Una inspección cuidadosa en este punto no permite saber si la bancada está haciendo suyas las conclusiones de este informe o apenas lo destaca (este es el verbo que se usa), pero en una enunciación taxativa, casi periodística, como quien cita un antecedente en artículo, pero sin ensuciarse las manos, sin jugarse la ropa, sin comprometerse.
Hasta ese párrafo, no es tan sencillo afirmar que la bancada del Frente Amplio califica de genocidio este genocidio; más bien parece que encontró una solución para salir del paso frente a un disenso profundo en el que, eventualmente, para unos era indispensable mencionar el genocidio y para otros era indispensable no ser tan explícitos. Entonces se terminó señalando un texto de la ONU donde sí se lo menciona, algo lo suficientemente vago y blindado por la multitud de países que componen las Naciones Unidas, como para que los que quieren leer una cosa la lean, y los que no quieran hacerlo, no lo hagan.
Seguidamente, la declaración menciona los actos terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. Primero, obsérvese que, en este caso, sí hay una toma directa de posición: se afirma sin amabages que los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023 fueron actos de terrorismo, y no se utiliza un lenguaje oblicuo de destacar un documento donde terceros expertos dicen que fue un acto de terrorismo. Pero bueno, en ese contexto, la declaración expresa que el “genocidio en curso” no se justifica bajo ninguna circunstancia por dichos actos de terrorismo. Ahora sí parece que se usa como un supuesto o un acuerdo de la bancada la expresión “genocidio en curso”. Aunque se aclara innecesariamente que los actos terroristas de Hamás no lo justificaban. Esta frase es tan innecesaria, tan desviada como poner en un comunicado que actos de sedición, reales o supuestos, no justifican terrorismo de Estado, dictaduras, desapariciones, cárceles, torturas, ejecuciones y destierro. Obsérvese también que cuando se mencionan estos actos terroristas no se los inscribe en un contexto de 17 años de bloqueo, de cárcel a cielo abierto, y más de 70 años de agresión colonialista, ocupaciones ilegales y destrucción de hogares y familias. No hay contexto. Y esa selección de punto de origen no es gratuita y no puede ser inocente.
Con todo, esta declaración es la mejor que ha hecho el Frente Amplio a nivel institucional de gobierno. Aunque no es el Gobierno.
Pero hay que discutir esa tesis que manejan algunos dirigentes de que está bien que la bancada se pronuncie, porque representa al Frente Amplio, está bien que se pronuncien los sectores, pero no estaría bien que se pronuncie el Poder Ejecutivo y o la Cámara de Senadores, porque tienen que representar al país y en el país hay diferentes posiciones.
Esa posición me parece incompartible. En primera instancia, porque dudo que esa sea la razón de fondo: no resulta creíble que el presidente tenga la convicción de que hay un genocidio pero no se manifieste para no irritar a los opositores. Parece más bien una excusa para enmascarar un silencio ominoso sin generar una admirable alarma en las propias filas, alarma de los que no quieren que la política exterior del Gobierno discurra por caminos inesperados e inaceptables para un tipo de izquierda, para un frenteamplista. Ojo que eso ya nos pasó una vez. Nos pasó una vez con Luis Almagro. El mismo que era ministro cuando Uruguay reconoció al Estado de Palestina. Incluso hay fotos de él usando un kufiya, si mal no recuerdo. Y ya sabemos lo que pasó con él cuando con nuestros votos y nuestro explícito entusiasmo se fue a la OEA. Yo en eso estoy curado de espanto, si hasta tengo fotos con Almagro en Cuba, un tipo que me caía bastante bien y mira lo que resultó ser: por lo menos, un converso, cuando no un topo o un agente del imperialismo.
El Poder Ejecutivo se tiene que pronunciar porque pronunciarse sobre un genocidio no es una declaración testimonial. Es una obligación de los Estados y es una obligación que lleva a un curso de acción para prevenirlo o detenerlo. Un curso de acción que incluye decisiones políticas, diplomáticas, económicas y, en el contexto de la ONU, si el Consejo de Seguridad ordenara, como corresponde, una misión por Capítulo VII para poner un freno inmediato a la acción genocida de un Estado contra un pueblo básicamente desarmado. El pronunciamiento del Ejecutivo no debe ser solo una toma de posición que esté a la altura de nuestra propia historia, sino el puntapié inicial a sumarse a una acción penal en la Justicia institucional, y tomar medidas de sanciones económicas, políticas y diplomática contra el Estado que está incurriendo en el genocidio.
