Los neoliberales no comprenden cómo Montevideo tiene la mejor red de saneamiento de América Latina, pese a que es el Estado el que se encarga de este servicio; ni que Antel destroce con resultados su máxima sagrada de que una empresa para funcionar bien debe estar en manos de privados.
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Tal como señaló Óscar Andrade en el programa La tarde en casa, de Canal 10: “A Carolina le conviene mucho que se discuta sobre Antel; porque es una empresa pública ejemplo en el mundo. ¡En el mundo! Cuando vos vas a otro país, donde no conocen a Uruguay, y decís: Miren, ¿saben qué? En Uruguay hay dos multinacionales de telecomunicaciones (que todos sabemos cuáles son) y una empresa pública. ¿Y cómo va a haber una empresa pública pequeñita compitiendo contra dos multinacionales gigantescas? No; pero resulta que esa empresa pública tiene la mayoría de la telefonía celular. Está a la cabeza. ¿Y cómo hacen? ¿La subsidian? No, no la subsidiamos; al contrario, esa empresa pública vierte recursos a Rentas Generales; o sea que no solo compite contra esas multinacionales, sino que vierte a Rentas Generales. Bueno; pero quizá las multinacionales no se preocupan y la telecomunicación en el país es un desastre. No; estamos primeros en América Latina en materia de telecomunicación. Le viene muy bien esa discusión; porque cuanto más se discuta de Antel, y la transformación gigantesca que tuvo, más queda claro el papel de las telecomunicaciones y el papel de las empresas públicas como factor de desarrollo”.
Durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto de “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”, buscando vender las empresas que hoy son orgullo de los uruguayos. El intento privatizador fue apoyado por Jorge Batlle, el menos batllista de los Batlle y neoliberal convencido, cuya idea era convertir las empresas públicas en sociedades anónimas. Alberto Zumarán y Carlos Julio Pereyra (Partido Nacional) aspiraban a que se abrieran al capital extranjero manteniendo el Estado la mayoría accionaria.
El proyecto suprimía varios monopolios estatales (caso de seguros y fabricación de alcoholes) y habilitaba a Pluna, Antel y a la Administración Nacional de Puertos a asociarse con privados, mientras que a ILPE directamente se la liquidaría. La idea original de Lacalle era vender todo y de cualquier manera; pero tuvo que flexibilizar un poco su iniciativa para lograr el apoyo político necesario. La ley fue aprobada en el Senado por 21 votos (colorados y blancos) contra 10 (todos los senadores del Frente Amplio, el Nuevo Espacio y el recientemente fallecido Zumarán) y luego, el 30 de setiembre, en la Cámara de Diputados. Inmediatamente, el Frente Amplio activó un referéndum, mientras el gobierno afirmaba que las empresas públicas producían pérdidas. De hecho, a nivel mundial, las privatizaciones van precedidas por un abandono de las inversiones en las empresas públicas por parte del Estado, provocando su deterioro para justificar su enajenación.
Con el plebiscito como espada de Damocles, el gobierno blanco se apresuró a vender todo lo que tenía a mano para pulverizar el Estado batllista; la compañía del gas fue entregada al grupo francés Gaseba, se liquidó ILPE, se concesionó el servicio de agua potable y saneamiento en Maldonado, se habilitó la explotación privada del sistema de telefonía celular así como de hoteles y paradores turísticos (con exoneraciones tributarias) y se privatizaron los servicios de tierra del Aeropuerto de Carrasco y los vuelos al interior, entre otras enajenaciones, adjudicaciones y concesiones.
El Frente Amplio y el Pit-Cnt crearon la Comisión de Defensa del Patrimonio Nacional y Reforma del Estado para impulsar la impugnación de la Ley de empresas públicas. Julio María Sanguinetti se opuso a la iniciativa. Sin embargo, ya sobre la recta final, cuando “todo el pescado estaba vendido” y las encuestas aseguraban el triunfo aplastante de la opción derogadora, el Foro Batllista (liderado por Sanguinetti) convocó a los uruguayos a votar por el “Sí” a la derogación.
El 13 de diciembre de 1992 fue un día histórico. Mientras las maniobras privatizadoras arrasaban Latinoamérica, los uruguayos tumbaban los cinco primeros artículos de la ley enajenadora con 1.293.016 votos contra 489.302, defendiendo su patrimonio ante la ofensiva neoliberal. Han pasado casi tres décadas; pero parece que fue ayer. Viene bien recordar aquella hazaña popular porque nuevamente está en el poder -liderando a la coalición- el herrerismo, el sector más neoliberal, privatizador, entreguista, apátrida, cipayo, misógino, homofóbico y defensor de los violadores de derechos humanos. En los dos últimos puntos, solo Cabildo Abierto le disputa la corona.
Apenas llegaron al poder, comenzaron los intentos para debilitar a Ancap y Antel frente a los competidores privados actuales y futuros, descalificar y recortar recursos al Mides, demonizar los sindicatos, disminuir el salario real, condenar al olvido a jubilados y pensionistas, depreciar la moneda para beneficiar al sector agroexportador, cambiar el relato de la historia reciente y atacar la imagen de los referentes de la izquierda mediante acusaciones infundadas que suelen acaparar titulares y luego terminan en la nada. Como hemos dicho una y otra vez, el neoliberalismo no es una ideología; es un modus operandi.
Las cometas sobrevuelan en torno a las privatizaciones. Demasiado dinero en juego, demasiadas ambiciones, demasiadas voluntades a comprar, demasiado el dinero que vale una firma o una mano levantada. Los lobistas están de fiesta; pero cuidado con los festejos prematuros; porque, así como les arruinamos una vez sus planes entreguistas, lo podemos hacer de nuevo.
Ya hay mucha gente arrepentida de su voto; pero eso no les exime. Ya son legión los jubilados que se lamentan; pero nadie en este país, nadie, tiene derecho a llorar hoy lo que no supo defender ayer.
Se aumentaron las tarifas en plena pandemia, algo que no hizo ningún gobierno en ninguna parte del mundo; mientras la Cepal ha declarado que Uruguay es uno de los países que menos invierte para contrarrestar los efectos de aquella. Como dijo Tabaré, no es momento de ahorrar. Sí es momento de ahorrar en el costo inmoral de nuestra clase política; pero no en inversión social. Qué fácil es llenarse la boca hablando de Artigas; pero qué fácil, también, olvidar su frase insignia: que los más infelices sean los más privilegiados. Si tanto la derecha como la izquierda se declaran artiguistas, una parte está mintiendo, y no es la izquierda. El herrerismo se ha expresado una y otra vez contra la solidaridad; y si no me creen, lean a los voceros del diario El País, el evangelio de la derecha neoliberal. Las ideas de José Gervasio Artigas y José Batlle y Ordóñez no van con su credo.
Luis Lacalle Pou puede haber pulido su estilo personal y haber logrado enamorar a buena parte del electorado; pero no olvidemos algo: es profundamente conservador, derechista y neoliberal, por formación y por herencia política.
La fórmula de Macri
El herrerismo (que de herrerista no tiene nada) es profundamente neoliberal; pero se vuelve proteccionista y reclama la participación del Estado cuando se trata de potenciar el aparato represivo a efectos de proteger sus propiedades y cuando ven que pueden lograr exoneraciones, subsidios y ayudas de todo tipo para el sector agroexportador.
Como neoliberales, creen que las cuentas se equilibran recortando planes sociales, aumentando las tarifas de los servicios públicos, devaluando la moneda en favor del dólar (ergo, en favor del sector agroexportador mencionado), rebajando el salario real, despidiendo gente, pidiendo sacrificios a todos, menos a los poderosos, porque como dijo el presidente: “Son los que nos van a sacar adelante cuando todo pase”. Según este modelo, las crisis las pagan los más débiles, que son pobres porque no les gusta trabajar; fácil de decir para quienes fueron a colegios caros, al salir los aguardaba el chofer y al llegar a su barrio privado la mucama les tenía la merienda lista.
Lacalle está haciendo todo lo que hizo Mauricio Macri en Argentina. Pese al estrepitoso fracaso de su gestión, los neoliberales uruguayos creen que haciendo lo mismo lograrán un resultado diferente. “Que se mueran los que se tienen que morir”, dijo Macri. Que pasen hambre los que tengan que pasarla, piensan estos.
Si para muestra basta un botón, recordemos lo que dijo la economista Laura Raffo al analizar la gestión de Macri hace dos años: “En Argentina, hubo un ordenamiento económico muy importante después de la asunción de Macri, que al principio, como requirió ajuste de cinturón y ajustes fiscales, pegó en la economía y Argentina tuvo el año pasado un PIB que cayó; sin embargo, esa apuesta de poner la casa en orden está rindiendo sus frutos y Argentina entró nuevamente en los mercados internacionales, está teniendo un crecimiento más sostenible y los recientes resultados electorales en Argentina muestran que la gente está apoyando este nuevo modelo de crecimiento”.
Isaac Alfie ha dicho: “Hay que medir las cosas por sus resultados”. Pues bien, tal como ha puntualizado Lorena Batti (responsable del hallazgo de esa nota dada al Canal 8), estos son los resultados que dejó Macri:
Comparación 2015/2019
-Pobreza del 29,7% a 40,8%
-Inflación de 27,5% a 54,5%
-Riesgo país de 555 a 2.223
-Deuda pública de 52,6% a 92%
-Tipo de cambio de $A 9,5 a $A 56,9
En la elección general de 2019, Macri sacó un resultado electoral tan malo como su gestión, ganando solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuatro provincias; mientras que Alberto Fernández ganó en 19. El presidente saliente dejó de regalo al entrante la deuda más grande de América Latina (más de 323.000 millones de dólares) y a cuatro de cada diez argentinos sumergidos en la pobreza.
Uruguay va por el mismo camino. Dudo mucho que llegue a otro destino.
Y ya que estamos reflotando archivos, recordemos las palabras del entonces candidato Luis Lacalle Pou lanzadas en un acto proselitista menos de un año antes de asumir la presidencia y en medio de aplausos y bocinazos de apoyo: “Y ya, desde aquí, les decimos, hoy 30 de marzo, a todos los que quieran debatir y discutir: si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de las tarifas y el combustible. ¡Se terminó! ¡Es fácil, es fácil, es fácil administrar mal si tengo el bolsillo de Juan Pueblo ahí cerca pa’ meterle la mano! ¡Se terminó! Y el esfuerzo que comprometemos, amigos, el esfuerzo que comprometemos es aflojarles el cinturón”.