De su sueño despertó Macondo

El estallido se dio el 21 de noviembre en el marco de un llamado de diversos sectores sociales a un paro nacional convocado como jornada 21N; pero en el mismo momento que se dio la convocatoria, la primera respuesta por parte de los sectores más alineados con la ultraderecha gobernante y los grandes medios de comunicación, se dieron a la tarea de atacar y tratar de deslegitimar la jornada.

Colombia, a diferencia de otros lugares, ha sido el gran laboratorio del discurso de la “venezolanización” de la política; gracias a este inverosímil pero efectivo discurso, se logró dar vuelta el resultado de un plebiscito por la paz que tenía casi asegurada la victoria y ha sido el gran protagonista de los debates electorales por la presidencia desde hace ocho años. Como era natural, el paro del 21N no podía ser menos que una nueva oportunidad para recurrir al viejo artilugio de señalar la malévola presencia de agentes cubano-venezolanos en la protesta para desestabilizar la democracia más antigua del continente.

El Foro de San Pablo se sumó en esta ocasión a los fantasmas que buscan la desestabilización política continental, engañando o pagando a hordas de vándalos que recorren las calles sembrando el terror y la anarquía en países que son muestras vivas del progreso y bienestar que trae el capitalismo, como Chile y Colombia. Pero en estos dos países la realidad pudo más que el discurso, y las condiciones en que viven las inmensas mayorías poco a poco ha ido fracturando el monolito ideológico de que el pobre es pobre porque quiere, pues el capitalismo es el modelo de las oportunidades.

En Colombia la chispa se encendió por la serie de medidas propuestas por el gobierno de Iván Duque al congreso con el fin de “impulsar el desarrollo económico del país” que es básicamente la misma receta que se ha aplicado en ese país durante 30 años y gracias a la cual en los contratos de vínculo laboral con prestaciones son extraños casos en un mar de vinculaciones por unipersonales, siendo esta la forma en que, incluso en el Estado, se contrata a quien preste un servicio.

Y dentro de los muy pocos contratos laborales, el salario vacacional, la liquidación, las licencias y otra serie de garantías se fueron entregando poco a poco a fin de estimular a los empresarios que, al ver este paraíso terrenal y patronal, no podrían resistirse a duplicar o triplicar sus plantas de personal generando empleo a borbotones, pero eso jamás ocurrió y hoy Colombia es uno de los países con mayor nivel de desempleo, un nivel de pobreza que supera el 30% de la población y el tercero más desigual del mundo, incluso por encima de Chile.

Pero si las cosas ya llegaron a ese punto en Colombia, ¿qué pudo ser lo que generó el estallido social sin precedentes, que tiene a ese país sumido en la revuelta popular más grande en 40 años?

Una de las propuestas estrellas del gobierno de Duque para el ya mencionado estímulo empresarial fue generar un mecanismo alternativo de pago para que los menores de 25 años pudiesen ser contratados por un salario inferior al ya maltrecho salario mínimo de US$ 270, sueldo que por supuesto no se pagaría en el marco de un vínculo laboral formal, sino por medio de las unipersonales, con sus correspondientes descuentos tributarios, que en la propuesta del gobierno resultan casi en un 35%.

Por otro lado, Duque lanzó la propuesta para los demás sectores de generar la vinculación laboral por horas, lo que significa que se pagaría al trabajador únicamente por las horas estrictamente laboradas, lo que haría incluso más lejana la posibilidad para cualquier trabajador de lograr un salario digno, y peor aun, cerraría de tajo la posibilidad de acceder a una jubilación, pues lograr las 1.500 o 1.800 semanas que se requieren para jubilarse sumando por horas es casi imposible.

El gobierno colombiano usó los grandes medios para tratar de desmentir los argumentos del paro; sin embargo, se encontró con unos sectores sociales muy bien preparados que le demostraron que no eran rumores, sino proyectos de ley en curso los que generaban la movilización. Miles de personas salieron a las calles el 21 de noviembre y desbordaron las avenidas en una movilización como pocas veces se vio en Colombia.

Pero el gobierno y los sectores más atrasados que le acompañan no se iban a quedar con los brazos cruzados; de manera casi mágica empezaron a aparecer en las movilizaciones personas encapuchadas que se dedicaron a causar destrozos en la ciudad, gente que nadie sabía de dónde había salido ni hacia dónde iba. La respuesta no se hizo esperar y entró en acción el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), que como ha sido su costumbre en 20 años de existencia, arremetió sin piedad en un jornada de brutal represión.

La noche del 21N se decretó toque de queda en varias capitales, incluida Bogotá, donde se presentaron incidentes muy particulares y, al igual que en Cali, los conjuntos residenciales fueron objeto de ataques de vándalos que amenazaban con irrumpir en medio de la noche a saquear las viviendas, y como respuesta los vecinos se organizaron, se armaron y decidieron prepararse a confrontar a cualquiera que llegara con la intención de apropiarse del fruto de su sufrido trabajo.

Los rumores iban y venían, el correo de las brujas del siglo XXI, llamado WhatsApp, fue el horno en que se calentaron los miedos de la gente: “A este conjunto no han venido, pero en el de más allá entraron los vándalos y se llevaron todo”, “ya vienen”, “están cerca”, “no demoran en llegar”, “estén atentos y hagan guardia”, eran algunas de las lapidarias sentencias que circulaban por los grupos en los teléfonos de las vecindades.

Una vez despuntó la luz del día y con la cabeza un poco más reposada, la misma gente que la noche anterior estuvo con bates, fierros y cuchillos esperando la inminente entrada de “los vándalos pagados por Maduro” y dispuestos a tranzarse en una batalla digna de Game of Thrones, empezó a razonar y caer en cuenta de que si había toque de queda y la policía estaba toda desplegada, ¿cómo podían las hordas de vándalos actuar con tanta impunidad?; por otro lado, qué vándalo con mínimo dos dedos de frente iba a querer entrar a robar a uno o varios conjuntos residenciales llenos de vecinos armados con palos y fierros, teniendo a su completa disposición los almacenes y los shoppings que estaban virtualmente desnudos, con alguno que otro vigilante solitario y asustado. Al final de la jornada de pánico, el saldo de conjuntos residenciales saqueados y vandalizados por hordas al servicio de la anarquía global fue cero.

La fórmula de regalar terror para vender cara la seguridad falló, la gente no pidió a gritos que las protestas cesaran ni corrió a guarecerse en los brazos de su agente policial más cercano, por el contrario, el 25 fue convocada una jornada de protesta más, y el 26, y así ha venido ocurriendo desde ese día de manera casi ininterrumpida. Pero siempre la característica ha sido el brutal despliegue policial que ha generado varios hechos que lamentar; primero, la noche del 21N durante los momentos previos al toque de queda en Cali, un joven de 20 años fue herido en la espalda con un arma de fuego accionada por la policía y ya se ha confirmado que perdió la movilidad de sus piernas.

El caso más emblemático de toda esta jornada de protesta en Colombia ha sido el de Dilan Cruz, un joven de 18 años que salió el sábado 23 de noviembre a la movilización que recorría las calles del centro de Bogotá: en una avanzada del Esmad, uno de sus integrantes, que ha sido identificado como el capitán Cubillos, accionó una escopeta calibre 12, siendo esta un arma de dotación de dicha fuerza, contra el joven Cruz, quien recibió un impacto en la parte posterior de la cabeza, fue atendido por personal de auxilio en el lugar de los hechos, 15 minutos después fue trasladado al sanatorio San Ignacio, donde dos días después murió.

Este caso reactivó un gran debate a nivel nacional e internacional respecto a la existencia del Esmad y sus métodos en Colombia, pues las denuncias que hay por el uso de armamento no convencional, prohibido por la legislación internacional, son abundantes; la utilización de municiones recargadas con pedazos de metal cortante o punzante y balines metálicos a modo de metralla, conocidas como “recalzadas”, ponen en entredicho la legitimidad en el ejercicio de la fuerza por parte del Estado colombiano en este tipo de situaciones, y el último informe dado a conocer por la ONG Temblores, y publicado por la revista Semana, da cuenta de 34 muertes atribuibles de manera directa al Esmad durante sus 20 años de funcionamiento y los hechos más recientes denuncian que la noche del 10 de diciembre, en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Bogotá dos jóvenes fueron subidos a vehículos particulares por miembros de ese cuerpo policial y, aunque fueron liberados minutos después, debido a la presión de la ciudadanía, son situaciones que agregan tensión sobre el debilitado gobierno de Iván Duque.

Por lo pronto, la movilización se mantiene y cada vez más opinión pública se suma: el 9 de diciembre se realizó un multitudinario concierto por las calles del centro de Bogotá, donde varios artistas y figuras públicas, que hasta ahora habían mostrado tímidos visos de apoyo a los reclamos de la sociedad, se han sumado con un papel de liderazgo en términos de opinión frente a la sociedad colombiana. A contramano, el gobierno hace oídos sordos a los reclamos de su gente, Duque sale torpemente a convocar la mesa de concertación para marzo, luego ofrece como “respuesta” a las peticiones de la movilización tres días sin IVA, luego convoca a líderes políticos e intendentes recién elegidos a un diálogo lejos de quienes están convocando a la movilización, mientras que los proyectos de ley, que son la verdadera base del descontento, pasan por el parlamento sin mayores trabas gracias a la mayoría parlamentaria del sector gobernante.

La movilización persiste como hace décadas no ocurría en Colombia, se han sumado sectores poblacionales que antes se mantuvieron al margen e incluso antes se mostraron en contra de las movilizaciones. El nivel de tolerancia de la gente no dio para más y reclama un cambio, no será fácil en un país con tan fuertes raíces ideológicas en la ultraderecha, sin embargo, el panorama político muestra otros signos y en las elecciones regionales de octubre la composición de los poderes locales muestra un gran debilitamiento de la ultraderecha y un avance del centro; la izquierda no logra encontrarse consigo misma para una propuesta más sólida en términos electorales, pero los avances se van dando y el nivel de cohesión que se logró en su momento, como respaldo al proceso de paz está dando frutos. La gente se dio cuenta de que es posible llegar a acuerdos más altos que los sectoriales y que es posible incidir desde la movilización en medio del gobierno más débil y con las mayores fracturas institucionales debido a la enorme cantidad de funcionarios vinculados con delitos graves, como paramilitarismo, asesinatos y corrupción.