Los rehenes de siempre: El destino del asentamiento Nuevo Comienzo

Este fallo, que surgió a partir de un recurso presentado por el abogado Juan Ceretta (director de la clínica de litigio estratégico de la Facultad de Derecho) el día 13 de enero, apeló al legítimo derecho a la vivienda de 56 familias que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo, ubicado en Santa Catalina, Montevideo, que fueron las que accedieron a firmar la demanda.

Su resolución se transformó en un hecho histórico, ya que es la primera vez que un comité de la ONU se pronuncia sobre Uruguay. «El comité ha solicitado al Estado parte, de conformidad con el artículo 5 del protocolo facultativo, tomar medidas para evitar posibles daños irreparables a los autores, suspendiendo la ejecución de la orden de desalojar el predio mientras la comunicación está siendo considerada por el comité o, alternativamente, ofreciéndoles un lugar alternativo, en el marco de una consulta genuina y efectiva, tomando en cuenta la pobreza extrema de los autores y de sus familias», expresa la resolución.

Actualmente, Uruguay tiene un plazo de dos meses para presentar las eventuales observaciones a esta sugerencia.

Las repercusiones del fallo

El fallo de la ONU se dio a conocer el 4 de febrero y automáticamente generó una gran repercusión en redes sociales. El carácter histórico del pronunciamiento y la posibilidad de que las familias que habitan el asentamiento pudieran encontrar una solución, aunque sea pasajera, instaló un clima de tranquilidad y esperanza.

Este clima de paz, se vio nuevamente amenazado ante las declaraciones del fiscal a cargo del caso, Diego Pérez, quien declaró que el pronunciamiento de la ONU “no va a parar ningún procedimiento” y “no va a evitar que la gente que se tenga que ir se vaya”. Así lo expresó en una nota publicada en la diaria el pasado martes. A su entender, “se le están generando falsas expectativas a la gente” mediante un movimiento de «mala fe» de la defensa. Por tal motivo, dijo, su equipo podría cambiar la estrategia que venía desarrollando.

“Esta estrategia es hasta poco inteligente. ¿Qué juez va a venir y decir ‘usted siga cometiendo el delito, quédese ahí’? Para mí hay una notoria mala fe, una notoria mala intención de confundir las cosas. Nosotros nos vamos a encargar de aclararlas y nos obligarán a cambiar la estrategia”, advirtió Pérez.

El fiscal también le aseguró al mencionado medio que “la alternativa” que le queda a la Fiscalía “es hacer un juicio” y “condenar a las personas”, algo que, declaró, se había “tratado de evitar”. “A mí no me causa ninguna gracia hacer este tipo de acciones, porque acá se ha intentado decir que yo prácticamente disfruto de echar gente a la calle; es todo lo contrario. Pero obviamente tengo obligaciones como fiscal”, expresó.

Cabe recordar que los ocupantes de los terrenos pertenecientes a Devralix SA, inicialmente, estaban siendo investigados por delito de usurpación, mientras que el equipo del fiscal Pérez trabaja sobre la línea de una “ocupación organizada”, con «otros intereses». De acuerdo a sus declaraciones, se trata de una “zona estratégica para determinadas actividades ilícitas”.

Una oportunidad para los DDHH

Con respecto a las expectativas sobre este caso, el abogado Juan Ceretta le explicó a Caras y Caretas que la resolución de la ONU no tiene carácter preceptivo por lo cual no puede obligar al Estado uruguayo a cumplir, pero opinó que el país quedaría «muy mal parado» al desoír un pedido de esta organización internacional.

«Uruguay cuenta con una buena imagen internacional por lo cual sería deseable que la mantenga o la mejore. Dar cumplimiento a  esta resolución, de manera voluntaria y organizada, sería una muy buena señal y dejaría a Uruguay en los mejores lugares de prestigio internacional. Más que un problema, el país tiene una oportunidad», agregó.

Por otra parte, el abogado recordó que Uruguay ya ha tendido 3 observaciones por este tema, la última en 2017. «Sumarle este antecedente, cuando se ha comprometido a cumplir y levantar las observaciones, no sería buena idea. Si no cumple, va a pasar vergüenza en la próxima revisión internacional», opinó el profesional.

Consultado sobre las declaraciones del fiscal Diego Pérez respecto al fallo de la ONU, Ceretta opinó: «Es el tipo de fiscal que tenemos». «Si quiere mandar gente presa, que haga lo que quiera, ese es un tema de sus competencias, pero el que decide es el juez penal. Él puede molestar a las personas, como lo ha hecho hasta ahora, llevándolos a cada rato a la comisaria, al juzgado, está dentro de sus potestades, pero decidir hasta donde llega el proceso penal y si se condena o no, lo decide el juez».

Con respecto a la línea de investigación que maneja el equipo de Pérez, como «una ocupación organizada», el abogado dijo que eso tendrán que probarlo. «En lo personal, durante mis visitas al asentamiento y el tiempo compartido, lo que observé es gente viviendo debajo de unas chapas agujereadas y haciendo sus necesidades en la tierra, no me parece muy organizado ni apetecible vivir en esas condiciones. No sé de qué organización está hablando».

En relación a la teoría de que la ocupación tiene «otros intereses» vinculados a actividades ilícitas, Ceretta expresó: «No se  puede afirmar que no existe ninguna actividad delictiva en un lugar donde viven más de mil personas. Es como cualquier pueblo chico del interior o cualquier barrio de Montevideo; si seleccionás a 1.000 personas al azar, quizá encontrás a alguno que cometa algún delito, eso es normal, incluso en el barrio donde vive el fiscal».

Para Ceretta la solución de este asunto «no sería difícil» ya que la Intendencia de Montevideo manifestó voluntad de ceder algunas tierras. «Solo faltaría una decisión del Ministerio de Vivienda de asumir la construcción de las viviendas que se necesitan».

Por su parte, fuentes del Ministerio de Vivienda le dijeron a Caras y Caretas que hasta el momento «no llegó ninguna comunicación oficial respecto al fallo emitido por la ONU». «Al momento que la recibamos se tomarán las consideraciones del caso», dijo recordando que existen otros asentamientos que ,también esperan soluciones.

«Hay entre 600 y 650 asentamientos. Este es el más reciente y tomó estado público por intereses de algún tipo, pero la política del ministerio es atender todos los casos. Hay que darle solución a los 649 que están antes que este. Es tan importante el caso de Nuevo comienzo como los que tienen mucho más tiempo y no tiene tanta prensa», agregó.

Mientras tanto, vecinas y vecinos de Nuevo Comienzo siguen sin saber si los van a venir a desalojar o a brindarles una solución. Una de las habitantes le contó a este medio que cuando salió el fallo la mayoría de las familias estaban re contentas porque lo entendieron como algo positivo. Esa sensación se fue diluyendo a medida que comenzaron a escucharse otras declaraciones, como las del fiscal Diego Pérez.  «No entiendo por qué nos pasa esto a nosotros siendo que en el Cerro hay más de cien asentamientos, muchos de ellos también en propiedades privadas. No sé qué pensar, solo sé que seguimos en la misma situación de antes, a pesar del fallo».

Además, la entrevistada recordó que la carta que entregaron los habitantes de Nuevo Comienzo a Presidencia «nunca tuvo respuestas». «Las acciones que hemos realizado quedan en la nada y, a pesar que somos muy nombrados, no tenemos soluciones».

Sin embargo, las familias no se rinden y esta semana redactaron una nueva carta, dirigida a la ministra de Vivienda, Irene Moreira, para solicitar una nueva reunión.