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ASOCIARMECuatro hijos del represor Miguel Save buscaron blanquear el dinero robado al detenido desaparecido uruguayo en Argentina Alberto Mechoso Méndez.
Piden condenar a responsables de robar dinero a un uruguayo desaparecido.
Caras y Caretas Diario
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La Unidad de Investigación Financiera (UIF) argentina solicitó penas a un grupo de personas acusadas de planificar y ejecutar maniobras para "lavar dinero" robado a una víctima de la última dictadura cívico militar.
Los acusados son los hijos de Miguel Save, represor que operaba en el centro clandestino “Automotores Orletti”, quien utilizó varios millones de dólares robados de la casa del detenido desaparecido Alberto Mechoso Méndez, dirigente del Partido Por la Victoria del Pueblo (PVP), para adquirir unos terrenos la ciudad de Chascomús, al sur de Buenos Aires.
El abogado querellante en representación de la UIF, Roberto Martínez, inició su alegato afirmando que "durante este juicio quedó probado que, a través de una cadena de poderes, sesiones, y escrituras públicas finales, se falsearon identidades, se labraron actos y se consignaron valores simbólicos de acciones de compraventa para arribar a la titularidad de los bienes" que fueron adquiridos con el dinero que se robó de la casa de Alberto Mechoso Méndez el día de su secuestro, en septiembre de 1976.
También se acreditó que los hijos de Save, Marcelo, María Eugenia, María Natalia y Ana María, "tenían conocimiento de las acciones de su padre durante el terrorismo de Estado" así como el “origen ilícito de los bienes que pretendieron ingresar a su patrimonio dándole apariencia legítima”.
Martinez describió cada una de las “maniobras” mediante las que los acusados intentaron “lavar” los bienes adquiridos con el dinero “malhabido” de su padre represor: dos parcelas de 36 hectáreas en total ubicadas en un barrio residencial a la vera de la laguna de Chascomús, ciudad natal de los Save.
El querellante solicitó al juez Roberto Falcone que condene a les cuatro hermanos. Para Marcelo y María Natalia, pidió penas de 5 años de prisión y una multa equivalente a cinco veces “el valor de la operación” de compra-venta del predio. Para María Eugenia y Ana María, tres años de prisión.
En la audiencia anterior, la Fiscalía había solicitado tres años de prisión para los cuatro y también la aplicación de multas. Ambas partes acusadoras pidieron el decomiso de los bienes en cuestión.
