Considerada por muchos como la elección presidencial más importante del continente en los últimos años, los resultados de los comicios en Brasil tienen un gran impacto en toda América Latina. Al respecto reflexionaron el senador Daniel Caggiani, la socióloga Nastasia Barceló y la politóloga Constanza Moreira.
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Consultada sobre su percepción explicó que para ella es la elección más polarizada de la historia reciente de Brasil. "Es una elección signada por un montón de procesos legales muy opacos, muy oscuros, pero que finalmente, gracias a la Suprema Corte de Justicia brasilera, Lula puede competir. Esto es interpretado por el Bolsonarismo como que la Suprema Corte de Justicia brasilera está en manos de los jueces que el PT puso".
"Estamos en un triple enfrentamiento de poderes" dijo. "Tenemos un poder ejecutivo elegido legítimamente con un congreso en manos de la derecha, especialmente el Senado le es completamente adverso a Lula. Luego tenés una Suprema Corte de Justicia, el Supremo Tribunal de Justicia que ayudan a esta causa de Lula y es uno de los factores junto con el reconocimiento internacional que contribuye a varias cosas, a desmontar los piquetes de los camioneros del día siguiente, a legitimar el proceso electoral y a permitir a levantar las sanciones contra Lula para presentarse", explicó la politóloga.
"Que Lula haya ganado es casi un milagro brasilero si uno mira la trayectoria larga más allá de las encuestas", expresó la exsenadora.
Brasil en transición
La transición fue autorizada por el presidente Jair Bolsonaro tras admitir de forma velada la victoria de Lula.
En su primer pronunciamiento tras las elecciones, realizado dos días después del resultado, el líder de la ultraderecha brasileña no reconoció su derrota ni cantó victoria, ni tampoco tuvo el gesto democrático de felicitar al líder progresista, pero se comprometió con la Constitución.
La transición de Gobierno está regulada en la legislación brasileña y prevé que el presidente en ejercicio y el electo nombren equipos de trabajo en un plazo de 48 horas para que coordinen el proceso y garanticen la transferencia de datos e informaciones. En ese momento el Gobierno en funciones tiene que dar la toda la información que pida el Gobierno entrante y suministrar asistencia técnica hasta el uno de enero en caso de que la necesite.
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