Denunciantes y denunciados del mismo lado del mostrador

El periodista Antonio Ladra planteó con preocupación que remover a los cuadros policiales de la gestión Guarteche por un problema ideológico del ministro, volviendo a colocar en jefaturas del interior del país a antiguos Jefes Policiales, en su momento retirados por hechos de corrupción, volvería a repetir la historia, y así parece demostrarlo la reciente destitución del jefe de Policía de Cerro Largo, José Adán Olivera, que en su momento ya había sido removido por la gestión Bonomi, un funcionario más en la larga lista de más de 200 funcionarios que fueron removidos de sus puestos en todo el país.

El exdirector nacional de la Policía Mario Layera, consultado por Caras y Caretas en su edición Nº 1042, también advirtió que descentralizar algunas unidades policiales sin un control centralizado y en forma ágil habilitaba a actos de corrupción.

Parece de sentido común que el retorno de las comisiones y sus bonos de colaboración policial nada bueno traerían, y a pesar de las buenas intenciones de conseguir mas recursos financieros, los antecedentes son bastante escandalosos.

Del mismo lado

Para Patricia Rodríguez  Presidenta del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), el problema mayor está en la estructura institucional que se encarga de los casos de investigación sobre la corrupción policial.

Rodríguez sostiene que en tanto Asuntos Internos está dentro del Ministerio del Interior, la objetividad de gestión no está garantizada y que muchas veces se ha filtrado información, pues los vínculos entre los denunciantes, denunciados, conocidos y familiares y los investigadores son bastante estrechos.

Rodríguez expresa que “la corrupción no es un hecho nuevo en la Policía y creo que va a ser de difícil extirpación por la condición humana, pero que se debe apostar a tener un mecanismo objetivo, como un juzgado o fiscalía especializada que se encargue de la investigación de las denuncias. Nosotros tenemos compañeros que en su momento han encontrado muchas dificultades para poder denunciar”.

El 18 de junio el dirigente de esa organización sindical Fabricio Ríos denunciaba a la diaria que ante “un hecho de corrupción o de cualquier irregularidad cotidiana que un policía o un funcionario del Ministerio del Interior [MI] denuncie son perseguidos, a tal punto que uno ve que lo que se está intentando es desvincular al funcionario de la institución. No solo pasa con los ejecutivos, sino también con el personal de Identificación Civil, con los bomberos, en Migración y en el Hospital Policial”, explicó. Sugirió que “lo peor que podría pasar es que el policía no se anime a denunciar tanto hechos de corrupción como irregularidades cotidianas, que terminan como sumarios para los funcionarios y sanciones”. “Eso es preocupante”.

Julio Acosta, de la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Maldonado (Sipolma), apoyó lo dicho por Sifpom. “Ratificamos y confirmamos eso”, expresó. “Es lamentable, pero ocurre”.

Información en poder de Caras y Caretas confirma que varios policías ejecutivos y en tareas administrativas dentro del Ministerio del Interior, en el Hospital Policial y en algún centro de reclusión han sido sumariados recientemente entre setiembre y noviembre de este año.

Consultamos al Dr. Andrés Ojeda sobre otra fuente de información en cuanto a denuncias, como es la Secretaría de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, pero el abogado desestimó ese dato (“no me parece relevante”, expresó), ciñiendose a los datos de formalizaciones dadas por  Fiscalía, como si existiera la evidencia de que toda denuncia no llegada al puerto de la formalización careciera de veracidad.

De nunca acabar

“Caiga quien caiga es la línea que vamos a seguir para apartar al mal policía”, había dicho el fallecido ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en agosto de 2020, luego de que se descubriera que el jefe de la brigada de drogas de San José colaborara con el narcotráfico.

De los casos conocidos públicamente, Olivera debió ser separado del cargo por el ministro Heber por la situación de contrabando en la que estaría implicado un funcionario policial de su jefatura del departamento de investigaciones. El funcionario de OSE también involucrado es además presidente de la comisión de colaboración policial con el departamento de investigaciones de Cerro Largo.

Entre los delitos asociados a la corrupción policial considerados por la Fiscalía se encuentran, además del abuso de funciones y el abuso contra detenidos, cohecho, concusión, conjunción del interés personal y del público, certificación falsa por un funcionario público, concurso de los funcionarios públicos en la evasión, evasión por culpa del funcionario encargado de la custodia, revelación de secretos, peculado, falsificación ideológica y de documentos, entre otros.

Una lista bastante larga y amplia que no siempre merece la atención pública y que permite preguntarse: ¿cuántos funcionarios involucrados hay en todos los otros delitos por cada uno que se captura en delitos de narcotráfico?

Manejando números

¿Una situación de corrupción se mide por los hechos denunciados o los imputados? ¿Solo hay corrupción cuando el ministerio actúa administrativamente y define sanciones cuando ademas la Justicia formaliza?

Volviendo al artículo de El País, este dice: “Caen 50% las imputaciones de policías por corrupción”.

Las cifras muy parciales y sin ningún análisis de contexto brindadas por la Fiscalía tras un pedido de información pública señala que en el último período de Eduardo Bonomi como ministro del Interior (1º de marzo de 2019 y el 29 de febrero de 2020) fueron imputados por delitos de corrupción 22 funcionarios policiales, mientras que bajo la gestión de Jorge Larrañaga en sus primeros 12 meses fueron procesados 12 policías.

Una primera lectura hace preguntarse si hubo menos casos de corrupción o si se imputó menos.

Consultados dirigentes de la Asociación de Fiscales de Uruguay sobre el informe mencionado en la nota nos expresan que ellos siempre recomiendan tomar con mucho cuidados los datos aportados ya que esas cifras no se ajustan a la realidad. “Las estadísticas se basan en los sistemas de información de la fiscalía que están conectados con el sistema de información policial. En este caso sucede a veces que se agregan determinados delitos con una tipificacion hecha por la propia Policía (por ejemplo la Policía tiene una persona detenida por una rapiña porque lo encontraron con la moto que se cometió la rapiña, pero luego la persona termina imputada por receptación y no siempre se realiza la corrección en el sistema); es un mínimo ejemplo de desfajases en los datos. Manejar esos datos así puede dar lugar a engaño. Hay que chequear en terreno los datos porque es fundamental y tomar en cuenta el contexto. Los delitos de corrupción policial en general por abuso de poder en Montevideo los investigan las dos fiscalías de Delitos Económicos”.

El colega Gabriel Pereyra parece tener muchas notas por delante.

Números top secret

Caras y Caretas consultó al director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Gonzales, sobre las cifras de denuncias que manejaba la Unidad de Asuntos Internos, pero no ha recibido respuesta.

El Dr. Andrés Ojeda, asesor jurídico del Sifpom, consultado sobre la información en cuanto a las denuncias que recibe la Secretaría de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, desestimó esa información (“no me parece relevante”expresó), ciñiéndose a los datos de formalizaciones dados por  Fiscalía, como si existiera la evidencia que toda denuncia no llegada al puerto de la formalización careciera de veracidad.