La deuda externa y el costo invisible de la desigualdad de género en América Latina

El problema no es únicamente económico, sino estructural. El sistema financiero internacional y las políticas de ajuste suelen evaluar el equilibrio fiscal sin considerar el impacto social y de género de los recortes presupuestarios. En términos prácticos, cuando un país prioriza el pago de deuda sobre la expansión de sistemas de cuidados, educación pública o salud, se produce una transferencia silenciosa de costos desde el Estado hacia los hogares. Y dentro de esos hogares, las mujeres absorben la mayor parte de esa carga mediante trabajo no remunerado. Algunos estudios estiman que el trabajo doméstico y de cuidados no pago podría representar entre el 10% y el 39% del PIB en distintos países de la región, aunque permanece invisibilizado en gran parte de las estadísticas económicas tradicionales.

En los últimos años también comenzaron a aparecer investigaciones que muestran de forma más concreta el vínculo entre endeudamiento y deterioro de las condiciones de vida de las mujeres. Un estudio reciente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre 85 países concluyó que el aumento del servicio de deuda generó pérdidas millonarias de empleo femenino y reducciones significativas del ingreso de las mujeres, debido principalmente a los recortes en sectores públicos altamente feminizados, como salud, educación y cuidados. Esto demuestra que la deuda no afecta a toda la sociedad de la misma manera y que las políticas fiscales tienen impactos diferenciados según género, clase y territorio.

A pesar de este escenario, América Latina también ofrece experiencias relevantes que muestran que existen alternativas. Países como Uruguay, Chile y Colombia avanzaron en distintos momentos en políticas de sistemas nacionales de cuidados, ampliación de licencias, profesionalización del trabajo de cuidados y generación de estadísticas de uso del tiempo. En particular, Uruguay fue pionero en la construcción de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados, reconociendo que el cuidado no es un problema privado de las familias sino una responsabilidad social y pública. Estas experiencias muestran que la inversión en cuidados no debe entenderse únicamente como gasto social, sino también como política económica, generadora de empleo, bienestar y mayor participación laboral femenina.

El desafío hacia adelante es profundamente político. Analizar la sostenibilidad de la deuda sin considerar sus impactos sociales y de género implica mantener una mirada incompleta del desarrollo. La discusión no debería centrarse solo en cuánto se paga, sino también en qué se deja de financiar cuando el peso de la deuda absorbe recursos públicos estratégicos. En una región marcada por altos niveles de desigualdad, informalidad y sobrecarga de cuidados, resulta imprescindible incorporar una perspectiva de género en el análisis fiscal y macroeconómico. Comprender esta relación es clave para explicar por qué, pese a avances normativos y educativos, las brechas de género persisten y se reproducen en el tiempo.