Para alegría del patrón
Pero el golpe más certero se encuentra en la flexibilización en cuanto a multas y sanciones para los empleadores que decidan regularizar a sus trabajadores. En vez de incentivar la formalización laboral, se elimina toda penalidad a las empresas que registren tarde a sus empleados, con lo que se normaliza el abuso y la informalidad, dejando a los trabajadores a merced de prácticas ilegales que serán legalizadas retroactivamente.
La Ley Bases, eje de esta reforma, incluye un polémico artículo 242 que, si bien aún no ha sido reglamentado, permite despedir con causa a cualquier trabajador que participe en bloqueos o tomas de establecimientos. Este artículo, que parece dirigido especialmente contra sindicatos combativos como el de camioneros, crea un escenario de incertidumbre para los trabajadores que temen que hasta una asamblea sindical sea vista como bloqueo empresarial.
La CGT, principal confederación sindical del país, ha mantenido un silencio inquietante, aunque trascendió que hubo intentos de negociación con el gobierno para suavizar algunos de los puntos más críticos de la reforma. Sin embargo, estos esfuerzos parecen haber sido en vano, ya que la reglamentación de la reforma ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial, ratificando que a partir de ahora, los trabajadores regularizados solo podrán computar hasta 60 meses de aportes previsionales, incluso si han trabajado en la informalidad durante más tiempo. Este aspecto representa un golpe directo a las esperanzas de miles de trabajadores de recuperar los aportes perdidos por la falta de registro.
