En el marco del caso de Vladimir Roslik, nueve militares fueron imputados por la jueza de Fray Bentos, Selva Siri Thove. Sin embargo, decidió dejar fuera del proceso a Dardo Ivo Morales, quien estaba involucrado en el interrogatorio del médico antes de su muerte violenta en 1984, como consecuencia de los golpes y tormentos sufridos.
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La jueza imputó a los nueve militares los delitos de privación de libertad, abuso de autoridad y lesiones graves relacionados con la detención y torturas de Roslik y otros detenidos. Como medida cautelar, se les aplicará medidas alternativas a la prisión, que incluyen el uso de tobillera electrónica, prohibición de acercarse a las víctimas y de salir del país.
El fiscal Ricardo Perciballe había solicitado la formalización de cargos para un total de 12 militares, entre ellos Loitey, quien falleció y había sido candidato a intendente de Soriano por Cabildo Abierto. Otro de los militares no pudo asistir a la audiencia debido a una enfermedad grave.
La jueza explicó su decisión de no imputar a Morales con el argumento de litispendencia, entendiendo que ya está siendo juzgado por las detenciones ocurridas en 1980, en un caso que recientemente lo procesó sin prisión. Este caso fue iniciado por la maestra Susana Zanoniani, también originaria de San Javier, quien denunció haber sido torturada por Morales.
El fiscal Perciballe apeló la resolución de la jueza Siri, sosteniendo que no existe litispendencia ya que este caso involucra detenciones de 1984 que no forman parte de la otra investigación. La decisión final sobre esta apelación será tomada por un tribunal de apelaciones.
Roslik fue asesinado en abril de 1984, cuando ya se habían realizado las elecciones internas de los partidos políticos en 1982, el 1° de Mayo de 1983, la Marcha del Estudiante de Setiembre de 1983 y el acto del Obelisco en noviembre de 1983 y apenas 8 meses antes de las elecciones.