La opacidad del proceso contra Assange y el silencio de Biden

Ese día, en el tribunal tribunal londinense de Old Bailey se rechazó el pedido de extradición cursado por Estados Unidos contra Julian Assange, el fundador de Wikileaks.

A pesar del veredicto inicialmente favorable al periodista, la jueza británica Vanessa Baraitser no aceptó la solicitud de la defensa para que Assange saliera en libertad bajo fianza.

La negativa de la magistrada aparece fundamentada en el propósito de garantizar que el gobierno demandante, Estados Unidos, pueda presentar su apelación a la decisión de no extraditarlo.

La no extradición del fundador de Wikileaks tuvo como argumento principal los problemas de salud del periodista y las evidencias presentadas de un posible suicidio.

Assange enfrenta, en caso de ser finalmente extraditado, si los Estados Unidos presentan la apelación a la decisión de no acceder al pedido, un total de 17 cargos por delitos de espionaje y uno de intrusión informática.

Ha transcurrido algo más que un mes desde la negativa inicial a no extraditarlo y Assange continúa en prisión.

Más de 20 organizaciones realizan desde hace tiempo una activa y sistemática campaña en pos de la liberación del periodista.

Según consigna el diario español El País, este lunes presentaron una misiva al Departamento de Justicia de EE UU pidiendo la retirada de los cargos.

En este proceso esa decisión de retirar los cargos, puede presentarla la parte demandante en cualquiera de los tiempos del proceso, sin embargo, ello no parece ser lo que hará el nuevo gobierno de los Estados Unidos.

“La acusación contra Assange”, expresa la carta, “amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta que los periodistas realizan habitualmente”.

Los firmantes del pedido son entre otros, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y Reporteros Sin Fronteras.

Por razones asociadas al proceso de trasmisión de mando y armado del nuevo equipo de gobierno de la administración Biden, la misiva fue recibida por el fiscal general Monty Wilkinson, ya que el senado norteamericano no ha dado el visto bueno al elegido por Biden para el puesto, el juez Merrick B. Garland.

A pesar de las acciones para su liberación, nada parece indicar que el gobierno demócrata desista de alcanzar la extradición.

Por las características del sistema de justicia británico toda petición de extradición presentada en el Reino Unido, es representada por “el Crown Prosecution Service (CPS, Servicio de Fiscalía de la Corona) que actúa como una suerte de abogado en nombre del Estado demandante, en este caso EE UU.

Según el diario español, que menciona fuentes del CPS, “la apelación ya ha sido presentada en el Tribunal Superior británico el pasado 15 de enero”.

“Ese es el primer paso: notifican que apelan la no extradición”, recuerda el medio de prensa.

Se espera que, antes de que concluya esta semana, “EE UU presente los argumentos. Si el juez del tribunal los admite, el recurso de apelación pasaría a ser juzgado por un panel de varios jueces en una sesión sin fecha a la vista”.

Ello haría que Assange siga en prisión y que los 22 meses que allí lleva se extiendan hasta la toma de una resolución final.

En el supuesto de que el nuevo tribunal accediera a la extradición, Assange “podría recurrir ante el Supremo británico o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”.

El País recuerda que fue “durante la Administración del magnate neoyorquino, con Jeff Sessions en la Fiscalía, cuando se formalizó, en 2018, la acusación contra el editor australiano. Y eso que las grandes filtraciones que publicó Wikileaks, entre ellas, la difusión de decenas de miles de cables diplomáticos, llegaron a la Red durante el mandato de Barack Obama. Pero con el demócrata en el poder, pese a que había una investigación abierta contra Assange, nunca se llegaron a presentar cargos. Cundió el temor a sentar un mal precedente que afectara al libre ejercicio del periodismo”.

Es justamente este el sostén principal de los defensores de Assange.

Para sus defensores hay dos cuestiones en juego: la salud de Assange y el “futuro” del periodismo. “Ningún periodista podría estar seguro de que no le van a procesar por publicar informaciones como las que publicó Wikileaks”, afirmó Rebecca Vincent, directora de campañas internacionales de Reporteros Sin Fronteras (RSF).

En 2010, cuando Biden era el vicepresidente de la administración Obama, calificó a Assange de “terrorista de alta tecnología”, no ha habido un nuevo pronunciamiento del hoy mandatario sobre el caso.

Las señales más recientes que sugieren que Estados Unidos seguirá el curso del pedido, las dio “este martes un portavoz del Departamento de Justicia, Marc Raimondi, que aseguró que Washington seguiría buscando su extradición”.

Del lado de los defensores oficiales de Assange, un equipo de abogados “liderado por la australiana Jennifer Robinson, del despacho londinense Doughty Street Chambers”, se mantiene la prudencia y han estado a la espera de “que la acusación moviese ficha para así preparar los argumentos contra una posible apelación”.

Mientras ello acontece, la esposa del periodista australiano, Stella Moris, con la que tiene dos hijos, ha abierto una petición de fondos en la Red que atiendan su defensa y denuncia en redes las condiciones inadecuadas en que se encuentra su esposo.

A la fecha, el caso Assange, que ha sido presentado como un proceso “vinculado a la transparencia y el derecho a la información”, sigue siendo “tremendamente opaco”.