“Nuestra misión es potenciar el desarrollo integral de hombres y mujeres, jóvenes y adultos en situación de vulnerabilidad socioeconómica, a través de un espacio de contención y referencia, el trabajo en valores, la capacitación técnica, la inserción laboral y la inclusión social, utilizando el poder transformador del deporte y la tecnología”, es la carta de presentación de la Fundación A Ganar que ya lleva 15 años de existencia en nuestro medio.
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Su presidenta supo ser Malena Secco, esposa del exministro de Economía Ignacio de Posadas e integrante del estudio de abogados Posadas, Posadas y Vecino, que hasta hoy integra el grupo de los
socios de la Fundación.
La Fundación desarrolló varios convenios con no menos de diez intendencias bajo los gobiernos nacionales del Frente Amplio, aunque en su mayoría fue con intendencias nacionalistas que recibió denuncias por parte de los ediles frenteamplistas y algunas observaciones del Tribunal de Cuentas, por convenios nunca claros en la Intendencia de Maldonado del intendente Antia, y en la intendencia de Durazno, durante la gestión del intendente Vidalín.
En el caso específico de Maldonado, desde fines de 2015 hasta mediados de 2016 el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) observó en 14 oportunidades documentos que la administración de Enrique Antía firmó con esta organización.
Con los blancos se vive mejor
La actividad de la Fundación se desarrollaba sin pena ni gloría a pesar de los pedidos de informes que, sin éxito de ser contestados, insistían en elevar los ediles de varios departamentos.
Como se recordará, a principios de 2020, el Mides se involucró en el alquiler de varios hoteles del Centro de Montevideo, algunos que pertenecían a empresarios cercanos a la exsenadora Verónica Alonso, para instalar refugios para gente en situación de calle. Muchas de las empresas que ganaron la licitación no estaban registradas en su momento en RUPE.
Un artículo del portal Sudestada informó en su momento que “el día que se produjo el traslado y hospedaje de las personas beneficiadas por la decisión del Mides, en la recepción del hotel contratado se podían identificar personas vistiendo remeras de los programas Impulsar y EcoPlazas, que pertenecen a la Fundación “A Ganar”.
La presencia de Verónica Alonso encajaba perfectamente en su triangulación por un lado con el Mides, bajo la dirección del ministro herrerista Pablo Bartol, y la militancia nacionalista de los De Posadas en la Fundación.
En su momento Caras y Caretas Portal y otros medios de prensa, habíamos señalado que llamaba la atención la designación de Gabriel Cunha como uno de los directores del Ministerio de Desarrollo Social, tesorero de la iglesia Misión Vida, y jefe de campaña de Verónica Alonso, cuando el recordado caso de la deuda que había generado la candidata a la interna nacionalista con una imprenta, en el que además se denunció el trabajo de jóvenes fieles de la iglesia, doblando listas en dicha empresa gráfica.
A algunos medios de prensa, Cunha manifestó desconocer el vínculo entre Verónica Alonso y los propietarios del hotel Urban Express, perteneciente a Marcel Geswer, esposo de la exsenadora.
El que sí realizó declaraciones fue Ignacio Gerwer (cuñado de Alonso), quien manifestó que a efectos de poder colaborar con el programa del Mides, rebajaron en dos tercios la tarifa del hotel, lo que vendría a quedar en un costo de 7 dólares por huésped, que representan 15.000 dólares mensuales.
Una obra social entre amigos.
Escándalo
Cuando los ecos de las denuncias por los convenios de la Fundación A Ganar no se habían acallado en Durazno y Maldonado, las Intendencias de otros dos nacionalistas, Nicolás Olivera de Paysandú y Alejo Umpiérrez de Rocha, escandalizaban a la opinión pública. En ambos casos, compartían la contratación de la Fundación en meteóricos tiempos licitatorios para los cuales era la única que se presentaba y, por supuesto, haciendo honor a su nombre, ganaba, en lo que se podría definir casi como una adjudicación directa.
Nada heroica
El 2020 terminaba en el departamento del litoral con el despido de 130 trabajadores de los centros CAIF, en decisión unilateral de la Intendencia de Paysandú, que ni siquiera tomó en cuenta la opinión del INAU, el otro organismo integrante de la Asociación Civil que administra los Centros.
En un meteórico proceso licitatorio que se inició el 23 de diciembre de 2020 y se cerró el 30 del mismo mes, la Fundación A Ganar sería la adjudicataria, para administrar los ocho centro CAIF y el hogar Siempre.
Versiones en las redes denunciaban que la escribana Sabrina Buono, tercera suplente del primer edil por la lista 51 del Partido Nacional y esposa del intendente Nicolás Olivera, tendría vínculos con dicha Fundación.
La directora del INAU, Natalia Argenzio, presentó al Directorio la rescisión de dicho contrato, volviendo a realizar llamado público, amparada en el informe jurídico de la Institución.
De acuerdo al informe realizado por el área jurídica del INAU, la Intendencia de Paysandú tomó “claros apartamientos” de disposiciones del Código Civil, del reglamento general de convenios del INAU y del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) al resolver el traspaso de la gestión de esos centros a un tercero de modo unilateral. Además, la comuna sanducera desvirtuó “la esencia política pública consagrada en nuestra normativa en lo referente al posicionamiento de INAU como rector de las políticas de infancia, vulnerando de esta forma también los derechos de niños y niñas atendidos en los mismos”.
El informe enfatiza que “cualquier apartamiento de estos principios” trae “como consecuencia una situación de incumplimiento con el correlativo resarcimiento de daños y perjuicios que derivarán de la rescisión del contrato”.
Pero lo del INAU no sería el único escándalo que involucraría al intendente Olivera y a la Fundación A Ganar.
En enero de 2021 varios colectivos sociales, como Mujeres de Negro, Hermandad Pro Derechos, Asociación Civil Sandra Ferrini y Colectiva Otra denunciaron en las redes la designación en la Dirección Promoción Social de la Intendencia de Paysandú, como integrante de una cuadrilla de la Fundación A Ganar, de Sergio Escobar, que fuera procesado por continuados delitos de proxenetismo en 2012.
El intendente Olivera restó importancia al asunto, manifestando que la contratación de Escobar era por un acuerdo entre la Dinali y la IMP, pero el exintendente Guillermo Caraballo evidenció vínculos más precisos entre los involucrados.
En un mensaje difundido por las redes Caraballo expresaba: “Como ustedes saben, la Intendencia de Paysandú, a través de la Fundación A Ganar y por un convenio de recuperación de ex presos con la Dinali, incorporó entre sus filas a Sergio Escobar, alias el Zorro, alguien que fue condenado por delitos tales como trata de blancas, proxenetismo, explotación de menores, narcotráfico, lavado de activos.
Todos en Paysandú saben que él hacía llegar al PN a lugares donde por sí mismo no llegaba -nadie desconoce las redes que se tejen por abajo en el mundo de narcotráfico-, que puso plata para la campaña y ahora fue contratado, junto con varios familiares. Dice que es para barrer calles, pero anda manejando una camioneta, de pantalón y camisa, y acompaña a los directores generales a las reuniones en barrios.
“Acá la gente tiene miedo de denunciar estas cosas. Es así.
A un compañero lo paró un militante del PN y le dijo que se fijara en el perfil de Facebook de German Mattos que era del Zorro utilizando su segundo nombre y su segundo apellido. Y efectivamente aparece él, y hay una foto muy elocuente en agosto de 2020 a un mes de las elecciones departamentales, en la que está acompañado de una señora militante del PN, de un edil departamental, Alejandro Colacce, que incluso en este período es director adjunto del Mides Paysandú, y nada más y nada menos que del senador Gandini”.
Rocha no tan solo eres palmar
Rocha también resultó ser, a partir de 2020, un negocio casi cantado para la Fundación A Ganar.
La última ampliación de contrato de la intendencia de Alejo Umpiérrez, intendente de Rocha, de enero de este año, por un programa socioeducativo de higiene ambiental por la temporada estival, es con la fundación A Ganar por 2.500.000 pesos.
La subdirectora y jefa del departamento técnico de la Fundación A Ganar, la licenciada Verónica Martínez, es hermana de Nicolás Martínez, uno de los secretarios del presidente Lacalle Pou, y ambos, hermanos del tec. agr. Valentín Martínez, secretario general de la Intendencia de Rocha, lo que ha provocado que varias voces se alzaran alarmadas por un contrato firmado entre instituciones cuyos cuadros de dirección son familiares directos.
Esto ocurre cuando aún no se apagan los ecos de la denuncia del diputado frenteamplista por Rocha Gabriel Tinaglini, que en enero de este año manifestó en M24 que tanto el director como el exsubdirector de Turismo (Juan Calvo, despedido por el propio intendente luego de realizar una fiesta clandestina) de Rocha han utilizado la Intendencia “para beneficiarse individualmente” en su actividad privada como operadores turísticos.
Dejar siempre de ganar
El diputado frenteamplista por el departamento de Rocha Gabriel Tinaglini elevó un pedido de informes a la Cámara de Diputados y a la Jutep, planteando conocer los alcances legales de las distintas contrataciones por parte de varias intendencias con la Fundación A Ganar, y en particular con la Intendencia de Rocha, al tiempo que la directora Natalia Argenzio solicita la rescisión del contrato con la Intendencia de Paysandú.
En nota elevada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, Tinaglini solicita se eleve al Tribunal de Cuentas un pedido de informes mencionando las distintas contrataciones realizadas por intendencias y el Ministerio de Desarrollo con la Fundación A Ganar.
Como en el caso de la Intendencia de Paysandú, Tinaglini constata que el llamado a licitación se realizó en un tiempo récord, siendo la única organización que se presentó la Fundación A Ganar.
En su pedido de informes al Tribunal de Cuentas, el diputado por Rocha solicita saber si dicho Tribunal estaba al tanto del contrato, si el mismo cumple con los requisitos necesarios y formales, si fueron cumplidos los requisitos para un primer pago a febrero de 2021 y si cuenta con el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones de la IMR.
El Tribunal de Cuentas ya ha realizado varias observaciones sobre contratos de la Fundación, como por ejemplo con la Intendencia Municipal de Maldonado.
En nota elevada a la Jutep, Tinaglini detalla el proceso de contratación en el que deja expresa constancia del vínculo familiar entre el secretario general de la IMR, que además integra la Comisión Asesora de Adjudicaciones de dicha intendencia, y la subdirectora de la Fundación A Ganar.
Con cartas marcadas
Alejandro Rico es el militante nacionalista, director ejecutivo de la Fundación A Ganar, con sedes en Montevideo, dos en Maldonado y una en Paysandú, y tiene convenios con cerca de once intendencias.
Rico es además, por la Fundación, miembro vocal de la Anong, la Asociación Nacional de ONG orientadas al desarrollo.
Como socios de la Fundación figuran, y el concepto socio parece muy claro si se toma en cuenta que siempre aparece un vínculo consaguíneo o político, el Estudio Posadas, Posadas y Vecino, Mides, Presidencia, Secretaría Nacional de Deporte, Tenfield, Prado Comunicaciones, La Intendencia de Durazno, Maldonado y Paysandú, el CEIP, Inefop, Coca-Cola, Electroquímica y Microsoft.