El episodio plantea una pregunta especialmente delicada: ¿cómo una entidad que manejaba recursos públicos y fondos vinculados a las jubilaciones llegó a una situación de insolvencia sin que los mecanismos de supervisión lograran evitarlo?
Los ahorros de millones de personas quedaron congelados
La intervención de Ueno Bank tuvo consecuencias inmediatas para sus clientes. El cierre de las operaciones dejó bloqueados los depósitos y los saldos de las cuentas, mientras las autoridades financieras comenzaron a evaluar los activos y pasivos de la institución.
El problema no afecta únicamente a grandes inversores o empresas. Entre los perjudicados hay trabajadores, pequeños comerciantes, familias y personas que utilizan el banco para recibir sus salarios, realizar pagos o guardar sus ahorros.
El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes, unos 38.200 dólares, por persona y por entidad financiera. Esto significa que los depósitos que se encuentren dentro de ese límite cuentan con una protección legal.
Sin embargo, quienes tengan montos superiores enfrentan una situación más incierta. La recuperación del excedente dependerá de los activos que puedan identificarse y recuperarse durante el procedimiento de resolución y de las obligaciones que tenga que afrontar la entidad.
El Banco Central aseguró que priorizará a los pequeños ahorristas, pero no garantizó que todos los clientes puedan recuperar la totalidad de sus fondos ni estableció que los saldos superiores a la cobertura legal vayan a ser restituidos íntegramente.
La situación también deja una consecuencia que va más allá del dinero: la pérdida de confianza. Cuando una entidad que concentra una parte importante de las operaciones bancarias de un país deja de funcionar de un día para otro, se instala la incertidumbre sobre la seguridad de los depósitos y la capacidad de las autoridades para controlar a las instituciones financieras.
El dinero de las jubilaciones: qué está en riesgo
Uno de los aspectos más graves del caso es la exposición del Instituto de Previsión Social. La institución tenía inversiones por aproximadamente 380 millones de dólares en Ueno Bank, mediante bonos financieros y certificados de depósito de ahorro.
Es importante distinguir entre los fondos congelados y la pérdida definitiva de los recursos. Hasta el momento, no está establecido que el IPS haya perdido ese dinero, pero tampoco existe una garantía de recuperación total e inmediata.
La intervención obliga a determinar cuánto valen realmente los activos del banco, qué obligaciones tiene pendientes y qué recursos podrán recuperarse para responder a sus acreedores. El dinero previsional queda así sujeto a un proceso cuyo resultado todavía no está definido.
La preocupación se explica porque no se trata de capital privado de un grupo empresarial, sino de recursos de la seguridad social, vinculados a los aportes de trabajadores y empleadores y destinados a sostener las prestaciones del sistema.
Ante la alarma generada, el IPS salió a garantizar que las jubilaciones y los aguinaldos se pagarán en las fechas previstas. Este miércoles 4 de noviembre, sus autoridades señalaron que las inversiones comprometidas en Ueno representan aproximadamente el 9% de los activos totales del instituto.
También explicaron que los haberes mensuales se financian con los aportes obrero-patronales y no dependen directamente de las inversiones realizadas en el banco intervenido. Para los aproximadamente 32.000 jubilados que cobraban sus prestaciones a través de Ueno, se inició un proceso para trasladar las cuentas a otras entidades financieras.
La aclaración permite descartar, por ahora, que exista una suspensión general del pago de las jubilaciones. Pero no resuelve el problema de fondo: el sistema previsional tiene cientos de millones de dólares comprometidos en una entidad que perdió su solvencia y cuya capacidad para devolver esos recursos todavía debe determinarse.
La garantía de que los jubilados seguirán cobrando sus prestaciones no equivale a garantizar que el IPS recuperará la totalidad de sus inversiones. Son dos problemas diferentes y ambos deberán ser esclarecidos.
Los vínculos políticos que comprometen al gobierno de Peña
La crisis bancaria adquirió una dimensión política por los vínculos entre Ueno Bank, su grupo propietario y figuras centrales del gobierno paraguayo.
Uno de los nombres más cuestionados es el de Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central cuando se dispuso la intervención. Antes de llegar al organismo regulador, había sido presidente de la entonces Financiera Ueno, hasta agosto de 2023, apenas un día antes de asumir al frente del BCP durante el gobierno de Santiago Peña.
A esto se suma que el propio Peña mantuvo vínculos empresariales con el grupo propietario de Ueno, Grupo Vázquez, hasta marzo de 2025.
La coincidencia de estos vínculos abrió cuestionamientos sobre la independencia de los organismos de control y sobre la posibilidad de que existieran condiciones de cercanía entre el poder político, el sector financiero y quienes debían supervisarlo.
El Banco Central había sostenido que Carvallo se había apartado de las decisiones relacionadas con Ueno para evitar conflictos de intereses. Sin embargo, el desenlace de la crisis volvió a colocar bajo la lupa su actuación y la eficacia de los mecanismos de supervisión.
El propio Carvallo presentó su renuncia a pedido de Peña, en medio de la intervención. La salida del titular del organismo regulador no elimina las preguntas sobre cómo se llegó a esta situación ni sobre las responsabilidades de quienes debían controlar la entidad.
Las investigaciones también apuntaron a la concesión de préstamos a empresas vinculadas al grupo propietario del banco. Según informó el BCP, los ajustes realizados a los estados financieros durante el proceso de regularización dejaron al descubierto una insuficiencia de solvencia por debajo del límite legal.
En paralelo, la Justicia ordenó detenciones de directivos de la entidad en el marco de las investigaciones. El caso dejó de ser exclusivamente una crisis bancaria para convertirse en un escándalo que involucra posibles responsabilidades empresariales, administrativas y penales.
Un golpe a la credibilidad del modelo económico de la derecha
El caso representa un serio revés para Santiago Peña y para el relato de estabilidad económica y confianza empresarial que su gobierno ha buscado proyectar.
Paraguay había conseguido posicionarse como un destino atractivo para las inversiones y había obtenido reconocimiento internacional por su desempeño macroeconómico. Sin embargo, la crisis de una entidad financiera de semejante dimensión expone que los buenos indicadores económicos no necesariamente garantizan controles adecuados sobre el sistema bancario ni protección efectiva para los ahorristas.
El problema es todavía más delicado cuando aparecen conexiones entre el sector privado y las principales figuras del poder político.
La intervención de Ueno también plantea interrogantes sobre la utilización de los recursos públicos y la responsabilidad de las instituciones estatales que colocaron fondos en esa entidad. No alcanza con garantizar que los pagos previsionales inmediatos continuarán: también es necesario explicar por qué una parte de los recursos de la seguridad social terminó expuesta a una institución que no pudo cumplir con los requisitos mínimos de solvencia.
El vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana, anunció que pondría en pausa su precandidatura presidencial por el Partido Colorado para concentrarse en la crisis. Desde la oposición, Ricardo Estigarribia, precandidato del Partido Liberal Radical Auténtico, planteó impulsar un juicio político contra Peña y Alliana.
El escándalo amenaza así con convertirse en uno de los mayores problemas políticos de la administración.
La discusión ya no se limita a determinar cuánto dinero podrá recuperar cada cliente de Ueno. También está en juego la credibilidad de los organismos de supervisión, la independencia del Banco Central y la responsabilidad política de un gobierno que llegó al poder con un discurso favorable a la inversión privada y la estabilidad económica.
¿Quién paga las consecuencias?
Por ahora, los principales afectados son los ahorristas que no pueden acceder a su dinero, los jubilados cuyos recursos previsionales están comprometidos y las instituciones públicas que deberán esperar para conocer cuánto podrán recuperar.
El Estado paraguayo enfrenta, además, el desafío de evitar que la crisis de una entidad financiera se transforme en un problema de confianza para todo el sistema bancario. La garantía de depósitos protege hasta determinado monto, pero no elimina los riesgos asociados a la concentración de fondos ni resuelve automáticamente las obligaciones que superan esa cobertura.
La intervención puede permitir preservar activos y ordenar la devolución de los depósitos, pero también deja al descubierto una falla que deberá investigarse: cómo una entidad de semejante importancia llegó a una situación crítica mientras administraba fondos de particulares y recursos públicos.
La crisis de Ueno Bank pone sobre la mesa una discusión que excede las fronteras paraguayas: cuando los recursos de los trabajadores y los ahorros de la población quedan expuestos a negocios financieros vinculados al poder, la factura de una mala gestión puede terminar recayendo sobre quienes menos capacidad tienen para asumir las pérdidas.
Y mientras las autoridades prometen proteger a los pequeños ahorristas, sigue pendiente la pregunta central: quiénes permitieron que el dinero de millones de paraguayos terminara atrapado en esta crisis y quiénes asumirán las responsabilidades.
