Lacalle II: burla, prepotencia y abuso

Vamos, Max. No entiendo la sorpresa. ¿Acaso el Partido Colorado no sabía lo que implicaba aliarse con el herrerismo? ¿Les asombra también que la Ursec beneficie a las telefónicas privadas regalándoles 6 millones y medio de dólares anuales al bajarles la tarifa por el uso de las redes de Antel? ¿Les llama la atención la perseverancia del gobierno por debilitar a Ancap?

En el mismo proyecto se plantea eximir al Estado de pagar multas si decide no cumplir con las sentencias judiciales. Por dar un par de ejemplos, el gobierno no tendría que pagar la multa impuesta al MVOT por no entregar viviendas a las familias de Nuevo Comienzo y podría negarse tranquilamente a cumplir una sentencia cuando la Justicia disponga que entregue medicamentos de alto costo. Con esta medida -claramente inconstitucional-, Luis Lacalle Pou le quita autoridad al Poder Judicial y fortalece su poder unipersonal.

Solo Cabildo Abierto mete presión dentro de la coalición multiderechista, ya que el Partido de la Gente está desaparecido, el Partido Colorado está totalmente sometido y el Partido Independiente (léase Pablo Mieres) ni corta, ni pincha ni tiene la menor intención de hacerlo arriesgando el Ministerio de Trabajo, lo más alto a lo que podría aspirar.

Según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), el poder de compra de los uruguayos registró un descenso de 0,57% en los primeros cinco meses del año y 0,19% en los últimos 12 meses. Paralelamente, en la Rendición de Cuentas se reconoce que el salario real cayó 1,7% en 2020, cayendo también la tasa de empleo, perdiéndose 60.000 puestos de trabajo, sobre todo en el sector informal. El presidente está tan sensibilizado con esta situación que subió el precio de los combustibles por segunda vez en 22 días. Eso sí, se aumenta su propio sueldo. La Ley de Presupuesto había eliminado los ajustes salariales durante todo el período de gobierno a los cargos con remuneraciones superiores a las de un ministro ($ 276.795); pero el artículo 286 de la Rendición de Cuentas exceptúa de esta limitación al cargo de presidente de la República. A la descongelación del sueldo del presidente se suma una suba de $ 100.000 a 18 funcionarios con cargos de confianza. Ellos suben sus sueldos mientras las pasividades bajan.

¿Recuerdan a cierto candidato presidencial criticando la suba y no baja de las tarifas públicas? ¿Lo recuerdan hablando de cuidar el bolsillo de Juan Pueblo?

En consonancia con la ideología neoliberal de Lacalle II, las cámaras empresariales proponen pagar salarios por debajo del laudo definido en los Consejos de Salarios. El ilegal planteo fue realizado por Alfredo Antía Behrens, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay, director de EFA Laboratorios y presidente de la Asociación de Laboratorios Nacionales, alguien que, obviamente, tiene el estómago y los bolsillos bien llenos y cree que los trabajadores pueden arreglarse con tres monedas porque no tienen los refinados gustos de la aristocracia oriental.

No solo hacen abuso del poder, sino que se ríen de la ciudadanía. Apenas murió Jorge Larrañaga, los blancos anunciaron el retorno del abogado e intendente de Colonia Carlos Moreira al Partido Nacional. ¿Dónde estás, Beatriz, tras haber dicho que la situación (canje de cargo por sexo) no admitía dos lecturas?

La verdad es que nunca se fue; solo se burlaron de la gente. Como siempre.

El pez por la boca muere

En junio se incautó una tonelada de cocaína en el puerto de Barcelona, España, de un contenedor que partió del Puerto de Montevideo a fines de mayo. En 2019, cuando gobernaba el Frente Amplio, ocurrió un hecho similar. Jorge Gómez revisó las cuentas de Twitter de algunos representantes de este gobierno y publicó lo que opinaron entonces tan ilustres personalidades.

“1.000 millones de cocaína en Alemania provenientes de Uruguay. Se suma a lo del avioncito. Y que ahora son las mafias de los Balcanes y bla, bla. Son inoperantes, dejan mucho que desear y ambientan que se piense muy mal. La evidencia es grotesca”. Washington Abdala. @turkabdala

“Hoy en Alemania incautaron 4.500 kilos de cocaína en un barco procedente de Uruguay. Valen 1.100 millones de dólares. ¿Hasta cuándo van a negar el problema del narcotráfico? ¿Hasta cuándo vamos a hacer estos papelones?”. José Amorín Batlle. @jgamorin

“Ahora también se enteran nuestras autoridades de que salió de Uruguay un contenedor de 4.500 kilos de cocaína. ¿Cómo entró? Esperemos las explicaciones de las autoridades, sobre todo del inefable Cr. Canon. ¿Seguirá pensando que no es necesario siquiera hacer una investigación?”.

Graciela Bianchi. @gbianchi404

“Tenemos fronteras inexistentes. Entra y sale cualquier cosa sin control. Como país estamos quedando muy mal. Somos plataforma de tráfico. Yates que entran en puertos privados sin control, jets que salen de Carrasco con droga, contenedores”. Javier García. @JavierGarcia.Uy

El actual senador Sebastián Da Silva publicó la foto de un colador y un mensaje que decía “El sistema de controles aduaneros del Frente Amplio”. @camboue

¿Alguien me puede informar si alguno de ellos ha comentado algo similar ahora?

Palo y bala

Filmar un procedimiento policial no está prohibido, ni siquiera por la LUC; pero los policías parecen creer que sí y Lacalle no ha hecho nada para ilustrarlos. El fiscal general de Corte, Jorge Díaz, sí ha señalado que no solo no está prohibido, sino que es conveniente filmar.

Entre lo que habilita la LUC y lo que algunos policías creen que dice, más el respaldo del gobierno a los uniformados prepotentes, la gente comienza a temer más a la Policía que a los delincuentes comunes.

Un grupo de vecinos del asentamiento San Miguel (Santa Catalina) presentó una denuncia en la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Fiscalía tras un procedimiento realizado en junio en el cual se detuvieron a 13 personas. Una de las detenidas es la madre de tres menores. Según lo denunciado, entraron a revisar su casa y luego se la llevaron, obligándola a dejar a su nena de un mes y medio a cargo del hijo de 15 años. La joven cuenta que pidió que le permitieran llevarla con ella; pero se lo negaron y terminó en un calabozo. Horas después apareció su marido con la criatura para que la alimentara. Luego de amamantarle, le entregaron la bebé al padre y a ella la reingresaron al calabozo junto al resto de los detenidos.

Durante el mismo procedimiento, la Policía ingresó a una vivienda donde la señora Benítez les advirtió que tenían covid-19; pero ellos ignoraron la advertencia y entraron sin el más mínimo protocolo sanitario. Ricardo Pose narra en una nota de Caras y Caretas que le preguntaron a la hija de la señora con quién hablaba por teléfono y les expresó que con su hermano. La chica colgó y dijo: “Permiso voy a grabar el operativo”; pero los policías le quitaron el celular. El esposo de Benítez está internado y toda la familia padece la enfermedad.

Dos días antes, en Salto, un policía le arrojó un pesado cascote a una persona que grababa un procedimiento policial, quedando filmado. En Rocha, la Jefatura de Policía destinó vehículos y personal para seguir, vigilar y grabar (o sea, intimidar) a las personas que recolectaban firmas pro referéndum. Las mismas prácticas de la dictadura blanquicoloradamilitar (1973-1985).

En Artigas, tres policías fueron formalizados por abuso de funciones. Uno de ellos había disparado su arma contra un vehículo que evadió un control de tránsito, produciendo lesiones graves a una persona. Tal como explicó el magistrado: “No se justifica una detención a disparos de una persona por más que haya actuado de forma imprudente. El uso de arma de fuego es una medida excepcional que solo se justificaría si estuviéramos ante una situación equivalente”.

En tanto, el comisionado parlamentario penitenciario Juan Manuel Petit ha comenzado a llevar un registro de los abusos policiales en las cárceles. “Hay muchos casos de gente que no quiere denunciar formalmente por temor a represalias o porque su vida en prisión se podría complicar”, señaló a Búsqueda. La nota denuncia prácticas como “golpear a un preso innecesariamente, dejarlo con las esposas puestas dentro de la celda, obligarlo a quedarse de rodillas contra la pared, darle poca comida, quitarle el colchón o hacerlo pasar frío”.

Este año murieron de manera misteriosa dos personas que no debían estar en un penal, sino en un hospital psiquiátrico. El primero fue Marcelo Ayala, un chico de 20 años con una mente de 14 y cuyo caso detallamos en la nota “Historia de una infamia”. El otro fue Roberto Ariel Moreira, de 51 años, que cumplía una condena de cinco meses por hurto y violación de domicilio. Fue hallado desnudo y sin vida en la Cárcel de Las Rosas, en Maldonado.

En Maldonado, el 26 de junio, Juan Coitiño (24) y Matías Cheleri (29) salieron por La Floresta a revisar volquetas, tarea que realizan desde hace meses, ya que perdieron sus trabajos cuando comenzó la crisis sanitaria. Cuando encuentran objetos que la gente ha tirado pero aún son útiles, los venden en las ferias de la zona. A veces encuentran comida que llevan a los cerdos que crían. Ese día hallaron, según su versión, cuadros y garrafas. Según les habría explicado una vecina, todo lo tiraron desde una casa de enfrente. Estaban llevando los objetos cuando fueron parados por la policía. Ahora bien, aquí debo hacer una pausa.

Puede que la historia sea real o que la hayan acomodado un poco, como también lo harán los policías actuantes. No puedo discutir si los elementos fueron hurtados o encontrados; pero habría una testigo de lo contado y lo que continúa fue grabado y está el video a disposición de la Justicia.

Cuando poco rato después son interceptados por los mismos policías, Juan comienza a filmar el procedimiento y dice: “Nos están parando acá, recién nos paró allá y nos están pateando las cosas”. Una policía femenina avanza hacia él gritando: “¿Qué grabás? ¿Qué tenés que grabar? Soy policía y si te quiero parar, te paro. ¡Metete ahí, dale! ¡Mierda! Concha de su madre”. Tras haber intentado manotearle el celular, retrocede, se da vuelta y dice una frase incomprensible coronada con la palabra “puto”. Juan le explica: “Eso lo encontramos todo en una volqueta”.

La femenina se pone a revisar los objetos mientras le grita: “¡Dale, vení p’acá, vos puto de mierda!” El otro policía, entre otras palabras inentendibles, le grita: “¡¿Sos pajero, vos?!”.

Finalmente, los llevaron detenidos a dos comisarías diferentes y los largaron al día siguiente. El celular lo devolvieron roto e inutilizable.

Si los civiles hubieran respondido con palabras similares a las de los uniformados, les habrían imputado el delito de Agravio a la Autoridad Policial, tipificado en el artículo 11 de la LUC, y se les castigaría con una pena de 3 a 18 meses de prisión.

Si el respeto que se exige a los civiles hacia los policías fuera recíproco, los uniformados actuantes en este procedimiento son quienes deberían quedar entre rejas.

Todo esto tiene un responsable: Luis Lacalle Pou.