El pasado 18 de marzo, el Congreso español aprobó la llamada Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. A partir de esa fecha, se dio plazo de tres meses a las comunidades autónomas para crear comisiones encargadas de evaluar los casos y eventualmente autorizar la muerte asistida.
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La ley prevé que las personas con «enfermedad grave e incurable» o sufrimiento «crónico e imposibilitante» puedan solicitar asistencia para morir. La norma establece estrictas condiciones para el acceso a la ayuda. La persona solicitante, de nacionalidad española o residente legal, deberá ser «capaz y consciente» al momento de hacer la petición, condición que excluye casos peticiones familiares con personas en estado vegetativo, por ejemplo. Además, el solicitante debe formular la petición por escrito «sin presión externa» y repetir las misma a los quince días.
Con la aprobación de la eutanasia, España se transforma en el séptimo país del mundo en el que la práctica es legal. Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y Colombia ya cuentan con normas de este tipo. En el caso de Nueva Zelanda, la eutanasia no ha entrado en vigor todavía, y en Colombia, fue aprobado por el Tribunal Constitucional, sin una ley que regule la práctica.
Sin embargo, la instrumentación de la ley encuentra algunos obstáculos para su realización efectiva. En cinco comunidades autónomas aún no se han creado las comisiones encargadas de evaluar los casos. Andalucía, Galicia, La Rioja, Madrid y Navarra no cuentan todavía con dicho instrumento.
Otro problema para la ley lo puede representar la objeción de conciencia. La norma prevé la creación de registros de objetores, aunque no estipula un lapso de tiempo concreto para su puesta en marcha.
Desde la Organización Médico Colegial española se han manifestado en contra de dicho registro. «Creemos que los registros de objetores son un grave error y solo van a generar distorsiones y estimular que la gente se apunte, a pesar de que muchos médicos no saben si van a objetar o no, porque cada caso es un mundo», explicó Juan Rodríguez Sendín, presidente de la Comisión de Deontología de la institución.
No obstante, el apoyo a la eutanasia parecería ser mayoritario entre los médicos. Una encuesta realizada por el Colegio de Médicos de Madrid en 2019, arrojó que siete de cada diez galenos estaban a favor de regular la práctica. Mientras que un estudio similar, llevado a cabo por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, mostró que más de la mitad de los médicos encuestados no se opone a la norma y cerca de un 30% se manifestó a favor en ciertos casos.
Aún así, la ley impulsada por el PSOE tendrá que enfrentar recursos de inconstitucionalidad en los tribunales, presentados por el PP y Vox. Por lo tanto, la vigencia de la norma podría peligrar y aún está por verse su continuidad en el futuro.