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Mundo Bolivia | Marset | guerra

Informe de Inteligencia

Bolivia reconoce corrupción policial y exige "alerta máxima" por guerra narco entre Marset y grupo local

Inteligencia policial de Bolivia pide declarar "alerta máxima" por guerra desatada entre organización de Sebastián Marset y un grupo local en Beni y Santa Cruz.

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Un reciente informe de Inteligencia policial de Bolivia pide declarar "alerta máxima" debido a la escalada de violencia en los departamentos del Beni y Santa Cruz de la Sierra, entre la organización criminal que responde al uruguayo Sebastián Marset y una banda local liderada por Yasser Andrés “Coco” Vásquez.

La pugna por los negocios del PCC

Según el informe publicado por el medio El Deber, de Bolivia, existen indicios de que ambas bandas están vinculadas con el Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil y protagonizan una disputa por el control de las rutas y el territorio con otros grupos nacionales.

“De acuerdo al análisis efectuado hasta el 28/10/2025, referida a las dos principales estructuras criminales de alto valor que operan en territorio nacional, se identifica: A) La red transnacional liderada por el ciudadano uruguayo Sebastián Marset, “Rey del Sur”. B) la organización nacional encabezada por Yasser Andrés ‘Coco’ Vásquez Cardona. Ambas representan una amenaza inminente a la seguridad interna y regional, con indicios de escalada violenta asociada a alianzas con el primer Comando de la Capital (PCC), del Brasil”, menciona el informe.

Los encargados del reporte policial remarcan en tres partes del documento que las estructuras criminales lideradas por Marset y ‘Coco Vásquez’, “constituyen una amenaza directa a la seguridad interna y que la convergencia de ambos con el PCC brasileño demuestra la existencia de un corredor criminal transnacional activo y en expansión”.

Ante estos elementos “se recomienda” al Ejecutivo “coordinar reuniones binacionales con Brasil e Interpol; priorizar operaciones de captura de los cabecillas fuera de zonas de alto riesgo; coordinar con la Fiscalía General la protección de testigos clave y declarar alerta máxima en Beni y Santa Cruz.

Tres hechos clave que advierte el informe de Inteligencia

El primero, se refiere al video publicado el 16 de septiembre, por un medio de medio de comunicación de Santa Ana de Yacuma (Beni), en el que Vásquez, si bien niega los 13 sicaritos atribuidos a su grupo criminal, “confirma la intención de permanecer en la clandestinidad” y lanza amenazas contra el exfiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas y el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera.

El segundo elemento que motivó el informe, se trata del video, publicado el 23 de octubre, que empezó a circular por redes sociales y en el que un grupo armado que usa una tela con identificativos del PCC y Paraguay. En el mismo, los delincuentes fuertemente armados, respaldan las amenazas que Marset lanzó contra Ivar García, alias ‘El Colla’, quien cinco días antes afirmó que el uruguayo vivía en la zona exclusiva del Urubó, en Santa Cruz de la Sierra, bajo la protección de jefes policiales y al que le atribuyó el secuestro de su expareja y su chofer, un caso aún sin resolver, pese a la liberación de las víctimas.

El tercer hecho que se menciona, es el asesinato de Jhonatan López Rodríguez, hijo de la alcaldesa del municipio beniano de San Ramón, Estela Rodríguez. El hombre, que falleció producto de los 24 impactos de bala que recibió mientras paseaba por la plaza principal de esa población, ya había sobrevivido a un atentado en abril de este año, en el Cambódromo, en el departamento de Santa Cruz.

Corrupción policial y militar

El reporte confirma que las fuerzas del orden están “infiltradas”, por varios ejemplos en los que se presume que ambas organizaciones de narcotraficantes recibieron información privilegiada, acerca de operativos en su contra o de datos que los favorecen para cometer otros delitos conexos, como el tráfico de armas.

El documento confirma, además, infiltraciones en las fuerzas del orden con miembros de la Armada y la Policía vinculados a casos de sicariato.

El ejemplo más reciente que se cita en el reporte, se refiere al proceso abierto contra cuatro miembros de la Armada y otro dos de la Policía Boliviana, involucrados en el sicariato de Édgar Dorado, alias ‘El Jefe’, perpetrado el 27 de julio en Santa Ana de Yacuma.

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