Al rebatir que esta propuesta se tratara de un acuerdo, el CIN insistió en su "planteo de incrementos necesarios para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, actualización de salarios docentes y no docentes y reactivación de las políticas de ciencia, investigación y extensión y el financiamiento de obras".
El CIN, que reúne a los rectores de las universidades nacionales públicas, expresó su preocupación por la falta de definición sobre la continuidad de programas y proyectos de investigación que son gestionados por otras instituciones centrales para financiar la ciencia y la tecnología en el país, como la Agencia de I+D+i y la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología.
Esta parálisis, que se refleja en la inmediata suspensión de proyectos de investigación debido a la falta de recursos, conlleva también consecuencias a largo plazo, como la migración de científicos hacia otros países.
"Esta "fuga de cerebros", experimentada en épocas pasadas, representa una grave amenaza para el progreso científico en nuestra nación", señalaron en un comunicado el jueves.
La institución ponderó el valor del sistema científico argentino, que entre 2018 y 2022 registró 3.630 patentes, 184 modelos de utilidad, 2.070 diseños industriales, 78.050 marcas y 400 variedades de plantas como títulos de propiedad intelectual, lo que mostraba "el compromiso continuo del sistema científico argentino con la generación de conocimiento".
Tras señalar que la responsabilidad el Estado es garantizar la educación superior gratuita y de calidad, el Consejo Interuniversitario ratificó la movilización del próximo martes para defender la universidad pública.
A mitad de marzo, 57 universidades públicas nacionales paralizaron sus actividades por el recorte presupuestario del Gobierno, que el 24 de marzo enfrentó su primera huelga general por parte de la principal central sindical del país, la Confederación General del Trabajo (CGT).
El miércoles, el subsecretario de Prensa de Presidencia, Javier Lanari, propuso cobrar a los extranjeros que acuden a los centros universitarios públicos del país para aliviar la emergencia presupuestaria, aun cuando no representan más que el 3,9 por ciento del total.
Crisis presupuestaria
La Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande de Argentina, se declaró el jueves en crisis presupuestaria a raíz del congelamiento de las partidas presupuestarias dispuesto por el Gobierno de Milei.
Las sedes de esta casa de estudios limitaron la iluminación en pasillos, aulas y oficinas para tratar de garantizar las actividades y proyectos académicos considerados prioritarios, como el dictado de clases, becas, o el comedor.
Medidas similares se adoptaron en otras facultades, entre ellas las de Odontología, Economía, Medicina y Derecho.
En algunos centros se imparten clases en las escalinatas de los edificios a modo de protesta.
Por tal motivo, el próximo 23 de abril, la comunidad universitaria convocó la Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública y contra los recortes del Gobierno.
(Vía Sputnik)
