El informe 2023 del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) que analiza anualmente la situación de respeto a los derechos humanos en Uruguay, desde las investigaciones judiciales sobre el terrorismo de Estado hasta los derechos ciudadanos, concluye que, comparado al informe 2022, en casi todas las áreas se ha profundizado la vulneración de los mismos.
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Desde 1988 SERPAJ presenta todos los 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, su informe anual.
Florencia Lemos, integrante del colectivo, explicó a Caras y Caretas que este informe tiene la particularidad de realizarse coincidiendo con los 50 años del golpe de Estado y 40 años de la huelga de hambre llevada por SERPAJ en 1983, en épocas aún de la dictadura cívico militar.
Rememorando aquellos acontecimientos, el colectivo anuncia para el año que viene un documental sobre la obra de uno de sus máximos referentes, el sacerdote Luis “Perico” Pérez Aguirre.
Para la elaboración del informe, distintos colectivos exponen sus realidades, lo que le da al conjunto, un panorama detallado y vivencial de los acontecimientos.
Las áreas de trabajo son: historia reciente, seguridad y DDHH, privación de libertad, educación en DDHH, salud mental y formularios para denunciar situaciones de violencia policial.
El informe completo se encuentra en la página web de SERPAJ en el sitio: https://sitiosdememoria.uy/prensa/4737.
El informe se realiza por un Consejo Editor que integran Ana Aguerre, Camila Brusoni, Daniela Buquet Bidart, Florencia Casarotti, Sarah Kennedy Rodrigo, Florencia Lemos, Tamara Samudio, Andrea Sorondo y Adriana Vaselli.
Sobre derechos civiles y políticos, Carlos Demasi, Karina Tassino, Grupo de Investigación en Antropología Forense, Laura Boiani, Carolina Carretero, Patricia López Melo, Graciela Montes de Oca, Pablo Chargoñia, Sarah Kennedy Rodrigo, Lía Fierro, Jacarandá. Cultura de la Memoria, Ana Aguerre, Raúl Olivera Alfaro, Jimena Alonso, Javier Correa Morales, Consejo de la Nación Charrúa–CONACHA, Gastón Grisoni, Enrique Chalar, Diego Sempol, María Eulalia Mangado, Facundo Farrando, Mariana Risso Fernández, Rodrigo Barbano, Rodrigo Rey, Adriana Vaselli, Andrea Sorondo, Juan Acquistapace, Florencia Lemos, Lucía Remersaro, Daniel Zubillaga, Rafael Paternain, Espacio de Asesoramiento y Consulta sobre Violencia Institucional de SERPAJ, Rodrigo Mariotta, Ma. Emilia Pérez, Mauricio Pérez, FUGAS, Micaela Benavente, Victoria Bruckner.
Sobre derechos económicos, sociales y culturales, Rodrigo Alonso, Juan Geymonat, Sergio Sommaruga, Hugo Dufrechou, Daniel Pena, Gremio de Estudiantes del Zorilla, Coordinadora en Defensa de la Filosofía y su Enseñanza, Camilo Zino García, Fabiana Condon, Asociación Civil El Paso, Observatorio contra la Violencia Basada en Género y Acceso a la Justicia, Red Psico Feminista, Luna Irazábal, Colectivo Ovejas Negras, Colectivo Diverso Las Piedras, CTM Selim Tejos, Colectivo LGBTQ+ D.I.V.A.S. Binacional Chuy-Chui y S.V.P., TBU, Niñez, Adolescencia y Familia, Unión Trans Disidente de Maldonado, Colectivo LGBTH+ Gente de diversidad de Bella Unión, MYSU, Gozarte, Colectivo Diversidad ATRU Rivera, Coordinadora por la Diversidad Salto, Manos Púrpura Colectivo LGBT+ Paysandú, Colectivo Nitep, Benjamín Nahoum.
Conclusiones del informe
Sobre el pasado reciente, el informe concluye que: “A 50 años del golpe de Estado seguimos exigiendo Verdad y Justicia. Aún queda mucho por enmendar, y las señales políticas no son las correctas. Con muy poco compromiso por parte de este Gobierno, y con una ley que busca mandar a los militares enjuiciados por crímenes de lesa humanidad a sus casas, la lucha por nuestros desaparecidos y desaparecidas continúa siendo fundamental para la construcción de la democracia”.
Una de las conclusiones más contundentes es la que advierte que: “En 2023, la relación del Estado con la sociedad ha sido compleja y distante. Se ha observado la ausencia del Estado al retirarse de las políticas públicas territoriales y al depender de ollas y merenderos populares para abordar el hambre en nuestra población, una responsabilidad que el Estado no puede eludir. Se han tomado medidas insignificantes frente a problemas graves, como la falta de agua potable durante casi 100 días en la zona metropolitana, donde una vez más se prioriza el mercado en detrimento del medio ambiente y de la población. Además, se ha registrado un aumento del 24 % en la cantidad de personas en situación de calle en Montevideo durante este año. Los refugios se encuentran desbordados y en condiciones deplorables, y su mantenimiento se debe únicamente al esfuerzo incansable de sus trabajadoras y trabajadores”.
El informe sobre la reforma educativa impulsada por el actual precandidato por el Partido Colorado, Robert Silva, también advierte retrocesos: “Se ha implementado una reforma educativa sin una visión clara de su funcionamiento. A pesar de su discurso sobre una ‘transformación profunda’, en la práctica, los cambios se limitan a cambiar los nombres de las asignaturas y a aumentar la carga administrativa. No solo el año se ha llenado de problemas, sino que se ha decidido avanzar con la siguiente fase de la reforma, ahora centrada en el Bachillerato. Solo con documentos preliminares a meses de su implementación, patrón de trabajo que caracteriza a este gobierno, la comunidad educativa se ha manifestado en contra de estas reformas en numerosas ocasiones, como lo demuestra el rechazo en las Asambleas Técnico Docentes (ATD), donde 238 de los 240 liceos del país se manifestaron en contra”.
En el balance educativo no deja de mencionar lo relacionado a la relación del Gobierno y las autoridades de la enseñanza con los gremios estudiantiles: “El Estado muestra un comportamiento cuestionable en su relación con la sociedad. Esto se evidenció en la intervención en el liceo IAVA, donde se destituyó a un director utilizando regulaciones de la época de la dictadura y se eliminó el salón gremial con la excusa de mejorar la accesibilidad, utilizando una causa como excusa para su verdadero propósito, continuar impidiendo que la sociedad se manifieste en defensa de sus derechos y reclamos. La persecución sindical continúa, la utilización de la Ley de Urgente Consideración (LUC) para desalojar las ocupaciones se ha convertido en un teatro absurdo que llegó al desborde en ocupaciones como las del liceo Zorrilla, donde la policía estuvo a punto de recurrir a la violencia física contra estudiantes”.
La situación del sistema carcelario sigue siendo una pesadilla para las personas privadas de libertad, sin que se advierta una orientación en el sentido de la rehabilitación: “El sistema carcelario sigue en un estado deplorable, con más de 15 mil personas privadas de libertad, lo que resulta en hacinamiento y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos denuncian esta situación de manera constante y argumentan la necesidad de explorar alternativas. Es evidente que el sistema actual no está funcionando, ya que la tasa de criminalidad no disminuye y la reinserción es ineficaz. Según el informe del Comisionado Parlamentario, sólo el 10 % del total de reclusos se encuentra en unidades que cumplen con las condiciones necesarias para la rehabilitación y la reintegración social. En cambio, el 56 % no cuenta con suficientes oportunidades, mientras que el 34 % experimenta condiciones de trato cruel, inhumano y degradante”.
El funcionamiento del Estado referido a los casos de corrupción también es mencionado: “Quienes están a cargo del Estado no parecen cumplir con su función de proteger los derechos y buscar la justicia, como se vio en la falta de respuestas y transparencia en varios asuntos. Esto demuestra una vez más que lo que prima es sostener el pacto de caballeros, y la respuesta ante los delitos e irregularidades cometidas es la sorpresa absoluta por los altos jerarcas. Seguimos esperando explicaciones. Si esta es la forma en la que entienden que debe ser la relación del Estado con la sociedad, debemos dejar claro que su enfoque es erróneo".
"El Estado debe llevar a cabo políticas que mejoren la vida de las personas y fomentar una participación activa de la sociedad en la toma de decisiones. No deberíamos tener que preocuparnos de que nuestro Estado esté involucrado en asuntos de corrupción y narcotráfico, o que no se atreva a solicitar un alto al fuego. Esperamos que el Estado pueda hacerse presente donde tiene que estar y pueda mejorar su accionar donde debe hacerlo. Esperamos que el gobierno deje de sorprenderse, y ponga orden en sus filas frente a la corrupción”.