El presidente de Argentina, Alberto Fernández, y 12 gobernadores provinciales de las 24 jurisdicciones del país reclamaron al Congreso que inicie el juicio político de los cuatro miembros de la Corte Suprema por mal desempeño, después de que el tribunal ordenara al gobierno aumentar el porcentaje de impuestos que debe transferir a la ciudad de Buenos Aires.
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"Solicitan la apertura del procedimiento de juicio político respecto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", reza el texto elevado a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que evaluará la solicitud.
El mandatario argentino y los 12 gobernadores se ampararon en el artículo 53 de la Constitución para solicitar el juicio político del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y de los otros tres integrantes del máximo tribunal del país: Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
El gobernante y los mandatarios provinciales instaron a los diputados de la coalición gobernante, Frente de Todos, a que respalden "el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso".
En un documento de 36 páginas que será presentado a la Comisión de Juicio Político, el jefe de Estado y los 12 gobernadores pidieron que se investiguen las actuaciones de los cuatro integrantes de la Corte Suprema, a raíz de la medida cautelar dictada el 21 de diciembre que amplía de 1,4 al 2,95 el porcentaje de unos impuestos que el Estado debe transferir a la capital, denominados fondos coparticipables.
Para el presidente y los gobernadores, se trata de "la cabeza de un Poder del Estado que decide, arbitrariamente, invadir las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes de aquel".
Esta situación se generó a partir de una "una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias", consigna el texto que será elevado entre este miércoles y jueves, según adelantaron a la Agencia Sputnik fuentes de Presidencia.
La decisión del máximo tribunal del país pone en peligro el Estado de derecho, "afectando seriamente la gobernabilidad y la estabilidad institucional", añade Fernández y los mandatarios que lo acompañan.
Declaraciones y chats
La presentación dedica varios párrafos al presidente de la Corte Suprema, cuestionado por vertir expresiones durante un encuentro de jueces federales que denotarían "la intencionalidad de condicionar el ejercicio de sus facultades constitucionales por parte de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Nación".
Las afirmaciones de Rosatti, que habría señalado que toda reforma del Poder Judicial debe contar con la aprobación del propio Poder Judicial, "encierran un verdadero alzamiento contra el orden constitucional, el pretender que el Poder Legislativo subordine el ejercicio de sus atribuciones constitucionales para sancionar normas legales relacionadas con el Poder Judicial, a una suerte de 'acuerdo previo' con el máximo tribunal de justicia", reprueba el texto.
En setiembre de 2022, el Senado aprobó un proyecto de ley que amplía a 15 los integrantes de la Corte Suprema, recuerda el documento suscrito por Fernández y los gobernadores.
"En estas circunstancias, resulta obvio decirlo, la alocución del Dr Rosatti no puede ser interpretada sino como un aviso destinado a ocluir el progreso de aquella iniciativa; ello, en detrimento de las facultades constitucionales del Congreso".
El presidente de la Corte Suprema también fue criticado a raíz de unos chats difundidos en la prensa entre el ministro de Seguridad de la capital, Marcelo D'Alessandro, y el portavoz de Rosatti, Silvio Robles.
El intercambio de mensajes demostraría "una espuria convivencia en la cual se coordinan fallos judiciales del alto tribunal que explícitamente benefician, en general, a la alianza política Cambiemos (principal fuerza de la oposición) y en particular al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta", alcalde de la capital.
En paralelo, el presidente y los gobernadores criticaron el proceder de los otros tres miembros de la Corte Suprema por declarar inconstitucional el 16 de diciembre de 2022 una ley que preveía reformar el Consejo de la Magistratura, órgano responsable de evaluar, sancionar y remover jueces, y por instruir al Congreso a que dictase una nueva normativa en el plazo de 120 días.
El máximo tribunal del país también fue cuestionado por "avanzar sobre la autonomía de la Honorable Cámara de Senadores al determinar de forma arbitraria y autoritaria cómo debían organizarse los bloques en dicha Cámara".
El principal bloque opositor se manifestó en contra del pedido del juicio político de la Corte Suprema, mientras que el alcalde de la ciudad de Buenos Aires denunció penalmente al Gobierno pese a que la actual gestión decidió acatar la medida cautelar que ordenaba entregarle a la capital un mayor porcentaje de los fondos coparticipables.
(Vía Sputnik)
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