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Política

De gobernados a víctimas: Aebu analiza los ocho meses de gobierno

Transcurridos 240 días de su gestión, el Gobierno actual ha dado ya suficientes muestras como para ser evaluado desde el punto de vista ciudadano.

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En primer término debemos referirnos a la rebaja salarial no anunciada durante la campaña electoral y a la anulación del 2% de IVA en las compras con tarjeta de débito. Ambas constituyen dos impuestos aplicados por quienes recogieron votos anunciando que no iban a aumentarlos. Así comienza la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) el análisis de los primeros ocho meses del gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou.

Agrega que la rebaja salarial no se redujo solamente a los empleados públicos, sino que fue impuesta en los consejos de salarios a los trabajadores de menor capacidad organizativa. Tampoco fue dicho que retornaríamos a clases escolares y liceales con 40 alumnos ni que entre las primeras medidas del gobierno estaría una suba de tarifas. Ni siquiera pasaba por la imaginación de los votantes que se redujera el presupuesto para la educación, la salud y las políticas sociales y, a cambio, se aumentara el número de generales, coroneles y de los restantes altos mandos de las Fuerzas Armadas.

También cabe citar algunas conductas ministeriales que pierden de vista los objetivos de los organismos por ellos conducidos, añade AEBU. Este es el caso de Armando Castaingdebat, el subsecretario de Desarrollo Social, cartera que tiene entre sus cometidos llevar adelante el Sistema Nacional de Cuidados. La forma como entendió que debía tomarlo a su cargo fue decir que es un instituto «para países ricos», y con este comentario justificó una rebaja de sus prestaciones consagradas legalmente. Los miles de usuarios modestos de este sistema que quedarán desvalidos están fuera de las preocupaciones del jerarca.

Otro que olvidó sus objetivos fue el ministro del Interior Jorge Larrañaga, envuelto en varios episodios que lo muestran más preocupado por conservar su estampa que en lograr los resultados prometidos y a los que se debe. En la destitución del jefe de Policía de Montevideo, comisario mayor (r) Erode Ruiz, le importó más al jerarca el ejercicio autoritario de su cargo que la suerte de varias familias despojadas de sus hogares por una banda de narcotraficantes. Al solicitar su renuncia cortó el hilo que conduciría a dar con los autores de estos delitos y a iniciar la recuperación de los bienes usurpados.

 

“Banco país” desatendido

Otros fines desatendidos son visibles en el Banco República, en el que no rige la autonomía que la Constitución le adjudica, sino que en él manda una recomendación formulada por la Presidencia, destinada a reducir al mínimo sus gastos. El banco que en el primer semestre del año ganó 300 millones de dólares ha resuelto ahorrar tanto en el mantenimiento de sus inmuebles que estos iniciarán un proceso de deterioro, tal como fue recientemente denunciado por la prensa.

A pesar de que el ‘banco país’ es próspero y cada año gana más (aun durante la pandemia) debe sumarse a una política general de recortes que afecta tanto a su patrimonio edilicio como a las inversiones en general y a la reposición de las vacantes. Por este motivo los dirigentes de AEBU se han visto reiteradamente desairados en sus comparecencias ante el Ministerio de Trabajo, cuando a las convocatorias tripartitas no han comparecido los directores de los bancos estatales.

Nuevamente, en este caso, quienes dirigen el organismo subordinan la función para la cual han sido designados a objetivos que les son ajenos y quienes pagan el deterioro son las instituciones y aquellos que debieran ser sus beneficiarios. En un futuro próximo del Banco República, vemos  sucursales en riesgo de cierre por falta de personal y trabajadores recargados por falta de reemplazos para quienes se jubilan.

Estos ejemplos no agotan una casuística seguramente mucho más extensa, pero sí son demostrativos de un gobierno que incumple sus promesas, sacrifica a la población y cae en el autoritarismo, concluye AEBU.

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