío de garantizar el derecho a la educación y a los cuidados en el primer tramo de vida. Pero, además, tiene pendiente el proceso de generalizar lo terciario y universitario, es decir, de generar más propuestas tanto de la Universidad de la República como de la UTEC en el interior, que también se ha debilitado por razones presupuestales. Entonces, efectivamente queda un conjunto de desafíos en materia educativa que este Gobierno asumió con muchas promesas, pero que no se concretaron”.
Reducción de grupos y falta de información
En los últimos años, el sistema educativo de secundaria en Uruguay experimentó una reducción significativa en la cantidad de grupos de enseñanza, como parte de los cambios implementados por la denominada transformación educativa. Los sindicatos docentes, entre ellos Fenapes y Ades, denunciaron en reiteradas ocasiones que esta reforma provocó el cierre de más de 564 grupos en todo el país, según datos reportados por el Observatorio de la Educación de la Anep. Esta cifra no incluye los datos de 2023 y 2024, ya que aún no fueron publicados por la Anep, por lo cual se presume que la pérdida total de grupos es mayor. Desde Ades han denunciado públicamente esta falta de información, ya que dificulta evaluar el impacto real de los recortes en todo el país y analizar la distribución de grupos por departamento.
Caggiani sostuvo que el recorte de grupos responde a decisiones administrativas que no se justifican únicamente por la baja natalidad. “El ajuste que tiene que ver con la reducción de grupos, en el caso de Secundaria, no tiene todavía una explicación por la baja de la natalidad”, indicó, señalando además que esta reducción afectó más a zonas rurales, donde los estudiantes tienen menos opciones de orientación académica y, en muchos casos, deben trasladarse largas distancias para acceder a ciertos bachilleratos. “Intentar ahorrar unos pesos termina perjudicando a comunidades concretas del interior del país”, lamentó.
Y sumó: “Lo otro que llama la atención es que no aparezcan apoyos, porque uno de los temas que dejó la pandemia es la dificultad en términos de aprendizaje o cuestiones vinculadas a salud mental y a la violencia en los centros. Se podría suponer que, si hay necesidad de menos grupos, aunque no parece ser el caso, podrían colocarse esos recursos en apoyo a los centros educativos. Pero eso no sucedió”.
La continuidad de reforma educativa
Uno de los temas clave en la agenda educativa actual es la continuidad de la transformación curricular impulsada por el Gobierno en curso, prevista para extenderse en 2025. Sobre esta política educativa, Caggiani opinó que “tiene un conjunto de debilidades importantes” y que “no ha llegado a las aulas”, ya sea por los tiempos de implementación o por la postura contraria de diferentes actores docentes de la academia, asociaciones profesionales y hasta premios Nobel.
En caso de que el FA accediera al gobierno, Caggiani expresó que la fuerza política tiene una “definición muy clara” al respecto, que incluye convocar a un “conjunto de actores que no han estado en la conversación de los cambios curriculares” como los docentes, estudiantes, familias y comunidades, ya que el Gobierno reformó los programas sin incorporar estas miradas. “Los cambios curriculares no son definiciones solo de un partido político o de una administración, sino que tienen que ver los valores de una sociedad, con qué es lo que la comunidad considera importante que aprendan los estudiantes, como el avance de la ciencia, los conocimientos artísticos, etc. Por eso una escuela o un liceo en Uruguay es diferente a un centro educativo de media en Sudáfrica. Los programas tienen que ser revisados cada cierto tiempo y el Frente Amplio tiene el plan de convocar a todos los actores involucrados para revisarlos y ver qué cuestiones es necesario mejorar o ajustar”.
Debido a los tiempos de transición en Uruguay, independientemente del resultado de las elecciones, serán las actuales autoridades las que iniciarán el año lectivo en 2025. En tal sentido, dijo que la continuidad de la reforma “va a depender de la vocación democrática y de diálogo de la actual administración, teniendo en cuenta la definición electoral”. Y añadió: “Hay que pensar cuántas veces y cómo se le están cambiando las reglas de juego a quienes están cursando. Esto es algo que esta Administración no hizo cuando cambió al barrer un conjunto de años de currícula. Hay que evaluar cuáles son las orientaciones técnicas más pertinentes, pero siempre pensando en que a un estudiante no le pueden andar cambiando el caballo a mitad del río. Hay que velar por su trayectoria educativa y pensar que los cambios en educación siempre son graduales, no existen cambios mágicos, como se prometió en campaña electoral”.
Las prioridades del FA en educación
Consultado por las principales prioridades del FA en materia educativa, Caggiani expresó que tienen un conjunto de propuestas destinadas a “abordar las condiciones de vida de nuestros estudiantes, la pobreza infantil, así como las becas de apoyo para poder asistir y permanecer en la educación”. Detalló que en educación media se está planteando lograr que uno de cada cuatro estudiantes tenga acceso a una beca, lo que implica multiplicar las becas actuales. Otro de los objetivos, prosiguió el referente, es alcanzar la extensión del tiempo pedagógico, algo que, a su entender, “en este gobierno se ralentizó bastante”. Buscarán aumentar la cantidad de escuelas y educación media básica de tiempo completo, así como generalizar lo terciario universitario, fundamentalmente en el interior del país. “Todavía tenemos desafíos importantes en universalizar la educación para niños de tres años y avanzar en la cantidad de gurises de cero a tres que participan del sistema educativo”, agregó.
Aclaró que en un eventual gobierno del FA todos estos objetivos serán puestos en marcha “mediante un diálogo importante con la sociedad, a través de diferentes mecanismos y con la participación de actores diversos que tienen que ver con lo educativo, desde los docentes, que han sido vejados y perseguidos durante esta administración, hasta la academia, los estudiantes y las familias”. Y concluyó: “El Frente apuesta a la experiencia que ya tiene de diálogos multipartidarios, pero también con la sociedad, y a recomponer un clima que se ha instalado en los centros donde hay mucho miedo, mucho control y muy poca confianza en lo que pueden hacer las comunidades educativas. En términos de política educativa esto es un error, porque es justamente en el aula y en el centro educativo concreto donde se resuelve la vida educativa de nuestros niños, niñas y adolescentes”.
