Un informe elaborado por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) a pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre posibles violaciones a los derechos humanos durante el golpe de Estado ocurrido en Bolivia en 2019, concluyó que sí existieron dichos crímenes en el último trimestre de ese año.
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El GIEI da cuenta en su trabajo investigativo que en ese período se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, entre las que figuran 37 personas muertas por la violencia y centenares que resultaron lesionadas como consecuencia de la represión.
También se informa de abusos sexuales, torturas, detenciones arbitrarias, procesamientos sin garantías y violencia racista.
En el informe se señala que “lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en las circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”.
Se agrega que “la Policía y las Fuerzas Armadas, de modo separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado, y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a personas y a bienes públicos y privados”.
Masacres
Los expertos del GIEI se detuvieron en dos “masacres” en particular. Las ocurridas en Sacaba, departamento de Cochabamba, y en El Alto, localidad cercana a La Paz.
En el primer caso, 20 personas fueron asesinadas y otras 200 heridas cuando policías y militares abrieron fuego contra una marcha en apoyo a Evo Morales, el 15 de noviembre de 2019.
La investigación del GIEI no encontró indicios de que los manifestantes hayan disparado primero contra estas fuerzas como alegó el gobierno de facto.
En los hechos producidos en El Alto, específicamente en el barrio Senkata, el 19 de noviembre, el grupo también encontró evidencia de las Fuerzas Armada y la Policía dispararon contra los manifestantes.
Violencia racista
El grupo de expertos señala además en su informe otro tipo de violencia ocurrida después de que se efectuara el golpe. Se trata de violencia de carácter racista, que se expresó en acciones como la eliminación de la wiphala (bandera de los pueblos originarios) de espacios oficiales, la promoción del cristianismo evangélico como credo del Estado y discursos racistas en torno a la identidad, cultura e historia de los pueblos originarios.
“Sugerencias” y “ultimátum”
El documento también cuestiona el papel desempeñado por la Policía y las Fuerzas Armadas de Bolivia en la destitución bajo amenaza de Evo Morales.
Cuando se difundió el supuesto fraude electoral que favorecía a Evo Morales, Yuri Calderón, jefe de la Policía, y William Kaliman, comandante de las Fuerzas Armadas, “sugirieron” a Morales en declaraciones públicas que renunciara a su cargo. Posteriormente, Jeanine Añez fue elegida presidenta interina en una sesión parlamentaria con la sola presencia de la oposición de entonces.
El informe señala sobre esto que “para garantizar el funcionamiento adecuado del Estado democrático, las instituciones militares o policiales no deben hacer sugerencias o recomendaciones de índole política a gobernantes, especialmente en tema tan delicado como la renuncia a funciones públicas”.
Los expertos del GIEI no califican lo ocurrido como un golpe de Estado, sin embargo aclaran que “la capacidad de actuación armada de esas instituciones demuestra que la diferencia entre una sugerencia y un ultimátum puede no ser más que una cuestión semántica”.
Establecer responsabilidades
Luis Arce, presidente de Bolivia, afirmó tras conocer las conclusiones del informe que “los hechos y argumentos legales demuestran con claridad” que en Bolivia “se dio un golpe de Estado, que hubo graves violaciones a los derechos humanos, que se perpetraron masacres y ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de facto”.
Asimismo, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional a “aprobar en el menor plazo posible el juicio de responsabilidades para establecer la autoría” de las “graves violaciones” a los derechos humanos.