Este 20 de mayo la Marcha del Silencio se realiza en un contexto político signado por la aprobación de leyes que cercenan derechos conquistados en materia de Derechos Humanos, minimizan las responsabilidades durante el Terrorismo de Estado, al tiempo que por suerte surgen nuevos testimonios que confirman las denuncias realizadas.
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Si bien en éste último tiempo la Justicia ha logrado avanzar en causas referidas a violación de los Derechos Humanos y el procesamiento de los ex funcionarios policiales en la causa de los Vagones de Canelones sembró el antecedente de una tipificación por delitos de Lesa Humanidad, el fallo contra los militares responsables de torturas en el departamento de San José, por otro lado se han aprobado otras leyes y están a punto de ser aprobadas otras medidas legislativas de efectos perniciosos para una política pública de Derechos Humanos.
La primera ley refiere a la reparación de familiares de víctimas por el accionar de grupos armados, ley que abarca a un universo predefinido de víctimas y por el accionar exclusivo del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros (MLN.T) y la Organización Popular Revolucionaria– 33 orientales ( OPR-33).
Nada dice de las víctimas del accionar de grupos para militares como los Escuadrones de la Muerte o de choque como la Juventud Uruguaya de Pie, entre otros.
Además de ser una ley que intentando “Justicia reparativa” es injusta por parcial, y resulta en sus fundamentos hemipléjica en cuanto al relato de la verdad histórica.
La ley sobre Reforma de la Seguridad Social reduce los montos de las pensiones reparatorias que perciben los ex presos políticos, y sus descendientes verán notoriamente reducido el monto de la “herencia” de dicha pensión, cuando su eliminación directamente, detalle que habrá que ver a la hora de su reglamentación.
La otra ley a punto de ser aprobada por la coalición de gobierno es la que establece prisión domiciliaria para mayores de 70 años, una ley que pretende hacer rasa tabla y casi una imposición al sistema judicial.
En los hechos la norma se aplica por la vía de las penas sustitutivas como sucedió con el procesamiento del Teniente General ® Juan Rebollo que cumple pena de prisión en su domicilio.
En momentos que grupos de ultra derecha exigen la libertad de los terroristas de Estado presos en la prisión de Domingo Arena, esta ley habilita pasar a cumplir su condena en sus domicilios.
Reconocimiento entre dientes
La Corte Interamericana de Derechos Humanos impuso al Estado uruguayo un acto de reconocimiento, en particular por su responsabilidad en el asesinato de las Muchachas de Abril, Laura Raggio, Silvia Reyes -ambas de 19 años- y Diana Maidanik, de 22 y la atención psicológica de los familiares.
Sobre el filo de expirar el plazo, el Gobierno accedió a realizar un acto reparatorio en el Parlamento, pero priorizando los equilibrios en la coalición, sobre todo con Cabildo Abierto, el Presidente de la República Luis Lacalle Pou transfirió su representación a la Vice Presidenta Beatriz Argimón, actitud rechazada por los familiares de las víctimas.
Una nueva maniobra del Presidente de la República para quién el tema Derechos Humanos le resulta espinoso y no logra como alguna vez había propuesto hacer, dar vuelta la página.
Testimonios
Dos libros se han publicado recientemente y sus autores pertenecen a tiendas políticas disimiles, por lo que resulta que el aporte este en la suma de testimonios y datos desde ópticas dispares.
Los dos materiales coinciden en dos puntos como síntesis: el Terrorismo de Estado como una política pública donde no había divergencias entre las distintas fracciones militares en su aplicación, y las víctimas que pertenecientes al espectro político democrático hecha por tierra la teoría de los dos demonios.
El primero es el libro de Samuel Blixen y Nilo Patiño, “Intrigas Cruzadas”, donde se aporta información de las disputas entre las fracciones militares por el Poder Político y el dinero durante el régimen militar y que, según los autores, una de las consecuencias fue el asesinato de Cecilia Fontana de Heber, aunque el atentado con vino envenenado estaba dirigido al Triunvirato clandestino del Partido Nacional.
Justamente desde tiendas del Partido Nacional, el actual Presidente del LATU Ruperto Long, confirma con testimonios esta teoría a modo de conclusión, y vuelve a ratificar los detalles del asesinato que da lugar a la fecha del 20 de mayo en los crímenes cometidos por el accionar del Plan Cóndor contra Michelini, Gutiérrez Ruiz, Whitelaw y Barredo, un 20 de mayo de 1976.
En su libro “El ataque final” dice Long, “promediando la década de 1970, un gris Uruguay sobrevivía como podía en medio de una dictadura militar respaldada por el Plan Cóndor. Dentro de las filas castrenses, algunos veían con preocupación un posible final de aquel régimen que habían instalado por medio de la violencia. Por ello, el asesinato que estaban por pergeñar tenía por objetivo ganar tiempo, dilatar cualquier eventual apertura democrática e incidir en la implacable pugna por el poder que tenía lugar entre facciones militares. Ese fue el origen del crimen que pretendió aniquilar a los tres principales dirigentes del Partido Nacional uruguayo, y que terminó cegando la vida de Cecilia Fontana de Heber, esposa del dirigente Mario Heber y madre de cinco hijos, quien debió lidiar con la dura realidad que se colaba por las ventanas, sin sospechar que finalmente le golpearía las entrañas. Matilde, la esposa de Héctor Gutiérrez Ruiz, era su amiga querida, y sus maridos compañeros en la política. Por eso sus vidas se vieron atravesadas por los asesinatos del Toba y de Zelmar Michelini, las luchas y vicisitudes de Wilson, quien escapó milagrosamente de esa suerte (primero en Buenos Aires y luego en Londres), el crimen de Letelier y el eventual atentado a Edward Koch en Washington, y los entresijos de la CIA y la diplomacia”.
50 años del Golpe
Esta nueva marcha del silencio se realiza previo a que se cumplan 50 años del Golpe de Estado cívico -militar; buena parte del sistema político y la sociedad uruguaya revive de cara al trágico aniversario sus conclusiones y su visión sobre las causas del mismo.
Un escenario complejo donde aún falta muchísimo por saber sobre el destino de los uruguayos detenidos desaparecidos, emerge un Partido Político Militar donde se reivindican muchos de los actores terroristas de Estado, y se animan a expresarse con fuerza, los presos políticos adolescentes, aquellos que siendo menores de edad fueron recluidos en los hogares del ex Consejo del niño, hoy INAU.
Otro 20 de mayo con poca verdad, y menos Justicia, con el agregado de que siendo la Iglesia Católica por su relato la que debería buscar el camino de reconciliación entre orientales, sigue volcando el fiel d el abalanza hacia la impunidad, con una política negacionista de las responsabilidades del Estado en materia de violación de Derechos Humanos.
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