Informe de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay

Serpaj, en su cumpleaños número 40, publicó el informe anual Derechos Humanos en Uruguay 2021. En él diversos especialistas de áreas políticas, sociales y económicas analizan los últimos doce meses en materias vinculadas con los DDHH. El texto completo se puede descargar en la página de Sitios de Memoria.

En la introducción realizan un resumen de la situación país. Allí expresan, con respecto a la pandemia por coronavirus y las medidas gubernamentales: «El discurso consolidado bajo el término “libertad”/”libertad responsable” disfraza una mirada autoritaria sobre la decisión de quienes pueden ejercer el derecho a la libertad de expresión, de reunión, de protesta social».

Mencionan decisiones como la reglamentación del artículo 38 de la Constitución sobre derecho a reunión, «discrecional y suspicazmente utilizada para beneficio discursivo del gobierno», y la aplicación efectiva de los artículos de la LUC referidos a la protesta social, delitos en el intercambio con la policía. Estas acciones «atentan y penalizan la libre expresión, circulación y protesta».

Este aniversario de Serpaj «nos encuentra en una urgente necesidad de realizar una crítica revisión histórica de todo lo que está vigente del autoritarismo, neoliberalismo y conservadurismo. Vigente en el Estado, en sus instituciones, en la comunidad; en nosotres», aseguran.

Las violencias institucionales de ayer que cargamos hasta hoy se están «recrudeciendo» con la fuerza de «los resortes de la impunidad […] que arrastramos desde la transición democrática».

Sitios de Memoria

Los Sitios de Memoria, reglamentados por la Ley 19.641, testimonian sobre la política represiva del gobierno cívico-militar en Uruguay entre 1973 y 1985. De acuerdo con el artículo 2 de la normativa «la declaración y creación de Sitio de Memoria Histórica consagra el recordatorio y reconocimiento de aquellos lugares donde las personas víctimas de terrorismo o accionar ilegítimo del Estado sufrieron violaciones a sus derechos humanos por motivos políticos, ideológicos o gremiales y que son utilizados como espacios abiertos al público para la recuperación, construcción y transmisión de memorias, así como forma de homenaje y de reparación a las víctimas y a las comunidades».

La Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria (Cnhsm) realizó su balance anual, recogido en el informe de Serpaj.

En Uruguay hay identificados 142 sitios donde el terrorismo de Estado violó de múltiples maneras los derechos humanos. Hasta la fecha solo 14 fueron declarados sitios de memoria por la Ley 19.641.

Recepcionar, evaluar y decidir sobre la pertinencia de colocar una placa, o de reconocer un lugar como sitio de memoria acorde a las indicaciones de la ley, parecen procedimientos sencillos y rápidos, pero no lo son. Demandan, explican desde la Cnhsm, una serie de verificaciones, permisos, controles, consultas con los propios solicitantes y/o con diversas instancias del derecho y de la administración pública, que «complejizan el proceso sobremanera».

Algunas cifras de la Cnhsm en 2021:

• Declaró cuatro nuevos sitios de memoria de los seis recepcionados: 1) Memorial de Punta Carretas, Montevideo; 2) Memorial y Espacio Fusilados de Soca, Canelones; 3) Memorial de Bella Unión, Artigas; 4) Camino del Memorial y Penal de Libertad.
• Se aprobaron y colocaron 2 nuevas placas: 1) en memoria de Adán Ayala Álvez, desaparecido y asesinado en 1971; 2) en el Liceo Manuel Rosé, Las Piedras, Canelones, a la memoria de los estudiantes desaparecidos Juan Pablo Errandonea Salvia y Fernando Díaz Cordenas.
• Se colocaron 2 placas pendientes del año anterior: 1) En el sitio ex-SID, actual Institución de DDHH en Montevideo; 2) A la memoria de Héctor Castagnetto, desaparecido y asesinado en septiembre de 1971 en Montevideo.
• Creación del Catálogo de Sitios de Memoria en versión digital.

Políticas de memoria en el interior

Hasta el presente se han identificado 150 lugares de detención, hallazgos de restos de víctimas y otros eventos relativos a la violación de derechos cometidos por crímenes de lesa humanidad en el marco del período del accionar ilegítimo del Estado (1968-1973) y la dictadura cívico-militar (1973-1985).

De esos 150, 71 se concentran en el departamento de Montevideo y los otros 79 están dispersos en los otros 18 departamentos; 57 fueron lugares de detención y tortura. Hasta el año 2021, de esos 57 solo han sido señalizados 24.

En el saldo de estas cifras quedan lugares -localidades, departamentos enteros- donde el Estado «no ha materializado su autocrítica», asegura Mercedes Cunha, integrante del Colectivo por Memoria Verdad y Justicia de Tacuarembó. Tal es el caso de ciudades como Chuy, Rosario, Río Branco, San Ramón o departamentos como Lavalleja, Flores o Artigas.

«Donde el Estado no da cumplimiento a sus deberes de memoria, las verdades locales – vecinales- acerca del terrorismo de Estado permanecen ocultas en cuarteles, cárceles y comisarías; la impunidad se fortalece y las tesis revisionistas y negacionistas quedan sin su mejor prevención», sentencia Cunha.

La Cnhsm, asegura Cunha, puede actuar por solicitud o de oficio. Sin embargo, «la actuación ‘a demanda’ se volvió rutina y la Comisión se limita a emitir resoluciones que responden a peticiones de declaración y señalización de sitios de memoria».

Los solicitantes de señalizaciones y declaraciones de sitios como Sitios de Memoria «deben probar la pertinencia de su solicitud, aportando fuentes documentales, investigaciones ya realizadas, testimonios recogidos para la oportunidad e incluso, pruebas complementarias […] el perjuicio es colectivo».

8 de julio: el juicio Cóndor en Roma

Francesca Lessa, docente investigadora en el Reino Unido y Presidenta de Honor del Observatorio Luz Ibarburu (Uruguay), realizó un informe sobre «el sinuoso camino» del juicio Cóndor en Roma.

El 8 de julio de 2019, veinte años después de que comenzaran las investigaciones en Italia, la Primera Corte de Asís de Apelación de Roma, presidida por la jueza Agatella Giuffrida, condenó a cadena perpetua a 24 ex oficiales civiles y militares, entre ellos jefes de Estado y ministros de gobierno de Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, por 38 homicidios.

El mismo día de 1999 el entonces ministro de Justicia de Italia, Oliviero Diliberto, otorgó la autorización necesaria para que comenzaran las investigaciones de la fiscalía italiana en contra del exgeneral Augusto Pinochet por lo delitos cometidos por el Plan Cóndor, en el marco de la querella presentada un mes antes por cinco mujeres uruguayas y una argentina.

Con un fallo de 2021 que rechazó las apelaciones quedaron firmes las sentencias de tres imputados chilenos, entre ellos Pedro Espinoza Bravo (el segundo en comando de la DINA) y 11 uruguayos. Entre ellos Jorge Tróccoli, Pedro Antonio Mato Narbondo, Gilberto Vázquez y el excanciller Juan Carlos Blanco.

Las sentencias ratificadas se refieren a 11 víctimas italo-uruguayas y 20 uruguayas. Las víctimas uruguayas se incluyeron en 2009 después de que Italia rechazara el pedido de extradición presentado por Uruguay, debido a que Tróccoli era un ciudadano italiano que vivía en Italia. Los veinte homicidios adicionales se sumaron en cumplimiento del tratado de extradición entre Italia y Uruguay, que recoge el principio de derecho internacional “extraditar o juzgar.”

El juicio por el Plan Cóndor, afirma Lessa, «marcó un punto de inflexión sumamente importante en la lucha contra la impunidad en el Cono Sur y particularmente en Uruguay».

Otro Gol a la Impunidad

El 7 de abril se lanzó la campaña Otro Gol a la Impunidad, con el objetivo de denunciar que al día de hoy hay represores vinculados al fútbol. Concretamente se militó para que José “Nino” Gavazzo y Manuel Cordero, ambos condenados por crímenes de lesa humanidad, sean expulsados del padrón de socios vitalicios de uno de los equipos emblemáticos del fútbol uruguayo: Club Atlético Peñarol (CAP). La consigna fue «no quiero gritar un gol junto a un torturador».

La petición para desafectar a los criminales de lesa humanidad recibió el apoyo, en unas pocas semanas, de más de cuarenta agrupaciones de la hinchada de Peñarol, proveniente de todo el país, cerca de un millar de firmas de socios, varios futbolistas profesionales, y las adhesiones de más de medio centenar de organizaciones sociales, entre ellas Madres y Familiares de detenidos Desaparecidos, Pit-Cnt, FEUU y Fucvam. Aun así las autoridades del Club Atlético Peñarol se negaron a recibir una delegación con la participación de las distintas expresiones sociales.

A su altura

«El pasado 1º de setiembre, en su primer acto público desde que se declarara la pandemia, la Corte Penal Internacional en su sede de La Haya, inauguró una sala que lleva el nombre de Felipe Michelini Delle Piane.

Felipe se formó en la Facultad de Derecho de la Udelar, donde además tuvo una destacada carrera como docente e investigador universitario. Su especialización en Derechos Humanos (en el IIDH -Instituto Interamericano de Derechos Humanos-) lo ubicó además como referente en la cátedra en esa materia.

Sin lugar a dudas, su historia personal y las de su estirpe (con intensa vida política, de profundo y férreo compromiso democrático, lealtad republicana y destino trágico) deben haber influido en su vocación.

Su temprana militancia política, ya notoria en el gremio universitario a partir de 1980, y en los años posteriores a la dictadura cívico militar lo fueron decantando en un perfil de tenacidad, confianza y de servidor público que lo condujo a una muy valorada actividad parlamentaria (por más de 20 años), de gobierno y de representación diplomática.

Lúcido, agudo, riguroso, solidario, de muy bajo perfil y sumamente cálido, ejerció una defensa incansable por la causa de los derechos humanos y contra la impunidad en nuestro país. Pero sus notables habilidades para la mediación, para generar espacios de diálogo y ámbitos de conciliación le valieron como credenciales para un desempeño de excelencia en la región y alrededor del mundo, logrando reconocimientos a nivel internacional pero sobre todo, respeto y afectos entrañables.

No solamente nuestro país sentirá su partida: la comunidad internacional toda, colectivos, movimientos y organizaciones que promueven y defienden la vigencia y el ejercicio pleno de los derechos, duelan su ausencia. Otra muerte injusta que cercena una misión de vida invaluable. De no haberse interpuesto, la proyección de su obra y su legado, no tendrían límite».