Colombia: días de crisis para el gobierno

El presidente anunció desde el primer día de gobierno que impulsaría los cambios de manera rápida: “Las reformas se hacen el primer año o no se hacen”, afirmó entonces. Su intención estaba clara, así como la certeza de que emergerían un conjunto de actores opuestos a que se modificara el statu quo y, en consecuencia, perder privilegios, poder, negocios, que en Colombia son muchos y grandes.

Varios temblores políticos ocurrieron en ese tiempo. El último, por ejemplo, tuvo lugar en el mes de abril, cuando el presidente dio por terminada una coalición de gobierno muy amplia, que le había permitido ganar, comenzar a gobernar, pero le imposibilitaba -concluyó- avanzar en su agenda de cambios. Disolvió entonces la alianza, reorganizó una parte del gabinete y convocó al respaldo popular en las calles.

Sin embargo, la crisis más grande detonó en los días recientes y no provino de la oposición, sino del seno de su gobierno, más exactamente del ahora exembajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti. El hombre fuerte de su campaña -cercano a cada gobierno de turno- creó un incendio que les dio fuerza a los sectores de oposición que buscan detener las reformas y, en algunos casos, como afirma el mismo Petro, llevar adelante un “golpe blando”.

Un encadenamiento de escándalos

Se trató sin dudas de los peores días para Petro. La crisis comenzó a partir de una declaración de la exniñera, Marelbys Meza, de la ahora exjefa de gabinete presidencial, Laura Sarabia, quien denunció haberse sentida “secuestrada” cuando fue interrogada con polígrafo por la Policía acerca de un robo en la casa de Sarabia. En esa misma declaración comenzó a verse, según personas cercanas a Sarabia, una posible implicancia de Benedetti moviéndose tras el telón.

El hecho escaló cuando Benedetti afirmó que Sarabia sabía que la declaración de Meza podía salir publicada ya que tal vez ella había “chuzado”, es decir enviado a espiar ilegalmente, a su empleada. El tono comenzó así a escalar en un conflicto entre el exembajador y también exjefe de Sarabia, y la jefa de gabinete, situación que, se supo luego, fue motivada por los reclamos de Benedetti de no haber sido canciller, ni ministro de Interior ni de Defensa, sino embajador, es decir, cerca pero lejos del poder.

Las palabras de Benedetti generaron un impacto inmediato ya que dejaron ver que alguien del círculo más íntimo del presidente podría haber incurrido en chuzadas, algo que Petro y las fuerzas progresistas denunciaron y enfrentaron históricamente. La crisis tomó acto seguido una nueva amplitud cuando fueron revelados audios de Benedetti en los que dejaba ver que tenía información confidencial acerca de un financiamiento oculto de la campaña de Petro, un dinero que, además, podría haber provenido de sectores al margen de la ley.

Los audios, que Benedetti denunció que habían sido manipulados, detonaron una crisis mayúscula, sobre la que se montaron las fuerzas de oposición, en particular del uribismo. El excandidato presidencial de ese sector, Federico Gutiérrez, denunció al jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por, afirmó, “posible comisión de delitos relacionados con financiamiento ilegal”, y calificó al gobierno de “ilegítimo e ilegal”. La derecha colombiana vio una oportunidad para pasar a la ofensiva.

Disputas internas y choques institucionales

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, tuiteó Benedetti el lunes por la noche en el cenit de la crisis. Para ese momento ni él ni Sarabia eran ya parte del gobierno que realizaba reuniones de urgencia con el gabinete y la bancada propia en el Poder Legislativo.

Uno de los planteos de Petro en la reunión fue trazar una estrategia para que las reformas impulsadas en el Congreso no quedaran congeladas ni detenidas, como se había insinuado horas atrás. En efecto la crisis no solo hizo tambalear al gobierno por el encadenamiento y gravedad de hechos, sino también a su inestable marco de alianzas en el Congreso para la difícil aprobación de reformas como la de la salud o la laboral. La oposición vio en el terremoto la posibilidad de frenar los cambios que impulsa el gobierno.

A su vez creció el volumen de lo que se vino conformando en los últimos meses como el principal punto de choque institucional: el del fiscal general, Francisco Barbosa, con el gobierno. En medio de la crisis emergió la pregunta/sospecha acerca de cuál había sido el rol de la Fiscalía, en vista de que algunos periodistas denunciaron que la orden de realizar las chuzadas a la exniñera de Sarabia había en realidad provenido de la Fiscalía y no de la exjefa de gabinete.

La sospecha sobre el rol de la Fiscalía en la crisis, así como el choque que ya venía en escalada, llevó a la bancada del gobierno a anunciar el martes que denunciará penalmente a Barbosa ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. La acusación sería por sedición, por haber dicho públicamente a final de mayo a los directores de las fuerzas de seguridad policiales que no “hay que pensar que porque les dan una orden o porque les dicen algo hay que hacerlo”, es decir, llamando a desobedecer las órdenes del presidente de la República.

Crisis y movilizaciones

El gobierno de Petro se encontró así ante una crisis de varios frentes que denunció como siendo parte de un “golpe blando”, es decir, el intento de derrocarlo a través de vías no convencionales. En medio de ese escenario el mandatario trazó, por ejemplo, un paralelismo entre su situación y la del expresidente peruano Pedro Castillo, a quien defendió desde el mes de diciembre cuando fue arrestado por la Policía y destituido por el Congreso.

Petro, con una extensa experiencia política como haber enfrentado el intento ser destituido de la alcaldía de Bogotá en 2013, volvió a convocar a una movilización callejera en defensa del proyecto del gobierno el día miércoles. El objetivo: construir fuerza política, popular, involucrar a la ciudadanía, movimientos sociales, sindicatos, en el proceso de transformación bajo consignas como “sin pueblo no hay cambios”.

La difícil coyuntura ocurre cuando el presidente atraviesa un descenso de su aprobación que estaría en 33,8% según la última encuesta de Invamer. ¿Cuánto afectará su desaprobación la crisis que ocupó toda la agenda los últimos días y podría tener nuevos capítulos? Una pregunta central no solamente para la fotografía de su popularidad, sino porque el país irá a elecciones regionales el próximo mes de octubre para elegir gobernadores y alcaldes.

Petro, el primer presidente progresista del país, se enfrenta a las adversidades y enemigos del cambio en Colombia. Factores de poder real, institucionales, políticos opositores y de filas internas, que buscan frenar el plan de reformas del gobierno que intenta desmontar los andamiajes del neoliberalismo instalado a partir de los años 90 y poner fin a la violencia perenne ligada a la tenencia desigual de la tierra y la intransigencia de las élites.