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Sociedad

Denuncian que MSP «viola derechos humanos de personas con discapacidad»

A seis meses de los fallecimientos por Covid-19 de cinco internos del residencial “El Sarandí”, familiares denuncian que el Ministerio de Salud Pública incumplió las recomendaciones de la INDDHH.

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Familiares y curadores de personas residentes del hogar valdense «El Sarandí», donde en el mes de abril fallecieron cinco internos y una nurse a causa de la Covid-19, denunciaron que el MSP «viola derechos humanos de personas con discapacidad» e «incumple recomendaciones» de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

Mediante una carta abierta al público, dirigida al Ministerio de Salud Pública, manifestaron su rechazo ante la respuesta del MSP a la resolución 991-2021 de la mencionada Institución, que identificó una «clara y grave violación a los derechos humanos de los residentes del hogar» y recomendó tomar todas las medidas necesarias para evitar ese tipo de acontecimientos. 

Las personas firmantes, señalan que » hasta la fecha, la única respuesta escrita del MSP fue la de manifestar que no compartía la resolución de la INDDHH desconociendo todos los hechos documentados denunciados». 

Antecedentes

Caras y Caretas dialogó con uno de los firmantes, Miguel Camacho, quien recordó que en marzo el hogar solicitó a las familias el consentimiento para la vacunación de las personas internas, que, según informó el MSP, serían vacunadas con Pfizer y de acuerdo al cronograma de prioridad que incluye a los establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

Camacho contó que la mayoría de los familiares firmó, pero que los días pasaban y nadie iba a vacunarlos. En la segunda quincena de marzo, recordó, les informaron las personas no recibirían la dosis, que debían esperar o que el hogar debía buscar la forma de concretar la inoculación.

En abril, cuando el hecho tomó estado público debido a declaraciones de la directora del hogar ante la prensa, recibieron la vacuna. Pero no la Pfizer, sino la Sinovac. Al día siguiente de las inoculaciones diagnosticaron el primer caso de coronavirus en el hogar y, a raíz de ese positivo, se contagiaron casi todos los residentes, así como parte del personal de trabajo, dejando un saldo de cinco fallecimientos.

En el entendido de que se trató de muertes evitables, las familias presentaron una denuncia ante la INDDHH señalando que «discriminaron» al hogar. «Sacaron a El Sarandí de una lista ya establecida e informada a los familiares, mientras que en otros centros, como el Cotolengo Don Orione, recibieron las dosis de Pfizer en la fecha correspondiente».

Luego de la pertinente investigación, el INDHH concluyó que existió «vulneración de los derechos humanos de las personas residentes» del hogar y le recomendó al MSP «revisar los planes de vacunación para garantizar el derecho a la salud de personas en situación de discapacidad».

Silencio

Camacho aseguró que luego de las recomendaciones del INDDHH «hubo un silencio sepulcral» por parte del ministerio y que cuando llegó la respuesta «en quince páginas no dijeron nada». «Pusieron gráficas, estadísticas, deslindaron las responsabilidades de su accionar y plantearon que la culpa fue del hogar por no tomar recaudos, lo cual es falso ya que es un hogar modelo y de excelencia».

También dijeron, prosiguió el entrevistado, que las familias debieron trasladar a los internos para su vacunación. «Plantear eso delata que no tienen ni la menor idea de lo que implica una situación de discapacidad».

De acuerdo a las declaraciones del firmante, la actual carta busca que el MSP brinde «una respuesta acorde» y que asuma el error. «La idea es mirar hacia adelante, clarificar los hechos y que se garantice que, de aquí en más, los hogares para personas en situación de discapacidad serán priorizados».

 

 

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