En paralelo, el clientelismo pasó a ser un eje central a la reproducción del statu quo. Así, tanto en los EEUU, centro del capitalismo global monopólico, como en los países de la periferia, los gestores del poder han constituido una resina que ahoga cualquier veleidad de cambio social. La crisis sistémica de este orden global capitalista vuelve ahora más visible este clientelismo, el modo en que opera y su razón de ser. Colocado en el centro del escenario político, hoy expone su incestuosa ligazón con sus mandantes y permite comprender cómo se reproduce el statu quo. Así, no todo es oscuridad en este pantano. De este aquelarre se sale reflexionando sobre las relaciones de poder que lo originan, sobre las formas de representación social y política y sobre los factores políticos, culturales e intelectuales que contribuyen a ocultar el clientelismo y a reproducir el statu quo.
EEUU: brecha social, polarización política y wokismo
Desde principios de los '80, distintos Gobiernos estadounidenses aplicaron una política centrada en la mínima intervención estatal en la economía siguiendo la premisa de que la libertad de mercado y la consiguiente eliminación de regulaciones e impuestos transferirían paulatinamente los beneficios del crecimiento económico hacia el conjunto de la población (trickle-down economics). Esto no ocurrió, y las políticas implementadas profundizaron la brecha existente entre ricos y pobres. Así, desde 1980 el ingreso real del 50 % de la población con menores ingresos se incrementó un 20 %, mientras que los del 10 % de la población con mayores ingresos crecieron un 145 %. Asimismo, desde principios de los '90 el S&P 500 [1] se incrementó en un 1.300 %, pero esto solamente beneficio al 10 % de la población que posee acciones. Hacia el 2022, 139.1 billones (trillions) de dólares de ingresos contabilizados se repartían de un modo muy desigual: mientras 65.5 millones de familias absorbían el 2 % de ese total, 13.2 millones de familias se quedaban con el 74 % [2].
Un indicador sintetiza el deterioro de la situación social: hacia el 2019 la población estadounidense había perdido tres años de esperanza de vida, pérdida aún mayor para los estratos de menores ingresos. Las políticas aplicadas por el Gobierno de Biden no alteraron estas condiciones sociales ni mejoraron la brecha entre ricos y pobres. Estas condiciones sociales, sin embargo, no han detonado una protesta.
Esto ha ocurrido en un contexto de creciente polarización política. El Gobierno de Biden, apoyado por el establishment del Partido Republicano, ha tratado de impedir el acceso de Trump al gobierno en las próximas elecciones de noviembre [3]. Así, una avalancha de juicios criminales contra Trump, tanto a nivel federal como estatal, alegan distintos motivos para bloquear su futuro acceso [4]. Sin embargo, esto no ha impedido que Trump arañe el triunfo electoral, según las últimas encuestas.
En paralelo, tanto Biden como miembros de su familia han sido acusados de graves hechos de corrupción. Sus causas judiciales están desde hace tiempo pendientes de resolución, y esta demora compromete a su Gobierno. Todo esto se suma a la censura creciente de la información por parte del Gobierno demócrata de los medios concentrados y de las principales redes sociales y corporaciones tecnológicas, y contribuye a una erosión de la legitimidad de las instituciones. Esto último ha sido potenciado por la cultura de la cancelación impulsada por el Gobierno de Biden y por el Partido Demócrata, especialmente en las universidades y otras instancias del sistema educativo. Un emergente de este fenómeno, el wokismo, ha fogoneado el disenso a partir de las identidades (identity politics), impulsando así la división y polarización creciente de los individuos a partir del sexo, etnia, raza, etc., borrando así las huellas más profundas de la estructura de poder.
Por estos días, sin embargo, el surgimiento de un movimiento de protesta que tiene por actor principal a los estudiantes de las principales universidades del país amenaza al corazón de las políticas del Gobierno.
Guerra y protesta social
Iniciada como una protesta contra el genocidio en Gaza, este accionar estudiantil exigió en un principio el fin del apoyo del Gobierno de Biden al régimen israelí y el establecimiento de la paz en la región. Esta crítica a la política exterior estadounidense se ha profundizado rápidamente al calor de los acontecimientos geopolíticos, dando paso a una creciente denuncia del rol de los lobbies de la industria de guerra en la política exterior del país y, más específicamente, en la política de las universidades. Es decir, ahora la crítica apunta al corazón del Estado en las sombras, ese Estado de seguridad nacional que, impulsado por el complejo industrial militar, busca maximizar ganancias y controlar al orden global utilizando la fuerza del petrodólar y de las armas.
El rol de los lobbies de las corporaciones de armamentos y de AIPAC –el lobby más grande del país, que representa los intereses de Israel– en el financiamiento de la política estadounidense y, en particular, de las universidades más importantes, está ahora en la mira de la juventud estadounidense y esto ocurre en vísperas de elecciones presidenciales. Asimismo, el conflicto estudiantil también expone el disciplinamiento de los estamentos administrativos por parte los lobbies que financian las universidades. Calificando desde un inicio esta protesta como antisemita, estos lobbies sancionaron y eyectaron a importantes autoridades universitarias. Esto impulsó el endurecimiento de los estamentos administrativos, culminando en sanciones y finalmente en la represión policial. La protesta, lejos de amainar, se propagó a otras universidades en todo el país y esto a su vez llevó a la intervención directa del primer ministro israelí en el conflicto estadounidense.
Calificando de antisemita a un movimiento que, con fuerte participación de estudiantes judíos estadounidenses, tiene como centro de sus críticas la violencia represiva del Estado israelí en el conflicto en Gaza, Netanyahu acusó a los estudiantes de poner en riesgo la supervivencia del Estado de los judíos y exigió al Gobierno de Biden la destrucción inmediata de la protesta. Poco después, la Cámara de Representantes aprobaba un proyecto de ley sobre percepción del peligro antisemita que declara la ilegalidad de las protestas contra Israel en tanto antisemitas y pasibles por tanto de represión policial. El proyecto vulnera el principio de libertad de expresión consagrado por la Constitución estadounidense y transforma al antisionismo en antisemitismo.
Así, un movimiento contra el genocidio perpetuado por la violencia descontrolada de un Estado sancionado por tal motivo por distintos organismos de las Naciones Unidas deviene, por arte de magia, en persecución al judaísmo.
Esta protesta estudiantil ocurre en un clima caldeado por las elecciones y en circunstancias en que la dinámica de las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente exponen la incapacidad de la estructura productiva estadounidense y europea para abastecer con equipo y munición las necesidades impuestas por estas dos guerras. Muestra así la contradicción entre las limitaciones del complejo industrial militar vinculadas a la desindustrialización de la economía estadounidense y una política exterior que se empeña en escalar los conflictos geopolíticos arriesgando el desborde de una guerra nuclear.
Textos: Mónica Peralta Ramos