La inteligencia nos persigue y ni nos damos cuenta

“Todo se graba”, dijo la escribana,“de noche se escuchan”, se analiza “por un equipo” y se evalúa “si hay que hacer algo”.

De esta afirmación no hay dos opiniones y luego de escuchar a Argimón, no hay persona en Uruguay que no esté advertida de que lo que habla por celular no es privado. Hasta el fiscal de la causa debería tomar precauciones porque, como en la ley de Soca, al que le toca le toca.

No importan los desmentidos ni la trascendencia que le otorgue a estas afirmaciones el fiscal, nadie va a ser tan boludo de creer que lo que dijo Argimón fue solo una jactancia para atemorizar a un bobo, porque “el punto”, al menos, en lo de las escuchas, demostró estar un paso adelante que la profesora de la escuela de modelos, cuando, sin sorprenderse, le retrucó que sabía que todas las llamadas estaban “pinchadas”.

Es más, al día siguiente de conocerse este audio, cuando yo, indignado, contaba a un operador muy experimentado y muy vinculado al gobierno que un imbécil, luego de insultarme y reprocharme lo que escribo en Caras y Caretas, me había hecho semejante rayón en el auto en un estacionamiento público, me dijo que continuáramos comunicándonos por una aplicación llamada Signal porque consideraba que WhatsApp no era “tan” seguro.

Ahora bien. Las escuchas son ilegales, las operaciones de inteligencia también lo son, la Inteligencia del Estado está sometida a control parlamentario y las escuchas solo pueden ser autorizadas judicialmente.

Y, sin embargo, el Estado las hace y el Poder Ejecutivo dispone “todas las noches” de ellas. Sería prudente que hasta los líderes de la coalición, los legisladores, los jueces y los fiscales tomaran las providencias necesarias porque lo que se viene es para poner las barbas en remojo.

Lo más curioso, no obstante, es que la LUC, que lleva la inteligencia al lugar más alto, todavía no ha sido aprobada y me parece que a partir de su aprobación el Gran Hermano se habrá terminado de meter en nuestras vidas.

Lo más inocente es que el director de la Secretaría de Inteligencia es hermano de un agente de la CIA, Adolfo Garcé, consejero académico de Cadal, profesor universitario con dedicación completa en la Udelar, columnista de El Observador y destacado politólogo consultado frecuentemente por todos los medios hegemónicos.

Todo el mundo sabe lo que es El Observador, lo que son los medios hegemónicos y lo que es la Udelar, pero no todos saben lo que es Cadal.

Cadal Uruguay, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, es una fundación cuya sede central se encuentra en Argentina y que fue denunciada en ese país (“Una base de operaciones anticastristas”, Página/12, 27 de febrero de 2012)  por ser una organización financiada por la Fundación Nacional por la Democracia (NED), institución creada por el Congreso de Estados Unidos para dar dinero a la lucha anticomunista que hasta 1983 (cuando se crea la NED) financiaba la CIA.

En suma, Cadal es una organización cuyo cometido es hacer campaña contra la Revolución cubana y ahora también contra Venezuela, financiada por el gobierno de Estados Unidos, con sedes en Argentina y Uruguay, que frecuentemente organiza actividades en nuestro país también financiadas por agencias estadounidenses.

¿Quién es Álvaro Garcé? Aparentemente fue designado por Lacalle Pou como director de la Secretaría de Inteligencia del Estado por una ley de 2005 y no como coordinador del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, cargo creado por la ley de 2018, que, tras 8 años de análisis, fuera aprobada por la unanimidad del Poder Legislativo y que establecía algunas incompatibilidades como la dedicación exclusiva que Garcé actualmente no cumple, al menos, por sus cargos de docente universitario. Tampoco necesita para ser secretario de Inteligencia, según la ley de 2005, la venia de la Asamblea General.

Garcé es abogado, profesor en la Udelar y en la Universidad Católica, ha desempeñado varios cargos en la administración pública, entre ellos el de Comisionado Parlamentario de Cárceles, y es militante del Partido Nacional.

Cierto es que Álvaro Garcé, el nuevo director de Inteligencia, no es el hermano y que, de proponerse su nombre para el nuevo cargo de director de la Inteligencia Estratégica del Estado, su venia será votada probablemente por el Frente Amplio con elogiosos conceptos de todos o casi todos, pero en esto de las venias no es la primera vez que el Frente Amplio se come la pastilla y yo hago constar que no votaría nunca a un director de Inteligencia con un hermano agente de la CIA vinculado como consejero académico a una institución financiada por la agencia estadounidense para la realización de actividades anticubanas. Si no lo veo, no lo creo. La nueva LUC retira las incompatibilidades para que Álvaro Garcé pueda ser nombrado.

Conste que ahora los dos son agentes de Inteligencia, uno de una potencia extranjera y el otro es el jefe de los espías uruguayos.

Y conste que de este último, sus viajes, sus declaraciones y sus vínculos, también sospecho mucho y con algunos elementos, pero eso se me irá aclarando con el tiempo y prometo que si me entero de algo más, los lectores serán los primeros en saberlo.

Por lo pronto creo que los uruguayos deberíamos preocuparnos mucho porque la nueva Ley de Urgencia le da a la Inteligencia del Estado poderes absolutamente exorbitantes que, tal vez, pocas agencias de Inteligencia del mundo tengan. No es lógico que un Estado serio ponga tanto poder en una persona y tampoco en un gobierno que ganó por unas pocas decenas de miles de votos.

La instituciones privadas, los sindicatos, las ONG, los partidos políticos, los medios, los periodistas, los políticos, incluyendo los de la coalición de gobierno y las propias empresas privadas debieran tomar nota de esto, porque se está creando un poder casi sin control, y todo el mundo sabe que el poder sin control es terrible, despótico y corruptible.

El poder que da la LUC al Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado y a su director está fuera del control del Poder Judicial, del Poder Legislativo y del propio Consejo de Ministros. El nuevo director de Inteligencia puede, de por sí, calificar una información como “secreta” y solamente el presidente de la República puede desclasificarla, aunque no se establece claramente qué control ejercerá el mandatario sobre esto.

La creación de este Servicio de Inteligencia Estratégica del Estado se producirá en 90 días porque el Señor X cree que “de sus conversaciones con otras agencias internacionales, surge la urgencia indispensable para trabajar con ellas en una relación de confianza mutua”.

Larrañaga debe haber escuchado algo de esto detrás de la puerta, en tanto hace unos días, declaró que procurará la instalación de la DEA y otras agencias internacionales en Uruguay para combatir el narcotráfico”

Esto podría alcanzar para preocuparse, pero aún hay más. Dijimos que cualquier información podrá clasificarse como secreta, incluyendo las referidas a los secretos bancario y tributario. El director del Sistema de Inteligencia Estratégica tendrá las potestades para hacerlo. Cuando subrogue por cualquier motivo al director, el subdirector, que será un cargo de confianza sin necesidad de venia del Senado, tendrá las mismas facultades. El Señor X no coordinará, sino que dirigirá y determinará la política de Inteligencia que contribuya a los objetivos nacionales y de la defensa nacional, por encima de los ministerios del Interior y de Defensa Nacional.

Podrá ejecutar, procesar, exponer y conducir actividades de Inteligencia, lo que incluye operaciones en el territorio con el propósito de gravitar en políticas, en todas sus acepciones.

Hay que ajustarse las zapatillas porque las pesquisas estarán en el manual, las intercepciones telefónicas se harán todos los días, los seguimientos, la interferencias en la privacidad de las personas y las empresas, de los sindicatos y organizaciones y los partidos se harán de acuerdo a las necesidades de las políticas que determine el director.

Todo esto es peligroso dirigido por un señor tan prestigioso como Álvaro Garcé , pero si el subdirector no es tan bueno o nos tocara en suerte que en algún momento fuera designado un agente encubierto de un gobierno extranjero o un sujeto relacionado con el delito, esta ley es de una enorme irresponsabilidad y, además, está fogoneada por quienes, “según conversaciones”, nos apuran desde el exterior.