«Es mentira que todas las víctimas fuimos reparadas»

De aquella época recuerdan vivir en silencio, crecer en cautiverio, las visitas a cárceles y cuarteles para ver a sus familiares, revisiones agresivas, colas interminables para visitar a los familiares, y que no siempre terminaban con el reencuentro: “A veces, después de una larga espera, te decían que no podías pasar”. “Esas fueron nuestras vivencias, en muchos casos desde bebés y hasta la adolescencia. La violencia de los allanamientos, donde también se vulneraron los derechos de niñas, niños y adolescentes. Te ponían contra la pared, con las piernas abiertas, te manoseaban, incluso tenemos casos de compañeros y compañeras que fueron violados. Otro recuerdo es el de las revisiones en los centros de reclusión: no poder hablar, no poder reírte, ni masticar un chicle, ir vestidos prácticamente con uniformes porque los colores no estaban permitidos, siempre con la mirada hacia abajo. Prácticamente no podíamos ser niñas y niños, todos nuestros derechos fueron vulnerados”.

Contaron también que en algunas oportunidades recibían regalos desde las cárceles, hechos por sus familiares, pero que muchas veces llegaban rotos, algo a lo que muchos de ellos no le encontraban explicación, y los lastimaba. “Siendo una niña no llegás a comprender la magnitud del problema, y a darte cuenta de que el Estado era responsable de lo que estaba pasando. Lo primero que pensábamos es que nuestros padres o madres nos mandaban algo roto porque no nos querían o porque no querían vernos. Esas vivencias generaron traumas psicológicos muy fuertes, que se sumaron a todos los demás, y que dejaron secuelas hasta el día de hoy”.

El exilio fue otro capítulo que marcó las vidas de muchas niñas, niños y adolescentes que actualmente integran el colectivo. “Recordemos que en la época del medioevo había dos castigos fundamentales: la muerte o el exilio. El exilio también es algo bestial, tener que irte de tu país, de golpe, separándote de tus afectos, de tu familia, y sin poder tener una comunicación dinámica, cambiar de nombre, perder la identidad. Por todas estas vulneraciones es que venimos reclamando reparación”.

Hacer memoria

El colectivo Memoria en Libertad surgió en el año 2008 por una “necesidad vital” de personas que fueron víctimas directas del terrorismo de Estado durante la infancia y adolescencia. “Durante la maduración de la vida sentimos esa necesidad de juntarnos con quienes habían vivido lo mismo que nosotros. Somos una generación que guardó silencio siempre, nosotros mismos nos autosilenciamos como parte de nuestra forma de sobrevivir. La necesidad de contar nos fue llevando a querer juntarnos y a compartir entre pares. Desde ese entonces, comenzamos a trabajar de forma ininterrumpida hasta 2010, tiempo en el que se hizo una pausa por debilidades y secuelas. Es un tema muy removedor para nosotros”.

Memoria en Libertad retomó su trabajo en 2018, ya sin pausas. En estos años de trabajo sostenido, el colectivo se enfocó en la visibilización, formación y búsqueda de reparación, entre otros objetivos que se fueron sumando con el devenir político. “Nuestra primera necesidad fue la de conversar entre pares sobre lo que nos sucedía, y desde ahí comenzamos a trabajar en varias patas neurálgicas que hacen al colectivo: memoria, verdad, justicia, visibilización, reconocimiento del Estado, garantías de no repetición, pedido de disculpas público y cumplimiento de la legislación que nos ampara como hijos de ex presos políticos, y que también incluye a la tercera generación, nuestros hijos”.

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Integrantes de colectivo Memoria en Libertad, que reúne víctimas del terrorismo de Estado durante sus infancias.

Sobre el trabajo referido a la construcción de la memoria del pasado reciente, contaron que realizaron, durante mucho tiempo, charlas con las generaciones más jóvenes, en diferentes liceos, con el objetivo de “transmitir una parte de la historia que no está contada, y que si nosotros no la contamos nadie lo hace”. “Vimos la necesidad de contar nuestra historia para empatizar con el resto de la sociedad y que esta entienda nuestras vivencias y por qué pedimos garantías de no repetición para que ningún otro niño, niña o adolescente pase lo mismo que pasamos nosotros”.

Otra forma que encontró el colectivo para dar a conocer sus vivencias en dictadura fue mediante la muestra artística llamada “Esta es mi historia y la tuya”, que ha recorrido Montevideo, el interior y el exterior del país acercando objetos hechos por sus familiares que estuvieron presos.

El aspecto legal es otro de los objetivos de Memoria en Libertad. Actualmente existen cuatro recomendaciones al Estado uruguayo para que las víctimas de la dictadura sean reparadas, pero este “ha hecho caso omiso”. La primera es de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que en el año 2019 recomendó a Uruguay reconocer y pedir disculpas públicas por la vulneración de derechos de la segunda generación de víctimas de la dictadura. Además, sugiere una reparación integral que incluye varias dimensiones: justicia, rehabilitación física y mental, reparación y garantías de no repetición.

Las otras tres recomendaciones fueron presentadas el año pasado, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Estas también piden reparar, indemnizar, habilitar medios para la rehabilitación y garantías de no repetición, para todas las víctimas incluyendo a los familiares.

Un reclamo permanente

El problema con respecto a las leyes de atención psicosanitaria a víctimas del terrorismo de Estado (18.596 y 19.859) es que no funcionan como deberían. “Hay bastantes incongruencias en lo referido al cumplimiento por parte del Estado. La ley, que es responsabilidad de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) mediante la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de Estado (Oavte), establece que nuestra atención en salud y salud mental debe ser vitalicia y gratuita, pero cuando vas a acceder a determinadas prestaciones, si tenés prestador público, es gratis y si tenés prestador privado, te cobran. Esa es la primera incongruencia, ya que la ley no especifica el tipo de prestador, sino que determina que el Estado es el responsable, que debe hacerse cargo, y eso no se está cumpliendo. No deberíamos desembolsar dinero de nuestro bolsillo para acceder a las prestaciones”.

Además, señalaron que existen localidades en las que los profesionales de la salud desconocen la ley. “Vamos a pedir atención y no saben de qué estamos hablando. Sentimos que estamos pidiendo un favor, arrastrándonos, cuando se trata de un derecho. Se supone que es una ley que abarca toda la República del Uruguay, las autoridades responsables deberían bajar una circular o brindar charlas informativas a quienes trabajan en esos lugares para que sepan cómo deben aplicar la ley. Pero no existe un mecanismo aceitado”.

Las entrevistadas explicaron lo importante que es para el colectivo que el Estado cumpla con la atención en salud y salud mental, ya que “hemos perdido a muchos compañeros y compañeras a lo largo de este proceso que se han autoeliminado porque no han soportado, y no pudieron acceder a un proceso de terapia que los ayude”.

Desde hace dos años nadie recibe atención en salud mental. Hasta el 2020 ASSE brindó asistencia a través de Cosameddhh, una cooperativa de atención en salud mental con profesionales capacitados en el área de derechos humanos, pero el contrato no fue renovado en 2019. “Lo último que nos enteramos es que estaban capacitando profesionales en esta área. Para atendernos debemos contactarnos con nuestro prestador de salud y conseguir otro profesional, con todo lo que eso implica. Estamos hablando de salud mental, donde cada interrupción de tratamiento o cambio de profesional implica una revictimización”.

Ante las falencias del sistema, el colectivo consiguió por sus medios un financiamiento para la atención en salud mental, mediante el Fondo Voluntario Contra la Tortura de ONU, que pudieron usufructuar hasta 2022, pero que este año tampoco contarán con este convenio. “Como víctimas y usuarios tuvimos que salir a buscar atención, cuando es algo que el Estado nos tiene que dar. Actualmente, por determinados motivos, no lo pudimos renovar. Por esto, seguimos haciendo el reclamo permanentemente a las autoridades de ASSE, del MSP Ministerio de [Salud Pública] y del Estado en general”.

Reparación a medida

La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó el 27 de diciembre el proyecto para la “indemnización moral, social y económica” a víctimas “civiles, policiales, militares y sus familias” de grupos armados, entre el 1° de enero de 1962 y el 31 de diciembre de 1976. La iniciativa, impulsada por Cabildo Abierto, había ingresado al Senado el 22 de diciembre y finalmente fue aprobada con los votos de la coalición multicolor, y sin el apoyo de la bancada frenteamplista.

En este contexto, el colectivo Memoria en Libertad emitió una declaración en la que le recordó al Estado la deuda pendiente con niñas, niños y adolescentes que crecieron en dictadura. “Le recordamos al Estado uruguayo que hay víctimas directas del terrorismo de Estado, durante el período 1968-1985, aún sin reparar, a pesar de que hace más de 3 años la Inddhh recomendó su reparación, y a pesar de contar con 3 recomendaciones de ONU indicando lo mismo. Personas que éramos niñas, niños y adolescentes, y sufrimos vulneración de nuestros derechos por parte de este mismo Estado que mira hacia el costado haciendo oídos sordos en su responsabilidad”.

Sin hacer valoraciones sobre el proyecto de ley en cuestión, al que piensan analizar más a fondo y en plenario, las integrantes del colectivo dijeron a Caras y Caretas que “por el momento solo quieren recordarle al Estado que siguen cometiendo una falta gravísima” con algunas víctimas”. “Sacaron una ley por una minuta super rápida, como pan caliente, y nosotros estamos esperando ser reparados hace años”.

Por otro lado, se refirieron a argumentos de algunos legisladores de la coalición, quienes durante el debate por la aprobación del proyecto aseguraron que “todas las víctimas fueron reparadas”, algo que las entrevistadas negaron rotundamente. “Eso es mentira. No sé si lo dicen por desconocimiento total o porque tienen alguna intención. Existe una creencia generalizada de que todos fuimos reparados, que todos cobramos o que heredamos, pero nosotros no cobramos un solo peso. La pensión especial reparatoria (PER) es solo para la primera generación, quienes en dictadura eran adultos, y cuando la persona muere no se hereda. Además, está hecha de tal manera que no corresponde a todos. Para cobrarla deben renunciar a su jubilación y aportes de toda la vida, por lo cual solo les sirve a quienes no tuvieron una reinserción laboral, pero a las personas que aportaron no, ya que se piensa que son millonadas, y no es así. De 10.000 ex presos políticos, solo 1.800 están cobrando la PER, lo que indica que no es una pensión que sirva, las personas prefieren jubilarse con su vocación.

Para finalizar, las referentes lamentaron la desinformación que existe entorno al tema de la reparación a víctimas del terrorismo de Estado y enfatizaron en la necesidad de que la sociedad sepa la verdad. “Nos sorprende que hasta gente que simpatiza con la causa del pasado reciente piense que nosotros cobramos reparación económica o que la heredamos. Nos interesa que quede claro que los únicos que fueron reparados, y mal reparados, fueron los niños y niñas nacidos en cautiverio, que no es una gran población, los que estuvieron secuestrados más de 30 días, si fueron 28 días o 29 ya no corresponde, y los hijos de desaparecidos. La ley que nos repara es sumamente precisa y deja un montón de gente afuera, tanto en el universo de la infancia como en adultos. Hablando con algún legislador, en diferentes audiencias que pedimos, notamos que desconocían nuestra situación. No pedimos que sepan los informes que hemos presentado en profundidad, pero que al menos conozcan los titulares importantes, para que cuando haya un debate como el que hubo el otro día, alguien pueda levantar la mano y refutar argumentos equivocados. En el último debate se habló de los que están de un lado y del otro lado, cuando eso no debería decirse. Somos todos víctimas del terrorismo de Estado y deben hacerse cargo".