Uruguay produjo recientemente antecedentes inéditos en el campo diplomático. Por un lado, los dos máximos exponentes de la oposición, los expresidentes Sanguinetti y Lacalle, firmaron junto a otros exmandatarios una declaración en la que reconocieron al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Guaidó, como “presidente encargado de Venezuela”, algo que la constitución venezolana contempla ante circunstancias particulares que -como sostuve en otro artículo- no se cumplen en la actualidad y cuya función excluyente es llamar a elecciones inmediatas y garantizarlas. Pero no es el bando en el que se sitúan estos dos viejos políticos ante la crisis venezolana lo que llama la atención, sino el hecho de que lo hicieron 9 días antes de la autoproclamación del propio “encargado”, exhibiendo una capacidad predictiva asombrosa, o más probablemente la sumisión conspirativamente coordinada con las directivas de Washington a través de su embajada. En otros términos, no es Guaidó quien en un arrebato ante las masas se autoproclama en tal figura constitucional inaplicable, sino quien actúa el guión preestablecido. Pero por otro, el oficialismo, a través de la Cancillería, suscribió dos declaraciones contradictorias entre sí, una de las cuales resulta rayana con las exigencias opositoras que más allá de plazos demanda adelantamiento electoral impugnando lo actuado hace menos de un año. Es prácticamente un reconocimiento de la ridícula excusa escenificada.
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Asumiendo que la intención de la doble suscripción esté inspirada en la loable pretensión de evitar toda intervención militar y consecuente derramamiento de sangre, plantea el problema del debilitamiento de la alianza con México, además de Bolivia y los países del Caribe (Caricom) que eludieron la firma de la iniciativa hegemónicamente europea. No descarto que la implementación del “Mecanismo de Montevideo”, el único que debió haber suscripto Uruguay, culmine en algún tipo de salida electoral, fundamentalmente si el gobierno de Maduro admite las dificultades y la crisis socioeconómica que atraviesa. Pero no puede ser una exigencia y menos aún en condiciones de bloqueo y sanciones económicas que ambas declaraciones, incluyendo el “mecanismo”, omiten condenar, vergonzosamente. Más aún cuando la primera respuesta estadounidense es el rechazo a todo diálogo y la profundización del conflicto mediante la imposición de su voluntad por la fuerza en sus múltiples variantes posibles.
Debiera recordar el canciller Nin Novoa que el documento fundacional del Frente Amplio del 71 subraya el carácter antiimperialista de la fuerza política y que el Congreso Rodney Arismendi de dos años atrás, en su documento de valores y principios, lo volvió a reafirmar, agregando su vocación antipatriarcal. La omisión de una explícita condena a la beligerancia imperial deshonra la histórica tradición frentista y abre una brecha en la compleja vertebración de la fuerza política.
Si alguna virtud tiene el procedimiento originalmente propuesto es desnudar inmediatamente las intenciones de las partes, particularmente si ya se obstaculiza la primera de las 4 previstas que consiste en la comparecencia al diálogo (le siguen la negociación, el compromiso y la implementación). No parece muy diferente de las reuniones de Santo Domingo, abortadas a último momento por la oposición venezolana y su política abstencionista en materia electoral, probablemente también ordenada por la secretaría de Estado norteamericana.
Personalmente creo que la máxima contribución que pueda hacer Uruguay y el resto de los países que quieran contribuir a la superación de la crisis venezolana, incluido el oficialismo bolivariano, es lograr reunir al conjunto de las expresiones políticas e intereses en una primera ronda de exposición de demandas haciéndolas públicas. Trazar un mapa, aunque no pueda cuantificarse el tamaño de cada zona, sería un gran avance. También lo sería que los representantes de la pomposamente llamada “revolución bolivariana” (que no es más que un capitalismo con sesgos keynesianos redistributivos que ingresó en una fase expansiva del mercado negro, la especulación y la corrupción) pueda reconocer las dificultades y acordar políticas que retomen modelos de acumulación regulares, haciendo uso de los enormes avances de su constitución en materia de ejercicio cívico, como por ejemplo facilitar el referéndum revocatorio.
Venezuela, como el resto del subcontinente, no encontrará salida a la crisis con las alternativas derechistas que -a excepción de Bolivia y Uruguay- vienen asolando a Sudamérica. Por el contrario, todos los datos estadísticos que registran las variables socioeconómicas regionales marcan inmediatamente una tendencia al deterioro de la calidad de vida de las mayorías. Pero tampoco podrá escapar de la penuria actual si no supera el desarrollo de un mercado negro cuyo origen tiene lugar en el déficit de la balanza de pagos y el desdoblamiento cambiario. Sin la magnitud con la que se expresa en Venezuela, el cepo cambiario en la Argentina kirchnerista produjo resultados proporcionales en el enriquecimiento de toda clase de especuladores históricos y luego más masivos en menor escala, con consecuencias ético-cívicas inocultables.
Dos grandes “fakes” contribuyen al atolladero. Por un lado, la presunción de que Guaidó con sus 97.492 votos en el estado de Vargas tenga representatividad alguna ante los más de 6 millones de votos de Maduro, habiendo sido reconocido por sólo un puñado de países influyentes. Pero por otro, la negación de una crisis socioeconómica que está sumiendo al pueblo venezolano en un retroceso catastrófico de las conquistas del chavismo originario, inclusive en la esfera cívica y política si la institucionalidad es sólo la palanca de maniobra para el cambio de vías del tren de los intereses.
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