Respaldo internacional en aumento
Además de Sudáfrica, al menos una decena de países han manifestado su intención de intervenir en el proceso como partes o como terceros. Entre ellos se cuentan Bolivia, Colombia, Nicaragua, España, Chile, Irlanda, Turquía, Malasia y recientemente Brasil. Cada país puede presentar argumentos jurídicos sobre si Israel ha incumplido con sus obligaciones internacionales. Este respaldo creciente fortalece la relevancia del caso y aumenta la presión diplomática sobre el gobierno israelí.
Alcance legal y político de la causa
La Corte Internacional de Justicia no juzga a individuos, sino a Estados, por lo que el proceso no implica consecuencias penales personales, pero sí puede determinar que Israel ha violado el derecho internacional. Un fallo en su contra podría acarrear obligaciones de reparación, sanciones políticas y un fuerte aislamiento diplomático. Aunque las decisiones de la CIJ no son coercibles, tienen un peso significativo en el sistema internacional y suelen ser referidas por otros órganos de la ONU, como la Asamblea General o el Consejo de Seguridad.
Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio
En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el primer tratado internacional que definió el genocidio como un crimen autónomo. Entró en vigor en 1951 y, desde entonces, más de 150 países —incluidos Brasil e Israel— se han comprometido a prevenirlo y castigarlo.
La Convención de 1948 establece que el genocidio puede manifestarse en múltiples formas: asesinatos masivos, daños físicos o psicológicos, condiciones de vida impuestas deliberadamente para provocar la destrucción de un grupo, medidas para impedir nacimientos o el traslado forzoso de niños. La clave jurídica es la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Los Estados que la suscriben aceptan también la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver disputas entre países sobre su aplicación.
A lo largo de su historia, la CIJ ha tratado pocos casos vinculados directamente al genocidio. El más importante fue el que enfrentó a Bosnia y Herzegovina contra Serbia, resuelto en 2007. En ese fallo, la Corte concluyó que si bien Serbia no perpetró directamente el genocidio de Srebrenica en 1995 —donde más de 8.000 varones musulmanes fueron ejecutados por fuerzas serbobosnias— sí incumplió su obligación de prevenirlo y de castigar a los responsables. Más recientemente, en 2019, Gambia denunció a Myanmar por el trato a la minoría rohinyá; ese proceso sigue en curso, pero ya motivó a la Corte a ordenar medidas cautelares para proteger a la población civil.
