Según los activistas, la vivienda es una construcción ilegal, por lo que su portavoz, Bilbo Bassaterra, afirmó que se trata de "otra muestra de cómo la ley no funciona igual para todos".
Por eso, afirmaron que "las instituciones están al servicio de una pequeña clase dominante y no representan la voluntad popular".
Medios locales reflejan que cuando Messi la compró, la mansión aún no tenía el certificado de final de obra que debían otorgar las autoridades locales ni la cédula de habitabilidad. Esto prohíbe a los propietarios dar de alta los servicios de electricidad y de agua.
La propiedad también había sido investigada por "movimientos de tierra, realización de bancales, cambios en la topografía del terreno y excavaciones para instalaciones".
Otras denuncias del grupo ecologista
Los activistas de Futuro Vegetal también denunciaron que "el 1 % más rico de la población mundial generó en 2019 la misma cantidad de emisiones de carbono que los dos tercios más pobres de la humanidad, pese a que son precisamente las comunidades más vulnerables quienes padecen las peores consecuencias de la crisis".
En ese sentido, criticaron al Gobierno español que lidera Pedro Sánchez por tener políticas "encaminadas a subvencionar a grandes magnates de corporaciones cárnicas y energéticas, las principales responsables del aumento de la temperatura media de la Tierra".
También recordaron que "esta misma semana en la isla se ha desahuciado a casi 200 trabajadoras de un asentamiento sin solución habitacional, mientras el Partido Popular de la mano de Vox planean la legalización de edificaciones ilegales a cambio de un pago".
"Son políticas al servicio de quienes más tienen y que atentan directamente contra los derechos del resto de la población", agregaron.
FUENTE: RT