Fuerza represiva: Inisa y guardia republicana

¿Cómo detectaron el ingreso de la Guardia Republicana?

Hace dos semanas estábamos recorriendo la Colonia Berro de Canelones y vimos que ingresaba la Guardia Republicana. Pregunté qué estaba pasando porque no habíamos autorizado el ingreso, no había conflictos en los centros. No entendíamos qué estaba pasando. Me dijeron que había sido una entrada autorizada por la presidenta del organismo. Al día siguiente tuvimos sesión del directorio y presenté como punto previo a la sesión que se había dado ese ingreso, que no había pasado por directorio para aprobación.  La presidenta me informó que se iba a comenzar un curso con la Guardia Republicana para capacitar a los educadores sobre mediación. El ingreso era para que la Republicana viera cómo eran atendidos los adolescentes y cómo se disponían los centros para dar el curso.

¿Cuál fue su intervención?

Fundamenté que estaba en desacuerdo con un curso de esa magnitud. Primero porque no se habían llevado a directorio los temas. Segundo porque el enfoque de la Republicana es penitenciario, de adultos privados de libertad, no de adolescentes. En materia adolescentes tenemos que ser muy cuidadosos porque hay un principio de especialidad que surge de la Convención de los Derechos del Niño, la normativa nacional e internacional. El Código de Niñez y Adolescencia establece que los órganos dedicados al abordaje y atención de adolescentes en situación de privación de libertad tiene que ser específico.

¿Qué argumentos esgrime en contra de la capacitación?

Los agentes policiales de por sí son figuras que en esta etapa a los adolescentes pueden traerles diferentes dificultades, tanto psicológicas como de conflictos en los centros. Son los agentes que los retuvieron y ejercieron el control estatal sobre ellos en el momento de la comisión del delito. Si bien tenemos que trabajar en que los adolescentes se responsabilicen del delito, el trabajo tiene que ser en base a medidas socioeducativas y no a la represión o punición.

Los chiquilines los ven como agentes punitivos, agentes que ejercen la violencia, y eso está bien en ciertos límites y en el momento en que se comete el delito. Cuando hay una decisión judicial de medida privativa o no privativa de libertad es el Estado el que debe trabajar con medidas socioeducativas y abordajes interdisciplinarios para que ese adolescente entienda que hay otros caminos, otras oportunidades y que no es el camino el delito.

Por otra parte, tenemos un equipo dedicado a la mediación que se formó en la administración pasada y se capacitó con enfoque de derechos humanos y de adolescentes en situación de privación de libertad. Ese equipo es el que debería capacitar a los educadores y debería seguirse capacitando para brindar una mejor atención.

Si ya tenemos un equipo no comprendemos por qué se opta por la Guardia Republicana, que tiene un enfoque penitenciario y respecto a adultos en privación de libertad.

Fundamentamos eso en la sesión de directorio y la directora Sandra Etcheverry, del Partido Nacional, votó en contra de las capacitaciones por las mismas razones que nosotros. Por abrumadora mayoría el curso quedó con voto negativo, no se debería haber realizado. Sin embargo, la semana siguiente comenzó y terminó el curso con funcionarios que la presidenta designó a tales efectos.

¿Qué hicieron luego de enterarse de esto?

Es una violación de la ley de creación de Inisa, que establece que una vez que el directorio toma una decisión se debe acatar. La presidenta no puede tomar decisiones por sí sola. Si lo hace tiene que ser por razones de urgencia, y luego las tiene que someter a discusión y votación en el directorio. Esto no sucedió porque una vez que advertimos eso se votó en contra y el directorio votó por mayoría, pero la presidenta igual lo realizó.

Ahora pedimos que las actas fueran enviadas al Poder Ejecutivo vía el Ministerio de Desarrollo Social para que se revise porque es una irregularidad que se cometió por la presidenta.

El comunicado

“Hace unos días ingresó la Guardia Republicana en Inisa. Esto es muy grave. Rechazamos toda acción de militarización o de enfoque policíaco dentro de Inisa. La institución, conforme su ley de creación tiene como objetivo el desarrollo de medidas socioeducativas con adolescentes en conflicto con la ley no pudiendo adoptar un enfoque penitenciario ni punitivo.

A su vez estas acciones van en contra de las Convenciones y normas nacionales e internacionales, así como contra un giro restaurativo que se esta dando en la región, donde la solución deben ser las medidas no privativas de libertad con anclaje en la reparación a la víctima.

Y la inserción comunitaria de los y las adolescentes. El principio de especialidad que rige al Inisa por su normativa, establece que se debe especializar a las y los funcionarios bajo un enfoque en DDHH y en abordaje a las adolescencias.

Los Centros de Inisa no son penitenciarías y por tanto es contrario a la normativa que la Policía forme a las y los funcionarios de Inisa.

Dra. Andrea Venosa Armand Ugon

Directora de INISA”.

Adolescencia, privación de libertad y pandemia

Casi 300 adolescentes privados de libertad en el contexto de pandemia sufren más tiempo de encierro, mayor aislamiento y carencia de actividades socioeducativas. Los datos están recogidos en el monitoreo Pandemia en la Privación de Libertad Adolescente que realizó Serpaj con el apoyo de la Organización Mundial contra la Tortura (OMT).

Serpaj ya había registrado en monitoreos previos a la pandemia que algunas/os adolescentes pasaban 22 horas en sus celdas, un “encierro excesivo” que se agravó. Esta situación “es manifestada por los adolescentes como una situación angustiante, que genera ansiedad, y potencia las situaciones de tensión y conflicto al interior de los centros”, dijo Samudio.

En el informe se denuncia cuáles son las situaciones que las y los jóvenes en situación de privación de libertad están sufriendo en el contexto de la pandemia por coronavirus. Ausencia de medidas socioeducativas, reducción de contacto con la familia y el entorno, limitaciones en el acceso a la salud, deficiencias de infraestructura y recursos de los centros, traslados de módulos de casos positivos de coronavirus (mayor aislamiento, desarraigo).

Estas situaciones, según el informe, van en contra de las indicaciones internacionales sobre cómo deben actuar las instituciones: “en relación a la población privada de libertad en establecimientos carcelarios, las recomendaciones internacionales impartieron directrices orientadas a la desprisionalización y descongestionamiento de los centros, promoviendo la aplicación de salidas anticipadas o medidas alternativas a la privación de libertad. Esta recomendación fue particularmente señalada para el caso de los y las niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal”.