Las mujeres que se provoquen un aborto o consientan que se lo hagan también pasan a ser castigadas con entre uno a tres años de reclusión, de acuerdo al texto presentado por el presidente de la bancada oficialista, Oscar Zago y otros cinco legisladores.
El proyecto también elimina las sanciones para las autoridades que dilaten la realización del procedimiento y contempla penas de cárcel para quienes practiquen un aborto, incluso en casos de violación.
Los diputados oficialistas argumentan que la ley actual no es constitucional y va en contra del sentir general del pueblo argentino, además de no contemplar la dignidad de la persona humana.
Desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2020, los hospitales públicos han practicado 245.000 abortos, según datos del Ministerio de Salud. Paralelamente, las muertes maternas por aborto han descendido de 23 en 2020 a 13 en 2021, y ha habido una disminución en la tasa de fecundidad adolescente.
A nivel regional, países como Cuba, Uruguay, Colombia, Puerto Rico y algunos estados de México, junto con Guyana, ya autorizan la interrupción voluntaria del embarazo.