El pasado 15 de agosto en Uganda, un joven de 20 años llamado Michael Opolot fue detenido por las autoridades en medio de la multitud que se había congregado para presenciar la visita del hijo del presidente, el general Muhoozi Kainerugaba, a la ciudad de Soroti, en el este del país. La detención se realizó sin explicación alguna por parte de los policías.
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Opolot fue acusado de "homosexualidad agravada" el 18 de agosto, un delito que se castiga con la pena de muerte en Uganda, según una de las leyes homófobas más estrictas del mundo aprobada en mayo. La acusación se basa en la supuesta relación sexual ilícita mantenida por Opolot con un hombre de 41 años. Sin embargo, la abogada de derechos humanos Patience Muwanga, que forma parte del equipo de defensa, argumenta que no existen pruebas de que la supuesta víctima no esté en su sano juicio.
Opolot ha estado detenido en la prisión principal de Soroti desde entonces y su comparecencia ante el tribunal de primera instancia, programada para el 1 de septiembre, fue pospuesta hasta el 14 de septiembre debido a la ausencia del fiscal del Estado.
La familia de Opolot está profundamente preocupada por su seguridad, ya que la pena de muerte es una posibilidad real en este caso. Las autoridades ugandesas han reforzado su postura anti-LGBTQ+ con la promulgación de la nueva ley en mayo, que no solo mantiene la cadena perpetua para los actos homosexuales, sino que también establece la pena de muerte para la "homosexualidad agravada" y condena la "promoción de la homosexualidad".
La comunidad LGBT+ en Uganda vive con temor debido a esta ley, que ha llevado a un aumento de detenciones y persecuciones. Organizaciones como Rainbow Railroad han registrado un aumento significativo en las solicitudes de ayuda para escapar de la persecución en el país.
La respuesta internacional a esta situación ha sido enérgica, con condenas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que amenazan con sanciones si Uganda no deroga la ley. El Banco Mundial también ha retirado su financiación debido a que la normativa va en contra de sus valores fundamentales.
La situación en Uganda es un recordatorio de la importancia de proteger los derechos humanos y luchar contra la discriminación y la persecución basada en la orientación sexual.
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