El primero fue destituido años después por irregularidades en su gestión y el segundo terminó con su vida en una habitación del viejo Parque Hotel donde hoy tienen su sede ALADI, en el Parque Rodó.
El argumento que se difundió para justificar la intervención del Casmu fue su déficit operativo del 25 %.
Diez años después, luego de haber enajenado con irregularidades y negociados comprobados por las propias autoridades de la dictadura, incluyendo la venta fraudulenta de una valiosísimo terreno en la calle Lucas Obes en el Prado que se había adquirido para construir un sanatorio y donde hoy se desarrolla un complejo de viviendas, la auditoría comprobó que el déficit operativo seguía siendo el mismo.
Hoy se anuncia que el Presidente de la República, Luis Lacalle Pou, ordenó la intervención del Casmu porque este reconoce tener problemas financieros y aspira a que el Estado cumpla con la ley y renueve un fideicomiso que la institución médica ha cancelado en tiempo y forma.
Es falso y pura demagogia que al Estado le costará un solo peso y mucho menos al pueblo, como dijera Lacalle Pou.
El Estado sólo será la garantía de un fideicomiso que el Casmu pagará en tiempo y forma incluyendo los intereses, como pagó el anterior fideicomiso que hoy renovaría.
Tal intervención sin desplazamiento de sus autoridades legítimas, que fueron electas por el colectivo médico que detenta el patrimonio de la institución, es un reconocimiento de que el sistema político y la opinión pública no quiere que el gobierno proceda al desguace del Casmu como lo hizo con Casa de Galicia y como pretendían algunas corporaciones de empresarios médicos y algunos personajes del Partido Nacional, incluyendo el propio Presidente, enemigos jurados del Casmu y de su concepción humanística y social, carente de fines de lucro.
Estas palabras que escribo hoy no significan ninguna adhesión a las actuales autoridades del Casmu, cuya gestión no soy capaz de valorar y cuya filiación política desconozco pero que, en general, sé que no son frenteamplistas ni integrantes de ninguna lista de izquierda ni progresista del gremio médico.
El episodio que acaba de finalizar con el decreto del Ministerio de Salud Pública que dispone la intervención sin desplazamiento de autoridades y el proyecto de Ley que el Poder Ejecutivo envía al Parlamento para que apruebe la garantía estatal, no es más que el reconocimiento que los estados contables que presentaba el Casmu eran los que reflejaban la realidad, que la institución era viable y que su déficit patrimonial había disminuido, que la atención de los pacientes no se había resentido, que los veedores no han encontrado irregularidades en más de seis meses de control de la caja y que lo pedido no era exagerado ni arbitrario sino que era necesario y justo.
Además reconoce que la campaña de desprestigio que se impulsó desde algunos medios y se fogoneó desde el MSP era parte de un plan del cuál el Presidente no era ajeno y que impulsado por sectores interesados y jerarcas del Ministerio y la Junta Nacional de Salud dañaron la credibilidad del Casmu y sus autoridades y pusieron en duda la calidad de su gestión y la verosimilitud de los números que exhibieron y que fueron avaladas por auditorías externas independientes y por el recientemente fallecido Profesor Ricardo Pascale, que se desempeñó hasta su sorpresiva muerte como asesor de la institución hoy intervenida.
En realidad, la montaña parió un ratón. El Casmu y sus autoridades deberán convivir con tres funcionarios políticos que cobrarán por mes 380 mil pesos (más IVA) cada uno, que sólo acompañarán y tal vez perturbarán a quiénes deben continuar la conducción de una organización compleja y sus innumerables dificultades hasta que culmine su mandato legítimo otorgado en elecciones por los médicos que son depositarios de la soberanía de la institución. De acuerdo a las declaraciones que hemos escuchado al DR. Raúl Rodríguez, Presidente del Casmu, la cadena de pagos a los proveedores estaría garantizada, los salarios y beneficios de los funcionarios médicos y no médicos también, se estaría cumpliendo sin problemas los convenios con los trabajadores, se estaría garantizando la atención sanitaria de los abonados dentro de los niveles normales y de acuerdo a los parámetros que regula Salud Pública.
Si autoridades, médicos, funcionarios, abonados y proveedores recuperan confianza y tranquilidad, es tal vez propicio comenzar a festejar los 90 años de una institución de salud que es fundamental para la estructura sanitaria y para el país. Este nonagésimo aniversario merece ser recordado para aplaudir a una institución emblemática que es baluarte de una medicina con dimensión humana y perspectiva social y para homenajear a Carlos María Fosalba su fundador y líder de un movimiento de jóvenes médicos y estudiantes de medicina que procuraban en las primeras décadas del siglo pasado una medicina igualitaria, solidaria y no lucrativa que no ha sido derrotada, aunque hayan pasado casi cien años.
Mi reconocimiento a los usuarios, a los funcionarios y a los médicos y a la opinión pública que en esta oportunidad, como otras veces, han defendido al Casmu de la arbitrariedad de quiénes sueñan con una medicina privada, elitista, egoísta y lucrativa.
