Federico Graña: “Si se frena la gestión, se frenan los derechos de las personas”

“Somos seres integrales y es lógico que hay que solucionar problemas socioeconómicos, pero también es necesario generar el acceso a la cultura como eje de potenciación”.

La gestión en promoción sociocultural, quizá poco conocida por muchos, trabaja para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos de todas las personas. Para ello, se basa en la normativa internacional en derechos humanos que, mediante Naciones Unidas, declara la igualdad como valor universal y establece que los Estados miembros deben generar las condiciones para su alcance.

Naciones Unidas reconoce la necesidad de generar políticas y programas específicos orientados a determinados colectivos que están afectados por diferentes tipos de desigualdades y han quedado relegados durante años como la comunidad afrodescendiente, la población trans, los migrantes y las personas en situación de discapacidad. En esa línea de pensamiento, desde el área de Promoción Sociocultural, también se trabaja para “no dejar a nadie atrás”, como indica el informe de transición difundido recientemente por el Mides.

Transformar realidades

Revertir situaciones de desigualdad que padece una persona trans, Lgbtiq, afrodescendiente o migrante; acompañar a padres y madres de quienes deciden pasar por el proceso de transformación de género; evitar el acoso escolar; llevar cultura a los barrios populares o apoyar a diferentes colectivos en la difusión de sus productos culturales: “Para todo eso también esta el Mides”, explica Graña.

Al hacer un balance sobre los logros más significativos vinculados a la gestión en promoción sociocultural, el jerarca afirma que durante los últimos 15 años se logró modificar la historia de vida de muchas personas. “Son muchos los logros que se han generado en este último período. Algunos constituyen cambios a mediano plazo y otros a largo plazo, pero lo cierto es que han transformado la realidad de la sociedad desde el punto de vista estructural y también en la cotidianeidad de las personas”.

Uno de los aportes más visibles de esta dirección es la Ley Integral para Personas Trans, que, según explicó el jerarca, fue creada para dar una respuesta integral a un problema de desigualdad estructural sostenido en tener una identidad de género distinta al sexo biológico asignado. “Esta situación, en la mayoría de los casos, genera la exclusión de la persona del mundo del trabajo, la expulsión de sus hogares, la situación de calle, entre otras problemáticas”. En este contexto, el Mides implementó una batería de propuestas que que van desde la pensión reparatoria para personas que sufrieron violencia durante la dictadura hasta becas de estudio y pasantías laborales.

Otra de las conquistas fue la Ley de Acciones Afirmativas para la población afrodescendiente, la cual busca reparar las consecuencias de la discriminación y desigualdad histórica que sufrió ese colectivo. Esta legislación estableció un cupo no menor de 8% en puestos de empleo en entidades públicas, cupos en becas y programas de capacitación, y también la inclusión del tema en programas de enseñanza y formación docente. “Cuando nosotros asumimos, ese cupo estaba en un 3% de las becas otorgadas y ahora alcanzó un 22%, más de lo que estaba previsto en la ley”. En tal sentido, Graña aseguró que estas políticas son coherentes con el Índice de Carencias Críticas (ICC) que evidencia que la población afrodescendiente sigue duplicando el nivel de pobreza de la población en general.

Por otro lado, también fueron presentados durante este período el Plan Nacional de Equidad Racial y el de Diversidad Sexual, los cuales generan una articulación entre todos los ministerios y gobiernos departamentales en la aplicación de políticas públicas enfocadas en esa población.

Graña valoró el trabajo que se realizó durante este tiempo con adolescencias e infancias en problemáticas, como el acoso escolar o el proceso de cambio de identidad de género. “En el caso de personas trans, hemos generado y potenciando una línea de acompañamiento, en conjunto con la Facultad de Psicología, que apoya a padres y madres de personas trans para evitar el proceso de expulsión. Sabemos que esta situación es determinante en diferentes aspectos de sus vidas, como el inicio en el comercio sexual, por ejemplo”.

Sobre este punto, enfatizó en la importancia del acompañamiento familiar en este tipo de procesos y la necesidad de lograr la aceptación, entendiendo que “impacta a cualquier papá o mamá tener un hijo varón y al día siguiente una hija mujer o viceversa”.

El Centro de Referencia Amigable (CRAM) y el Centro de Psicología Afirmativa (CAPA) son otros de los programas instrumentados durante el período de gobierno frenteamplista para abordar situaciones de desigualdad. Se trata de un servicio universitario a partir de un convenio entre la Facultad de Psicología (Udelar) y Mides que brinda un espacio de consulta, orientación y/o atención psicológica a la población Lgbtiq (lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales y queer).

El fortalecimiento educativo fue otro de los ejes de trabajo de esta dirección que ofrece diversos programas para estimular a que las personas completen sus trayectorias educativas. “En nuestro país hay personas con herencias muy duras que, por razones socioeconómicas, no culminaron ni la educación primaria. En muchos casos, gente grande de 40 o 50 años que no tuvo la oportunidad de hacerlo y que logró modificar su historia mediante programas como Yo estudio y Trabajo, así como otras estrategias para culminar ciclo básico en menos tiempo”.

“También en esta gestión comenzamos las estrategias de los Centros Promotores de Derechos. Consisten en una plataforma que trabaja sobre género, diversidad y trayectorias educativas generando buenas prácticas de convivencia en los centros educativos, fortaleciendo las existentes y tratando de abatir cuestiones que no son ni socioeconómicas ni pedagógicas, pero que también condicionan el desarrollo”, agregó Graña.

La cultura como potenciador

Para cumplir con el objetivo de democratizar el acceso a la cultura, se crearon los Fondos de Participación Sociocultural, que otorgan fondos económicos a personas y comunidades que se encuentran en situación de vulneración de derechos o con dificultades en el acceso de bienes sociales y culturales. De esta forma, se busca que estas personas logren autogestionar e implementar sus proyectos.

Es así que en el año 2013 se creó el programa “Emergentes”, destinado a colectivos de más de tres personas a las que se les otorga apoyo económico y acompañamiento técnico para que puedan concretar sus propuestas. “Una de las propuestas más conocidas que surgió de este programa fue ‘Del del caballo a la pelota’, que se llevó a cabo en una pequeña localidad del departamento de Soriano llamada Cuchilla del Perdido. Allí los gurises no tenían un lugar donde jugar al fútbol, algo tan cotidiano como eso. Para estos chicos el único entretenimiento era el caballo. Mediante este programa se consiguió el predio, los materiales y se logró”.

Así como el programa “Emergentes”, existen muchos otros como “Comunidades Culturales”, que busca darle voz a productos culturales de algunos actores sociales de las diferentes comunidades como la afrodescendiente, Lgbtiq, migrantes o personas en situación de discapacidad.

Graña también destacó el programa Acceso a Bienes Culturales y Territorios de la Danza. “Mediante programas como estos se busca que las personas accedan a diferentes productos culturales y así potenciarlos con la cultura de las diferentes poblaciones”. Para ello, el Estado generó acuerdos con diversas instituciones como el Teatro Solís o el Sodre, que permitían que personas que participaban en los programas para personas en situación de vulneración accedieran a entradas para teatros, tablados y diferentes espectáculos artísticos. “La idea es acercar la belleza de la expresión artística a la vida de estas personas. Muchas veces existen esos prejuicios de que ‘para entender hay que saber’, pero el arte también es emoción y cualquier persona se emociona”.

“Que llegue el Ballet de Sodre a localidades apartadas o que vengan desde el interior a disfrutar un espectáculo de esas características, emociona, modifica cosas, abre puertas, genera proyecciones y las personas identifican y descubren otras posibilidades y hasta otros destinos posibles”, agregó.

Para esta dirección, la cultura es entendida no solo como un derecho, sino como un potenciador del desarrollo humano. “Acá no se trata de ver la cultura como una herramienta o un paliativo para situaciones de desigualdad, sino como una herramienta para problematizar diferentes temas que se dan en esas comunidades”. En este sentido, contó que cuando trabajan con programas vinculados a la danza, ademas de aprender de esta expresión artística, se pueden trabajar diversos temas como, por ejemplo, entender que el hecho de que un varón se mueva mucho al bailar no pone en duda su orientación sexual.

Futuro incierto

Faltando una semana para el cambio de mando, Graña no recibió visitas de quienes asumirán la gestión de Promoción Sociocultural. Ni siquiera se sabe si hay directores designados. “¿Vendrá alguien?”, se pregunta. A su entender, hay muchos logros, pero queda mucho por transitar y profundizar. “Yo tengo dudas sobre qué va a suceder porque sigo sin saber si hay un director o directora para esta dirección, sigo sin poder trasladar el trabajo acumulado de estos últimos cinco años y eso no se logra en los pocos días que restan”.

El actual director expresó que existen tres posibles lecturas de esta situación: que la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural desaparezca (aunque declararon lo contrario); o no les importa el trabajo acumulado porque piensan hacer algo totalmente diferente a lo hecho, o “por la plata baila el mono” y no quieren venir porque los salarios de acá no son los que están acostumbrados a tener quienes se desarrollan en la actividad privada”, sentenció.

“Por mucho tiempo tuvimos que escuchar frases como “es ahora”, o “estamos preparados” o discursos de meritocracia, de que acá eramos unos vagos que cobrábamos salarios altos, pero yo sigo esperando que vengan. Y que no vengan por una cuestión de plata me genera mucho dolor porque habla de que el compromiso de proyecto político que tienen está únicamente ligado al desarrollo individual y no al colectivo”.

Para Graña, los derechos de las personas parecen no importarle mucho al nuevo gobierno. “Si le importaran, ya tendrían que tener los equipos de trabajo para no retrasar la gestión, Si se frena la gestión, se frenan los derechos de las personas. Pero eso es una forma de ejecutar menos gastos. Y ejecutar menos gastos es una forma de hacer el ajuste sin decir que hacés el ajuste”, concluyó.