«Desde que nos enteramos que estos predios pertenecían a alguien, nos hemos enfocado en buscar una solución para todas las partes afectadas (propietarios y asentados) respetando el derecho de los dueños pero intentando hacer valer el derecho ala vivienda que tiene cada uruguayo«, expresan los vecinos del Barrio Nuevo Comienzo en la misiva dirigida a las autoridades nacionales.
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Esa solución a la que aluden los vecinos efectivamente está en manos del Ministerio de Vivienda y la Intendencia Municipal de Montevideo, que a partir de acuerdos arribados en el Centro de Mediación, ambas Instituciones estudian la posibilidad de brindar una canasta de materiales de construcción en el caso del Ministerio dirigido por la Ministra Inés Moreira y de un terreno, en el caso de la Intendenta Carolina Cosse.


Esa propuesta que está arriba de la mesa de la comisión de vivienda de la Cámara de diputados no ha recibido señales de las instituciones mencionadas, y el receso parlamentario en función de los legisladores con cuarentena por coronavirus retrasa la llegada de las respuestas.
Afectado el funcionamiento parlamentario por ese receso momentáneo, también está el proyecto de ley presentado por el Frente Amplio, que propone detener todos los desalojos hasta que se estabilice la emergencia sanitaria.
Los vecinos cuentan con una resolución favorable de la ONU que sugiere detener los procesamientos y lanzamientos, primero permitiendo arribar a una solución habilitación para las 280 familias, y contemplar la situación de los asentados ante la pandemia.
El fiscal Diego Pérez sigue adelante con las actuaciones a pesar del recurso internacional y de estar al tanto de las negociaciones en curso y en ese sentido ya instruyó el lanzamiento para el cuatro de abril de quienes ya habían sido procesados.
(misiva entregada a Presidencia)
Delegadas de los vecinos