Lacalle prioriza cortar cintas que asumir responsabilidades

Nadie duda de la intensa agenda del primer mandatario dentro y fuera de fronteras, pero casualmente las fechas elegidas para el acto de reconocimiento coinciden con su estadía fuera de fronteras, aunque sorpresivamente el mismo día del reconocimiento, inauguró una empresa en Uruguay.

Luis Lacalle Pou tiene un problema de piel con los derechos humanos, y parece seguir convencido de dar vuelta la página lo antes que se pueda.

Madres y Familiares de las víctimas ya habían pedido la suspensión del anterior acto por entender que si hay una voz, una imagen que representa asumir dicha responsabilidad, es la del primer mandatario, y no es una valoración que tome en cuenta el partido político al que pertenece, sino porque su condición de Presdiente lo convierte en el Jefe supremo de las Fuerzas Armadas.

Sin menospreciar el papel de la vicepresidenta Beatriz Argimón, el gobierno parece decir gre-gre para decir Gregorio para cumplir el mandato de la CIDH.

No se puede pasar por alto para futuras decisiones que en poco más de un año debe tomar la ciudadanía que Cabildo Abierto sienta un precedente reñido con los acuerdos internacionales asumidos por Uruguay y con una política de derechos humanos al no asistir al acto.

Su líder, Guido Maniní Ríos, calificó de “una intromisión” el fallo de la Corte, fundamentando que “es bochornoso que desde afuera sigan digitando y ordenando lo que tiene que hacer el Estado uruguayo”.

La sentencia por parte de la Corte Iberoamericana de DDHH, sancionó por segunda vez a Uruguay por no cumplir con los acuerdos de “investigar y perseguir los delitos de lesa humanidad y específicamente encontrar a nuestros desaparecidos”.

Concretamente, la sentencia de la Corte IDH condena al Estado a “realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional” en los casos, en los que deben estar presentes autoridades de los tres poderes del Estado y representantes de las víctimas. En el acto el Estado debe expresar su compromiso a cumplir con la sentencia y “dar con el paradero de las víctimas desaparecidas e investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a los derechos humanos”.

El informe planteó que el Estado cumplió con las obligaciones asumidas en la sentencia del órgano internacional, con excepción del acto público de reconocimiento por parte del Estado de su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos estudiadas en la causa y las indemnizaciones a los familiares, algo que está en etapa de liquidación en el Ministerio de Economía y Finanzas.

El acto de reconocimiento se realizó en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo y fue transmitido en directo, entre otros, por el propio Parlamento.

El acto se realizó a pocos días de haberse encontrado nuevos restos humanos en el Batallón 14 de Paracaidistas.

La peste de la impunidad

La organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos volvió a solicitarles a los mandos de las FFAA, al presidente de la República y al ministro de Defensa que “exijan a los comandantes de las tres armas la información de dónde mantienen secuestrados a nuestros desaparecidos”.

Entienden que las víctimas de los actos terroristas por parte del Estado fueron “el pueblo uruguayo”, al cual se le debe el “reconocimiento y compromiso de hacer más, mucho más por la verdad y la justicia que no llega”.

Denuncian que los crímenes “no se dieron como actos específicos”, sino que se enmarcaron en “operativos masivos del Estado terrorista” contra la población. Desde la organización aseguran que por haber crecido durante esos años, quedaron “secuelas que nos persiguen hasta el día de hoy”.

Madres y familiares convocó a la ciudadanía a asistir al acto que lo siguió por una pantalla externa que colocó el Parlamento porque, al decir de Elena Zaffaroni, “la garantía es que la gente tome el tema porque hemos tenido un sistema político cobarde, que no quiero calificarlo, pero todas las coaliciones partidarias han dicho que la desaparición es un tema inadmisible, que no se podía seguir con los ojos en la nuca, que es intolerable, que todos merecen sepultura, y estaba el respaldo de la gente por todo el país, y no se animaron porque ni siquiera fueron a incautar uno de estos archivos a los lugares donde seguramente estaban. Queremos respuestas y que la sociedad no naturalice la impunidad, que en tantos años no es la única impunidad. Queremos respuestas y que la sociedad no naturalice la impunidad, que en tantos años no es la única impunidad, que pase que se denuncie un hecho y que no haya justicia, pero no importa, denuncio pero que no se investigue no importa, los responsables de la Operación Océano que aceptaron un acuerdo; entonces no se va a fondo en la investigación del abuso de esa gente con poder, no podemos acostumbrarnos. La impunidad del Estado abrió la compuerta a vivir en una sociedad con la impunidad del poder y que rompe todo los lazos sociales. Hay que cambiar esto”.

El mensaje de Karina Tassino, vibrante, emocionante, no podía tener otro fin que el del público pidiendo Nunca Mas, mensaje no coreado por el Ministro Javier García ni ninguno de los miembros del oficialismo, mas por ajenidad con el tema que por mantener el protocolo.

Cuando siguiendo el protocolo la vice presidenta Beatriz Argimón solicitó quién tenga información sobre las desapariciones la aporte, fue abucheada; todos saben que ellos saben quien la tiene, y están bajo las órdenes del Ministro de Defensa.