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Mundo

Ecuador: el acuerdo en que ganar es perder un poco

Aunque se saborea la victoria de las organizaciones sociales representadas en la Conaie, en el fondo las políticas de Lenín Moreno no fueron tocadas y su gobierno ganó tiempo para imponer el acuerdo Stand by en otros términos; por otro lado no hay castigo para los responsables de la represión, mientras se ha desatado una cacería de dirigentes correístas.

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Por Germán Ávila

 

Luego de 11 días de intensas protestas en Quito y otras ciudades de Ecuador, el 13 de octubre una transmisión televisiva mostraba la mesa de diálogo establecida entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), donde anunció la derogatoria del decreto 883 que, entre otras cosas, eliminaba los subsidios a los combustibles, lo que aumentaría el precio de la nafta y el gasoil hasta 130%, con sus correspondientes consecuencias.

El pueblo disgregado por las calles a lo largo del país estalló en júbilo, cantaron el himno nacional y se hicieron los bailes tradicionales de las comunidades originarias para celebrar esta gran victoria de la movilización popular frente a los intereses del capital transnacional representado en el FMI, que es quien está detrás de las medidas tomadas inicialmente por Moreno.

A lo largo de Latinoamérica y el mundo se han puesto a las organizaciones indígenas ecuatorianas como ejemplo de la lucha y el avance de los sectores populares en defensa de sus intereses. Pero es muy importante, una vez disipado el humo de las barricadas, entrar con un poco más de detalle a analizar el resultado y las condiciones de una jornada de levantamiento popular como las de vieja data en Ecuador.

Algunos de los elementos artísticos que en el entorno cinematográfico tienen gran relevancia son la primera y la última toma de una película, una especie de síntesis del proceso narrativo que el director quiso plasmar. En la dialéctica de los acontecimientos en Ecuador, si se hace el mismo ejercicio, se verá que el primer levantamiento se hizo por parte de los transportadores, que disolvieron la huelga el 5 de octubre ante la declaratoria del estado de excepción por parte de Moreno.

Ahí inició una brutal respuesta por parte del Ejecutivo, que le levantó todos los controles a la fuerza pública para que actuaran en la vía de “restablecer el orden en el territorio nacional” a cualquier costo; los gremios de transportes y sindicales decidieron mantenerse dentro de su cauce y no participar activamente en las manifestaciones por “falta de garantías operacionales” y para apartarse de las conductas vandálicas de quienes, aprovechando el caos, se dedicaron a saquear comercios, como anunció Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros.

Mientras eso ocurría, las autoridades indígenas llamaron a la movilización sobre Quito, ante lo que Lenín Moreno decidió, haciendo uso del estado de excepción, trasladar la sede de gobierno a Guayaquil. La Conaie volvió a hacer uso de su impresionante capacidad de movilización y confrontación arrinconando al presidente, quien finalmente y luego de varias jornadas de violentas protestas y feroz represión, decidió retirar el decreto que inició todo. En la toma cinematográfica inicial de las protestas se veían varias organizaciones y gremios en la calle; al final solo quedaron sentados la Conaie y el gobierno.

Es decir que la conducción política y la interlocución en torno al movimiento que se levantó quedó en manos de los dirigentes de la Conaie, por tanto, las diferentes instancias del diálogo también quedaron en sus manos. Para el día 11 de las protestas, ya no sólo estaba de por medio el decreto en cuestión, sino la legitimidad y el manejo que le dio el gobierno a la protesta y, mucho más al fondo, el carácter del acuerdo Stand by con el FMI, que es la raíz de todos los males anteriores.

Muy poco de lo anterior se trató en la mesa de conversaciones, donde los representantes de los indígenas se limitaron a pedir, como un tema accesorio, la renuncia de la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín, que serían parte de los responsables primarios (pero no los únicos) de las actuaciones de la policía y el ejército en las acciones de represión contra los manifestantes, que dejaron como resultado 1.192 detenidos, 1.340 heridos y 8 muertos.

Lo que parece asomarse con mayor claridad es que el diálogo de la mesa no quiso pasar a lo reivindicativo a lo político, aun cuando las protestas tuvieron al presidente en una posición de desventaja y con la fuerza como único soporte de su función; y es que ese es un tema que al parecer no se quiere tocar porque termina aterrizando inevitablemente en una discusión sobre el modelo económico que ha tomado Moreno y el mandato que se le dio al momento de elegirlo como presidente.

No existió el menor reclamo a la figura del presidente por el brusco giro que dio en términos de la política económica y la política exterior, y esto ocurrió porque si bien la Conaie y el gobierno llegaron a un acuerdo sobre el decreto 883 el 13 de octubre, había un acuerdo tácito que desde mucho antes estaba sobre la mesa y que facilitó la firma del acuerdo con solo algunas horas de conversación: el anticorreísmo. Un punto de acuerdo político entre quienes intervinieron en la resolución del conflicto del decreto 883 es que no pueden permitir que el correísmo vuelva a tomar fuerza en Ecuador.

Entonces la Conaie, o al menos la parte que más se ve, terminó apuntalando en su función a Moreno y su política pro-FMI con tal de no darle juego a Rafael Correa y el movimiento de la Revolución Ciudadana, por lo que levantaron la protesta con la promesa de que el decreto se derogaba. Pero lo que está en la letra chica del acuerdo no es que la medida se suspende, sino que se reformula por medio de la búsqueda de mecanismos alternativos para su aplicación.

Es decir que la aplicación de las medidas del acuerdo con el FMI sigue intacta y lo que se puede discutir y acordar es la manera en que se aplicarán; finalmente la Conaie mostró su capacidad de movilización, pero apoyó el enfoque del gobierno de Lenín Moreno, o por lo menos eso hizo la dirigencia encabezada por su presidente, Jaime Vargas.

Los grandes damnificados con los últimos acontecimientos, además del pueblo ecuatoriano, que tendrá que soportar las medidas del gobierno, son los miembros de la Revolución Ciudadana y más allegados a Rafael Correa, quienes luego de la firma del acuerdo con la Conaie han sido perseguidos, teniendo que asilarse varios en la Embajada de México, donde esperan resolver su situación.

Muestra de lo anterior es que la prefecta de Pichincha, provincia donde se encuentra Quito, Paola Pabón, fue detenida por el delito de rebelión, a partir de una serie de interceptaciones hechas a su teléfono; con ella, otros dirigentes correístas han sido vinculados directamente con las mismas causas judiciales, como Virgilio Hernández y Gabriela Rivadeneira, lo que golpea sensiblemente el proyecto político que venía en proceso de reconstrucción luego de las elecciones provinciales, en las cuales justamente había logrado recuperar el gobierno local en Pichincha.

El carácter de los acuerdos que levantaron las movilizaciones se ve con claridad en la comunicación oficial que hace Lenín Moreno, en la que afirma públicamente que se logró detener “el golpe correísta y la impunidad”, mientras declaró que el camino es dejar de entregar bonos y subsidios a la ciudadanía, atendiendo la creación de empresas que generarán el empleo necesario para que los recursos lleguen a donde más se necesitan.

Esta fórmula ya se ha aplicado en otros países como Colombia, donde la flexibilización producto de los acuerdos con el FMI dejó de ser impuesta en “paquetazos” que cayeron mal y generaron violentas protestas, sino que se implantaron pequeñas reformas graduales y sectorizadas por vía legislativa, dando la sensación de que los afectados iban a ser unos pocos, siempre con el discurso del impulso a la empresa como factor de generación de empleo; como resultado de dichas medidas, aplicadas desde los años 90, hoy Colombia es el tercer país más desigual del mundo, el más desigual de Latinoamérica, uno de los países con peores garantías laborales a nivel global y con un desempleo y subempleo que rondan el 30%.

La esperanza que tiene el pueblo ecuatoriano hoy es que las fuerzas sociales del país regresen a los espacios deliberantes que tuvieron en los 90, donde cada medida tomada por el gobierno se estudiaba en términos de política económica, lo que puede canalizar de manera mucho menos ingenua la respuesta. Por otro lado, es imperante que las organizaciones de derechos humanos, sobre todo a nivel internacional, evalúen la situación que se presentó durante las protestas, la cantidad de asesinatos cometidos por las fuerzas del Estado, así como los cientos de desmanes, algunos de los cuales fueron registrados por cámaras de seguridad o teléfonos celulares; deben ser investigados dentro de la cadena de mando institucional para castigar a los responsables; solicitar únicamente la renuncia de los ministros cuando había francotiradores disparando a los manifestantes. Es un hecho simbólico que firma una patente de corso para que la respuesta a la movilización social en Ecuador de aquí en adelante sea esa.

 

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