La situación de miles de migrantes en Uruguay que eligieron el país como un destino de oportunidades por la situación económica que se vivía hasta antes de la pandemia y el cambio de autoridades, y por la confianza en su tradición de una sociedad que siempre los acogió, muestra vulnerabilidades desde una óptica de derechos humanos, según un informe de la Universidad de la República.
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Paulatinamente desde unos años los acentos caribeños fueron ganando las calles; pronto aparecieron como cajeros de supermercados, reponedores, como guardias de seguridad, en empresas de limpieza, vendedores ambulantes, tortafriteros, pero también en los servicios de acompañantes, médicos de emergencias móviles, policlínicas de emergencia.
Más acá en el tiempo su presencia comunitaria era una postal común en pensiones del Centro de Montevideo, cuadras habitadas cual gueto como en Colón o en los asentamientos.
El trabajo Inmigración y desigualdad en el trabajo de mercado uruguayo, resultados y recomendaciones políticas, realizado por docentes de la Udelar y presentado en el Parlamento, sistematiza datos que ensombrecen “la alegría caribeña”.
El informe señala entre otros aspectos que “la población extranjera llegada en los últimos cinco años superaba las 30.000 personas en 2019. Si bien esta estimación excluye a quienes residen en viviendas colectivas tales como pensiones, hospedajes, residencias y refugios, el número de migrantes recientes en 2019 duplica el registrado en 2012”.
Otro aspecto luego de tener la dimensión cuantitativa es que “tres de cada cuatro migrantes recientes provienen de países latinoamericanos no limítrofes y solo uno de cada cuatro proviene de Argentina o Brasil, países que históricamente fueron origen de la mayoría de la población migrante en Uruguay.
Se trata de población con un alto nivel educativo, superior al de la migración más antigua y al de la población uruguaya. De hecho, uno de los grandes desafíos en la incorporación al mercado de trabajo de esta población tiene que ver con la gran incidencia de la sobreeducación entre los ocupados”.
Un primer síntoma evidenciado por el trabajo tiene que ver con “las consecuencias de la discriminación en el mercado de trabajo. Estas diferencias se expresan en menores oportunidades de entrar en actividad y de estar ocupados, y también en un mayor riesgo de estar empleados en ocupaciones para las que están sobre educados y de percibir peores remuneraciones que sus pares nativos a iguales características sociodemográficas, sector de ocupación, horas de trabajo, y años en la ocupación (antigüedad)”.
Esta diferenciación es evidente en los ingresos recibidos; el informe expresa que “la brecha en los ingresos de nativos y migrantes es muy pronunciada en los quintiles más bajos de la distribución de ingreso, se reduce conforme se aproxima a los niveles medios y se revierte en favor de los migrantes en los niveles más altos de ingreso”.
En términos constantes y sonantes, en iguales condiciones, los trabajadores extranjeros recién llegados a Uruguay ganan en promedio 15% menos que sus pares uruguayos, lo cual esconde otras desigualdades. Por ejemplo, los migrantes recientes de ingresos bajos cobran 27% menos que los uruguayos; los de ingresos medios, 10% menos. La tendencia, no obstante, se revierte en el escalón de ingresos altos: los migrantes recientes perciben una remuneración 14% superior a la de los uruguayos.
El salario no es la única forma de discriminación y, según el informe, “las mujeres migrantes con hasta cinco años de residencia en Uruguay perciben un ingreso menor al de los varones en todos los niveles de la distribución del ingreso.
Los migrantes con ascendencia afro, ocupados en los puestos de trabajo peor remunerados, perciben un ingreso significativamente menor al de los migrantes blancos empleados en puestos semejantes.
En cambio, entre los migrantes con más tiempo en el país no se aprecia una penalización mayor asociada a su ascendencia étnico racial. El espacio laboral es el principal ámbito de discriminación para los migrantes venezolanos (63%), dominicanos (55%) y peruanos (68%). En cambio, los migrantes de origen cubano perciben la discriminación en el ámbito laboral y en el espacio público en igual medida: 38,6% y 38,7% respectivamente. Interesa resaltar que la percepción de la discriminación es mayor entre quienes tienen menor nivel educativo”.
Puertas cerradas
Valeria España, abogada especialista en temas de derechos humanos, en diálogo con Caras y Caretas, expresó que “la pandemia transformó en el mundo todas las concepciones que se tenían sobre movilización humana, se generaron una gran cantidad de vulnerabilidades en personas de contexto migratorio y también un gran vacío y una gran ceguera para observar los fenómenos migratorios porque no había datos, eso sucedió en la región en general y en Uruguay; hasta 2009 los saldos migratorios en el país eran cero, salían más personas que las que entraban o se nivelaba en algún momento, y a partir de 2011 esa situación se revierte, empieza a haber más llegada de migrantes ya no solo de la región (Argentina, Brasil), sino de la extra región, sobre todo venezolanos, peruanos, dominicanos, cubanos.
Con la pandemia y el cambio de gobierno los registros que hay fundamentalmente son administrativos, siendo difícil comparar los registros que hace el Mides con los registros de Migraciones o cancillería con el registro de residencias.
En la pandemia la Encuesta Única de Hogares quita la categoría de origen nacional y étnico raciales, lo que quitó la posibilidad de saber qué pasaba con las personas migrantes durante la misma.
Ahora el gobierno, luego de dos años, pone encima de la mesa los temas de la recepción e integración de personas migrantes y refugiadas en Uruguay, pero desconoce de alguna forma las cosas que ya existían vinculadas a la temática, porque se concibe el tema migrantes como un tema internacional, cuando en realidad no hay un tema más local que la migración, ya que los Estados, más allá del país de origen de la persona, están obligados a proteger sus derechos fundamentales y la comunidad tiene un desafío enorme de generar un espacio enorme de hibridación, de encuentro y no lo que suele suceder, que más que nada son espacios de exclusión, con algunos afloramientos de expresiones de xenofobia de la mano de algunos discursos de nacionalismos”.
La foto de Uruguay con respecto a la migración es que tiene una política administrativa, con una visión racializada que define quién puede entrar y quién no y ahí termina la política migratoria, un alcance muy limitado.”.
La experta señala que para tener una política migratoria basada en derechos “se tiene que avanzar en forma transversal no solamente en la normativa vinculada al tema migratorio, sino también como la persona migrante puede acceder al derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda o los derechos consagrados como la interrupción voluntaria del embarazo, de identidad sexual, al sistema de cuidados, se necesita una perspectiva más amplia y no discriminatoria; ese test Uruguay hoy no lo pasa, porque cuando se piensa en los migrantes se piensa que vienen a trabajar y en algún momento se vuelven a ir, y en parte pasa, pero lo que hay que preguntarse es por qué la persona no encuentra en este país un lugar para vivir, hacer su trayectoria de vida productiva y reproductiva en un horizonte de realizaciones donde deja de ser migrante obteniendo su ciudadanía y formar parte de la comunidad”.
De túnica y moña
Pablo Caggiani, ex consejero de Primaria, expresó a Caras y Caretas que en la atención de los hijos de migrantes en su ingreso a la escuela pública se habían dictado normas que realizaban su integración en forma automática, tratando de que incluso la falta de documentación no fuera un motivo excluyente para iniciar la escolaridad.
Desde esa escolaridad se los integraba a las redes de atención de salud y el acceso a otros derechos de los que gozan los niños uruguayos.
En secundaria, en los primeros tiempos, el tema fue más complejo porque no se les validaba los estudios ya realizados, y así mientras un niño de 9 años asistía a la escuela sin problemas, su hermano de 14 años o más quedaba a la deriva, hasta que se logró corregir esa situación y una enorme mayoría fue integrada al sistema de educación modal.
Consultados algunos docentes de escuelas públicas tanto de la periferia de Montevideo como del Centro, salvo la adaptación a los alimentos servidos en los comedores escolares, la integración no tuvo inconvenientes en las escuelas de la periferia, y se denunciaron pocos casos de discriminación en escuelas del Centro, las menos.
Caggiani rescata la experiencia de una escuela de Ciudad Vieja donde, como forma de acompañar el proceso de integración, durante los fines de semana se organizaban ferias de degustación de comidas típicas de los países de origen al igual que las vestimentas.
Lo social y lo institucional
El Uruguay institucional expresado en sus organismos públicos y partidos políticos viene asumiendo la presencia migrante; el Parlamento creó una comisión para trabajar dicho tema donde se presentó el informe, el Partido Colorado creo una comisión para estos temas y si bien no hay comisiones especificas para abordar el tema tanto en el Frente Amplio como en el Partido Nacional, este no pasa desapercibido.
Algunas de las dificultades con los que se han encontrado a nivel de la respuesta institucional, señala Caggiani, es con la población dominicana; provenientes de un país donde prácticamente no existe el Estado, es una comunidad poco demandante para lo cual hay que trasladarse hacia ellos para que accedan a muchos servicios y puedan ejercer sus derechos.
La integración social, con sus luces y sombras va un poco más rápido en los procesos de integración con respecto a los tiempos del Estado, pero es impensable una integración sana si este no se hace presente.
Permitiría evitar muchos abusos que son una suerte solapada de xenofobia, cuando se contrata migrantes como trabajadoras domésticas en situación de casi esclavitud, o se toma gente para trabajar “en negro”, o se generan situaciones de enfrentamientos con los uruguayos naturales y legales por darles empleos por salarios bastante inferiores a los laudos establecidos.
Cierto que los uruguayos tienen sus “nativos dramas” de exclusión; miles de uruguayos comiendo en las ollas populares, desocupados o con empleos temporales y peor pagados, con más de 600 asentamientos, pero antes que nazcan visiones supremacistas sobre el derecho de los uruguayos, pueblo donde ha descendido abruptamente su tasa de natalidad, el horizontes esperanzador sería hacer de Uruguay una tierra de oportunidades, para todos.
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