¿Cuáles diría que son hoy las principales preocupaciones de la central obrera, a 53 años de su fundación?
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La ofensiva de la derecha en la región y las últimas denuncias que han planteado las organizaciones empresariales ante la Organización Internacional del Trabajo son algunas de ellas. La derecha viene por todo en momentos en que hay un contexto internacional en el que los productos nacionales registran menores precios y que se ha reducido la inversión extranjera directa porque las tasas de retorno son menores. En este marco de enlentecimiento, los trabajadores somos la variable de ajuste y quieren arrebatarnos todo lo conquistado en materia de derechos y libertades sindicales, así como en materia de negociación colectiva.
¿Qué expectativa tiene el Pit-Cnt en relación al próximo gobierno?
Puedo hablar en forma personal. Creo que es muy importante el signo del próximo gobierno, ya que tenemos una vulnerabilidad muy grande porque en el caso de la Federación Ancap, la derecha está impulsando la caída del monopolio de los combustibles, en contra de la voluntad popular. Y esa herramienta que plantean como una vía para rebajar los combustibles no es real. En otro momento han tratado de privatizarla, como intentaron hacer con otras empresas públicas. Y en los años 2001 y 2002 intentaron ir por la asociación, que era una especie de privatización encubierta, pero se encontraron con la muralla del sindicato y de la población. Hoy existe un nuevo embate de parte del neoliberalismo para lograr la caída del monopolio y la privatización del ente. Pero también en un escenario de triunfo de la izquierda vamos a tener dificultades, por lo que el desafío más grande de la clase obrera en estos momentos es fortalecer la organización, para poder resistir los embates que vengan.
¿Cómo es hoy la relación del sindicato de Ancap con las autoridades del ente?
Este es sin dudas el peor momento de nuestro relacionamiento; se ha deteriorado mucho y prácticamente no hay diálogo. Lo que está sucediendo ahora, con la aplicación de descuentos al amparo de la ordenanza 401, nos ha dificultado encontrar los caminos de encuentro. Les hemos propuesto una especie de autorregulación de conflictos, pero no se ha logrado un marco de acuerdo. En función de la actividad que desarrollamos -el manejo de los combustibles-, deberíamos tener condiciones para asegurar el suministro y los servicios estratégicos del país, como es el caso de la conectividad, el aeropuerto, el turismo o los sectores productivos e incluso la población en general.
Lo hemos dicho recurrentemente, nosotros no buscamos desabastecer al país, pero también debemos tener la posibilidad de realizar un conjunto de medidas que no sean pasibles de una sanción por parte de las autoridades. En forma arbitraria y discriminatoria, nos han aplicado sanciones sin tomar en cuenta que los trabajadores lo único que hicieron fue negarse a realizar determinadas tareas. Es algo que no podemos aceptar bajo ningún concepto.
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