Uruguay sigue sin terminar los deberes en materia de DDHH

Las señales dadas por distintos actores de la coalición gobernante desde que asumieron el gobierno en 2020 hasta la fecha han sido contradictorias, demostrado poca voluntad a pesar de sus compromisos de campaña y representan un obstáculo en el proceso de dilucidar los crímenes cometidos durante el autoritarismo y la dictadura cívico militar.

Por un lado, el Ministro de Defensa, Javier García, arma un gran show mediático entregando a familiares de detenidos desaparecidos una información que no aporta nada sustancial y desconocido; los dirigentes de Cabildo Abierto se expresan afines a que se siga la búsqueda de los restos, pero fogonean contra las resoluciones de organismos internacionales de justicia y cuestionan el accionar del Poder Judicial en los procesos llevados adelante contra funcionarios policiales, militares y civiles que cometieron delitos de lesa humanidad.

El propio presidente Lacalle se refiere al tema de la búsqueda de los restos solo cuando es preguntado por algún medio de prensa, pero avala el proyecto de ley sobre prisión domiciliaria para mayores de 65 años que beneficia a los terroristas presos en la cárcel de Domingo Arena, y recibe a una comisión conformada por extremistas de derecha que intentan imponer la idea de que los violadores de los derechos humanos son héroes de la nación.

Vergüenza ajena

El grupo de observadores de la ONU sobre la desaparición forzada que estuvo en Uruguay emitió un informe preliminar contundente. En el mismo dejaba expresada su preocupación por el tiempo transcurrido (50 años) sin que el Estado uruguayo tomara una actitud proactiva en la resolución de los crímenes del pasado, iniciativa que quedó exclusivamente en manos de la voluntad de la organización de familiares de detenidos desaparecidos y otras organizaciones civiles de derechos humanos.

El Grupo de Trabajo se ha centrado principalmente en las desapariciones forzadas que comenzaron a ejecutarse durante el período 1968-1985 y las obligaciones estatales correspondientes y no obstante la observación anterior reconoce que “tras la recuperación del sistema democrático en 1985, Uruguay logró avanzar significativamente en la protección de los derechos humanos, habiendo ratificado, al día de hoy, todos y cada uno de los instrumentos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas, adaptando progresivamente su legislación nacional acorde con estándares internacionales de derechos humanos y convirtiéndose así en un referente importante a nivel internacional. Asimismo, el Grupo de Trabajo reconoce los avances logrados en materia de justicia y lucha contra la impunidad por los crímenes cometidos durante el período de actuación ilegítima del Estado y dictadura, entre 1968 y 1985, al derogar, por ejemplo, la Ley de

Caducidad, al crear una Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, al tipificar el

delito de desaparición forzada en 2006 y al reconocer oficialmente la responsabilidad del Estado por su acción criminal e ilegítima durante este período”.

En síntesis, los avances significativos no coinciden con la actitud pasiva del Estado y que en el caso del actual gobierno sigue sin cumplir con los fallos de la Corte Interamericana de Justicia que dictaminó que el Estado uruguayo debe asumir su responsabilidad y brindar asistencia a los familiares.

Por supuesto que no todo el espectro político tiene voluntad de hacer suya la agenda de derechos humanos. En relación al informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desaparición forzada, legisladores de la coalición multicolor han salido a fustigar el documento.

“Quiero dejar constancia de nuestro rechazo a algunas expresiones contenidas en un reciente informe del 14 de julio del Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Me parece que fuera de su cometido para este informe constituye una intromisión”, expresó Goñi en comisión y Domenech agregó: “Es una clara violación a la soberanía nacional. Nosotros, los legisladores –diputados y senadores–, somos los representantes del pueblo de la República Oriental del Uruguay y no hay nada por encima de nosotros salvo las normas constitucionales. Lo que pasa es que se pretende imponer en Uruguay una legislación internacional que, en nuestro país tiene el valor y la jerarquía de la ley. No vamos a admitir que por encima de la Constitución nacional se ponga ningún principio de orden político y mucho menos que organismos internacionales pretendan dirigir los asuntos de Uruguay”.

El botín de la Inddhh

A pesar de los acuerdos alcanzados para la designación del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el proceso no fue fácil y en el caso de los dirigentes de la coalición multicolor, estos tuvieron que “disfrazar” sus razones para proponer nombres para una institución que muchos piensan que no debería existir.

En setiembre del año 2020 el por entonces ministro del Interior Jorge Larrañaga calificó a la Inddhh de “club político” con “un alto contenido ideológico politizado”, anunciando que su ministerio no iba a seguir sus recomendaciones y estudiaba la posibilidad de pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley que la creó, guante que hoy recoge el diputado cabildante Eduardo Lust, como lo anunció en la sesión de la Asamblea General del 1º de agosto de este año.

El Frente Amplio cuestionó el método empleado por la mayoría oficialista de la Comisión Especial para definir la lista de candidatos, argumentando una interpretación no ajustada de los establecido en la Ley 18.446 de creación de la Inddhh, y avalando sus posturas en el informe preliminar del Grupo de Trabajo sobre desaparición forzada que expresaba: “El Grupo de Trabajo toma nota del actual proceso de renovación del Consejo Directivo de la Inddhh previsto para el próximo mes de agosto. El Grupo quisiera expresar su preocupación por la información recibida sobre la intención de ciertos sectores políticos del país de querer controlar y politizar la Institución mediante la elección de un nuevo Consejo Directivo. En este sentido, el Grupo de Trabajo subraya la necesidad de que la elección de sus miembros se lleve a cabo con base en un procedimiento que ofrezca garantías de idoneidad y competencia de los candidatos y que representen actores civiles involucrados en la promoción y protección de los derechos humanos.

El Grupo de Trabajo quisiera hacer un llamado a las y los integrantes de la comisión bicameral

y de la Asamblea General para que garanticen que la elección del Consejo Directivo no afecte

la independencia de la Institución ni obstaculice su labor de búsqueda de personas desaparecidas. En particular, por lo que concierne a la independencia, el Grupo de Trabajo destaca que se trata de un elemento esencial para mantener la confianza de las víctimas y el público, y garantizar su adhesión al Estado de derecho, así como para evitar cualquier apariencia de tolerancia de actos ilegales, encubrimiento o colusión en la perpetración de los mismos. Lo anterior presupone no solo la ausencia de cualquier vínculo jerárquico o institucional entre candidatos y quienes les proponen, sino también una independencia práctica de las personas candidatas y finalmente nombradas”.

Uno de los directores que repite es el Dr. Wilder Tayler, de intachable trayectoria, y que expresó a Caras y Caretasque si bien no se conoce con el resto de los integrantes del Directorio, el Consejo Directivo no tiene potestades para detener las dos obras de hallazgos de restos en curso (una en el cuartel de paracaidistas Nº 14 en el cuartel de Instrucciones).

Sin calor popular

La designación del Consejo Directivo no cuenta con la aprobación de más de 76 organizaciones sociales que fueron excluidas de poder emitir su opinión a la comisión parlamentaria creada para el proceso de elección.

El día de la citación a la primera Asamblea General del Parlamento para definir el tema, advertían en un comunicado público que iban a tomar medidas administrativas contra la resolución.

“Vamos a promover la nulidad de estas resoluciones de la comisión especial ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la suspensión de este proceso de elección hasta que el Tribunal resuelva la cuestión de fondo”.

Basan su acción en que “Las organizaciones sociales actuamos responsablemente. Advertimos de estas irregularidades, como en su momento también señalamos que se habían aceptado postulaciones desde organizaciones que no estaban habilitadas para hacerlo por no estar inscriptas en el registro de la Institución. También exigimos transparencia porque no se hizo pública toda la información disponible de los candidatos. Lo dijimos por los medios de prensa, lo dijimos en redes sociales, enviamos correos electrónicos a la comisión que nunca respondió y solicitamos ser recibidos por la Comisión y eso nunca sucedió”.

La acción de nulidad presentada al Tribunal de lo Contencioso Administrativo por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), el “Centro de Estudios e Investigaciones Afro, la Asociación Agora, Identidad, Derechos Humanos y Memoria Canaria, el Centro de Comunicación Virginia Woolf, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), la Cooperativa de Trabajo en Atención a la Salud Mental y Derechos Humanos (Cosameddhh), con el auspicio del doctor Juan Ceretta, se fundamenta en un escrito de 26 páginas por entender que es “debido a la lesividad del interés directo, personal y legítimo” y está dirigido contra el “Estado uruguayo en la persona del Poder Legislativo, y a propósito del dictado de un acto administrativo emanado de la Comisión Especial bicameral prevista en el artículo 40 de la Ley 18.446”.

Si se toma en cuenta que organizaciones representativas y de peso como el Pit Cnt, Fucvam, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos y 73 organizaciones sociales más adhieren al recurso, la resolución carece de respaldo popular.