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En el centro de Bogotá, en un punto de reclutamiento de la Armada Nacional, dos infantes de marina que están en la entrada hablan en voz alta, quizá muy alta. "No voy a aceptar a ese exguerrillero como jefe máximo", suelta uno, a lo que el otro responde: "No tenemos opción. Es el presidente electo". Cuando ambos se percatan de que hay alguien escuchando, cambian de posición: el primero se pone a mirar su teléfono celular y el otro ingresa por la puerta.
Este corto diálogo puede ser el reflejo de lo que se vive al interior de las Fuerzas Militares desde que el pasado 19 de junio Colombia eligió a Gustavo Petro como su máximo dirigente, un exmilitante de la guerrilla del M-19, grupo que nació en la década de 1970 y que firmó en 1990 la paz con el Gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), con la garantía de participar en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
En un país tan guerrerista que un mandatario llegue con un discurso de paz genera zozobra en algunos sectores de la Fuerza Pública y rechazo en las alas más radicales no solo del Ejército sino de la Policía, que ven en Petro un hombre cercano al comunismo por el simple hecho de declararse de pensamiento de izquierda.
Eso lo sabe el líder del Pacto Histórico y por eso desde sus últimos días de campaña se dedicó a suavizar el mensaje hacia los militares, al punto de asegurar que la reestructuración que pretendía hacer —y que ahora hará— simplemente será a nivel de objetivos, y que lo importante estará en garantizarles vivienda, salud y educación a quienes por mandato de la constitución tienen la posesión legal de las armas para defender la soberanía nacional.
La preocupación generalizada aumentó luego de que el hoy presidente electo, en campaña electoral, diera a conocer que iba a reducir el presupuesto militar durante los próximos cuatro años. "Con menos dinero quizá haya menos garantías laborales y sociales para nosotros los militares. Ser soldado en este país no es sencillo y tener una remuneración digna no se da en todos los niveles jerárquicos", añadió el oficial.
Sin embargo, estos temores infundados chocan con propuestas de Petro tales como la construcción de ciudadelas militares, el fortalecimiento de su sistema de salud, mejores opciones para tener vivienda propia y el aumento del número de colegios para hijos de integrantes de la Fuerza Pública.
"Si bien hay cierta prevención, es algo que pasará con el tiempo. Los militares se darán cuenta que todo se trata de puras especulaciones. Es que nada más decir que Petro fue un guerrillero como cualquier otro es un desconocimiento de la historia, de lo que en verdad sucedió. Ni siquiera fue del ala militar del M-19. Nunca estuvo en un combate ya que hizo parte del grupo doctrinal y urbano", dice a Sputnik el coronel retirado Carlos Velásquez, quien fue comandante del Bloque de Búsqueda que operaba en Cali (suroccidente del país) en la década de los 90.
Velásquez, hombre clave para ayudar a desmontar el cartel de Cali, uno de los grupos de narcotráfico más grandes en la historia de Colombia —creado por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela—, estuvo la semana pasada en la presentación del informe final de la Comisión de la Verdad y tuvo la oportunidad de hablar con excolegas del Ejército.
En cuanto a la política de seguridad que deberá emplear el nuevo presidente, Velásquez cree que esta deberá basarse en un proceso pacifico, pero sin pausa, que le muestre a los grupos al margen de la ley las opciones que hay si dejan de delinquir. "Es algo complicado, pues hay que reducirles el campo de acción, pero a la vez mostrarles que existe la posibilidad de un diálogo pacífico que puede llevar a la dejación de las armas y de toda actividad ilegal".
Según otro experto consultado por Sputnik, en este momento las FFMM están desmoralizadas luego del desgastante sermón de que existe un enemigo interno que está en medio de la población civil. Del otro lado de la balanza, la mayoría de los colombianos no cree en sus Fuerzas Militares, pues las ven como déspotas y guerreristas, además de corruptas. No en vano el informe de la Comisión de la Verdad dejó entrever las alianzas que han existido desde siempre entre oficiales de alto rango y grupos paramilitares.
De hecho, Petro se encargó de denunciar antes de elecciones que generales del Ejército hacían parte de la nómina del Clan del Golfo, grupo delincuencial y paramilitar que tiene el control del narcotráfico en gran parte del territorio colombiano.
"Mientras los soldados son asesinados por el Clan del Golfo, algunos de los generales están en la nómina del Clan. La cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales", acusó Petro en su cuenta de Twitter.
El comandante del Ejército de Colombia, Eduardo Enrique Zapateiro, respondió en aquel momento a las palabras de Petro, también por Twitter. "Le recuerdo que usted como senador hace parte del colectivo al cual osa señalar como 'politiqueros del narcotráfico'. Como ciudadano le recomiendo no generalizar. El respeto ante todo. A ningún general he visto en televisión recibiendo dinero mal habido. Los colombianos lo han visto a usted recibir dinero en bolsa de basura".
El pasado 28 de junio, días después del triunfo de Petro, Zapateiro comunicó que a partir del 20 de julio renunciará a su puesto como comandante del Ejército Nacional, cargo que ostenta desde el 27 de diciembre de 2019, cuando fue designado por el mandatario Iván Duque.
Por ahora, mientras Petro va soltando a cuenta gotas los nombres de sus ministros —lo ha hecho a través de twitter con el de Relaciones Exteriores, Hacienda y Cultura—, la gran expectativa está sobre quién asumirá el reto en el Ministerio de Defensa, del que se desprenden las FFMM.
El desafío no es sencillo, en realidad es enorme, y de ese nombre dependerá que las Fuerzas Militares vean a Petro como su líder y su jefe máximo —según lo exige la Constitución— o que apelen a la bien conocida estrategia de obedecer, pero no acatar.
(Por Camilo Amaya - vía Sputnik)