Denuncian en España irregularidades de la xunta gallega vinculada a Casa de Galicia

El caos como norma

El 28 de julio de 2000, integrantes de la Lista 3 opositora en la directiva de Casa de Galicia presentaron una denuncia penal en el Juzgado de 13er Turno acusando a la mayoría de “una presunta malversación de fondos por una cifra superior al millón de dólares”. Nunca ocurrió nada con esa denuncia. Durante el proceso electoral del año anterior la lista opositora en las elecciones de Casa de Galicia denunció graves irregularidades que adjudicó a maniobras de la agrupación oficialista que, tras el recuento de votos, retuvo el control administrativo de la mutualista. Uno de los cuestionamientos de la Lista 3 versó sobre la “promofranquicia” que impulsó la empresa en 1999 para captar socios, a un costo de algo más de un millón de dólares. En ese momento se denunció además que una empresa fue creada exclusivamente para realizar reformas edilicias en el tercer piso de la institución -cuyas obras ascendieron a un costo de US$ 75.000-; se cuestionó la contratación de servicios de ambulancias y el transporte de médicos de urgencia, como presuntos hechos de corrupción. Tras la situación generada, a comienzos de ese año renunciaron el vicepresidente, el secretario general y el tesorero de la institución. En el marco de las elecciones de 1999 la Lista 3 denunció “que en Casa de Galicia existe una pésima administración y elementos que pueden calificarse de corrupción”. El 21 de noviembre de 2014 el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) pidió la renuncia de las autoridades de la mutualista por problemas de gestión. “Hay denuncias previas de actos de corrupción y se habla de contratos a personas cercanas a la directiva que están por encima de los niveles normales”, dijo al programa radial “No toquen nada” el entonces presidente del SMU, Julio Trostchansky. “El sindicato médico alertó de esto hace un año cuando publicó la situación económica de todas las instituciones. Casa de Galicia, después de muchos años de peregrinar y de tener déficit a nivel operativo y económico financiero, se encaminaba a una situación de emergencia como la que estamos viendo en este momento. Sin embargo, en aquel momento las autoridades, que son las mismas que están hoy, desmintieron estas versiones a través de solicitadas en la prensa, pero el tiempo demostró que nosotros teníamos razón, lamentablemente. Hoy nos encontramos con propuestas de estas autoridades que incluyen la reducción de personal y la rebaja salarial”, dijo Trostchansky al periodista Joel Rosemberg. El presidente del SMU dijo que la situación quedó en evidencia a partir de una consultoría que realizó el estudio CPA Ferrere, contratado entonces por Casa de Galicia para analizar el estado financiero del prestador. “Se ha constatado un déficit económico financiero en dólares que hace que no se puedan afrontar las deudas e incluso se debió acudir a préstamos no formales, que generan intereses mayores y empeoran la situación patrimonial. En esa consultoría se constató que Casa de Galicia realiza un gasto por encima del 10% y 12% del resto de las instituciones mutuales”.
El 26 de octubre del año pasado el ministerio de Salud Pública decretó la intervención de la mutualista desplazando a sus autoridades. El 27 de diciembre las autoridades decretaron el cierre de Casa de Galicia. Y esta semana el Parlamento aprobó el proyecto de ley para distribuir entre otras mutualistas a sus 45.000 asociados.

El poco claro papel de un banco español
“Casa de Galicia de Montevideo inicia un ambicioso proyecto de ampliación de instalaciones en el centro de la capital uruguaya”, titulaba el 27 de febrero de 2019 “Galicia Exterior”, periódico de la comunidad gallega en el mundo. La publicación informaba: “El pasado martes 19 de febrero, minutos antes de las ocho de la tarde, se reunió una multitudinaria asamblea de socios de Casa de Galicia, acudieron alrededor de un millar de asistentes, que recibieron un pormenorizado informe de su presidente, Alberto Iglesias, quien tuvo que realizar su exposición a la vez que se movía por el pasillo de la asamblea para poder llegar a todos y cada uno de los presentes. Y es que el llamado era para tratar la creación de una sociedad civil complementaria y dependiente de Casa de Galicia, definida como “una isla en Galicia”, que tendría como patrimonio la sede ubicada en el centro de Montevideo, unos 4.500 metros cuadrados situados sobre la principal avenida de la ciudad y con fachada por la calle paralela. De esa forma, según explicaba el presidente Alberto Iglesias a los socios que abarrotaron el salón de actos, daría la posibilidad de que pudiera la institución conseguir créditos directamente con el banco gallego Abanca, ya no como una institución de la diáspora sino con sede en España y, por tanto, favoreciéndose con tasas de interés sumamente bajas comparadas con las que se conseguirían en Uruguay. Asimismo, Iglesias explicó que este largo camino de gestiones ya había comenzado con el anterior presidente, Manuel Ramos, viajando ambos a Galicia para conseguir las ayudas necesarias en la Xunta. Y aunque la respuesta era que “no había dinero”, los visitantes aseguraron que ellos acudían allí a recibir “capacitación de cuadros de excelencia” como es la salud gallega, que podrían formar a trabajadores de Casa de Galicia para replicar esos contenidos en Uruguay. De esa forma se fue gestando este proyecto, al que se le sumó la institución financiera gallega Abanca, a la que se le solicitó un crédito que, junto a un fideicomiso que el gobierno uruguayo le autorizaría por veinte años a Casa de Galicia, posibilitaría la concreción del sueño de transformar los edificios de la institución situados en el centro de Montevideo”, dice la publicación. Pero el Xornal Galicia afirma “que el banquero venezolano Juan Carlos Escotet, radicado en España y fundador de Banesco, debía favores muy importantes a Núñez Feijóo, presidente del gobierno gallego”.
Agrega que “la financiación del proyecto de Casa de Galicia se haría con falsos créditos otorgados por Abanca, institución bancaria que le fuera adjudicada a Escotet por el presidente de la Xunta de Galicia”. Por su parte Alberto Iglesias había explicado que “las gestiones ya habían comenzado con el anterior presidente de Casa de Galicia, Manuel Ramos, viajando ambos a España para conseguir las ayudas necesarias en la Xunta de Feijóo. Y aunque la respuesta era que “no había dinero”, los visitantes aseguraron que ellos acudían allí para gestionarlo a través del Conselleiro Almuiña a cambio de convenios de salud muy fáciles de presentar, y venderlos como formación de excelencia de la salud gallega, que podrían formar a trabajadores de Casa de Galicia para replicar esos contenidos en Uruguay”. Así ingresó Abanca, con un dinero que negociaron el presidente del gobierno gallego y el presidente de la mutualista. La intervención del gobierno uruguayo dio por tierra con este proyecto. Pero falta explicar cuánto dinero vino de Galicia, a nombre de quién y cómo se gastó, si se gastó.