Entrevista a José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), acerca de la comisión investigadora sobre el sindicato.
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¿Cuáles son las reflexiones de Fenapes sobre la comisión investigadora del Parlamento? ¿Y sobre las avanzadas en redes sociales y medios de comunicación?
Hay tres cuestiones claras. Los gobiernos neoliberales de derecho y ultraderecha en la región siempre han elegido perseguir a los sindicatos de la educación. Podemos citar el caso de Uribe, el caso de Macri, Bolsonaro. Esta derecha es de manual y muestra la coincidencia ideológica con estos países.
Es la primera vez posdictadura que una comisión investigadora se pone a investigar a un sindicato, violando toda la normativa laboral vigente en Uruguay. Lo que está en juego es la libertad sindical. Fenapes
El Parlamento guiado por un planteo muy engañoso de los sectores más reaccionarios del Partido Colorado con uno de sus diputados como abanderados entró como por un tubo en la persecución política.
Lo tercero, es claro que las reformas de carácter neoliberal que van en línea de mercantilización de la educación que tuvo un primer mojón en la LUC saben desde el gobierno que van a tener en los sindicatos de la educación y en particular en Fenapes un fuerte obstáculo, por eso hay que descuartizarlo socialmente e incluso criminaizar.
Lo que está faltando para que el diputado Schipani sea feliz es que se nos declare ilegales. Nosotros dijimos el año pasado desde marzo en la comisión de Educación y Cultura de Diputados que acá había un proceso de persecución política sindical muy fuerte, y que había actores claramente identificados: parlamentarios, en los medios de comunicación y jerarcas de la educación. A esta altura la connivencia entre Cherro, directora de Secundaria, y Schipani, es escandaloso desde el punto de vista institucional.
¿Cómo se gestó la comisión investigadora?
Solo en un régimen donde no hay garantías yo te denuncio y te condeno. Eso ha hecho Schipani desde el punto de vista jurídico. Socialmente ha instalado el discurso de la ilegalidad del sindicato a la hora del uso de tiempo reconocido por la administración para acción sindical.
Se usa muy mal el término «licencia sindical». No nos vamos a descansar. La propia OIT dice que los empleadores deben dar tiempo para que las organizaciones sindicales puedan accionar.
En el caso de la ANEP se dice que solo se podrían haber utilizado para acción sindical horas dispuestas por un convenio efectivo, desconociendo que había acuerdos particulares en cada consejo. Esto es lo que se está investigando. Es gravísimo que un Parlamento se introduzca a investigar la acción de un sindicato. No hay registros en la posdictadura.
El diputado Schipani elabora una teoría de certificados falsos y apócrifos, que se ve que no sabe qué significa. El sindicato entregaba un documento y se solicitaba a los centros la justificación de la falta. Construye un relato desde su concepción antisindical de la ilegalidad y promueve la comisión investigadora presentando documentación que no tiene garantías, por ejemplo, actas de las sesiones del Consejo de Educación Secundaria anterior que dicen claramente que son borrador. Y eso se toma como válido.
Para construir un relato se precisa tiempo. La comisión va a funcionar hasta diciembre, el relato se va construyendo sistemáticamente en un proceso que intenta deslegitimar la acción de los sindicatos en la construcción de las relaciones democráticas
Un dato importante sobre la resolución y es lo que el Parlamento tendría que desentrañar cuando asista la directora general de Secundaria. La resolución del 28 de junio tiene dos grandes aspectos desde el punto de vista político institucional. Primero, amplia las competencias y el plazo establecido por la propia investigadora. Cherro se transforma en parlamentaria y amplía el tiempo de investigación.
Segundo, el pedido de informes a Schipani ya fue contestado; estamos hablando de Anep que es de los que más goza de autonomía en el Estado. Para que Secundaria se vincule con el Parlamento tiene que hacerlo a través del Codicen, que la comunica a través del Ministerio de Educación y Cultura al Presidente de la Cámara. Aquí hay una connivencia pornográfica entre Cherro y Schipani, que es claramente político partidaria, otra violación de la Constitución de la República.
Schipani es experto en persecución, persigue las ideas opositoras, los puntos de vista que no coinciden con el gobierno
Hay un antecedente muy interesante de este diputado. En 2006, el entonces bachiller Schipani concurrió a la Comisión de Educación y Cultura de Diputados a defender su posición ante una investigación administrativa que llevaba el Codicen de la Anep porque este señor trabajó 10 años en la gerencia de programas especiales. Nadie sabe cómo entró. Se detectaron nepotismo, acomodos, incumplimiento de horarios y llevaron a ocupar la sede de la gerencia. ¿Saben qué dijo Schipani? Que era legítima la ocupación porque era una extensión del derecho de huelga.
En la LUC hay un gran capítulo sobre educación, que me imagino que es donde los docentes quieren concentrar el debate
Este proceso de persecución política va a ir creciendo. Es cierto que hoy la actividad central para Fenapes es la recolección de firmas, pero también surge la rendición de cuentas. ¿Saben cuántos artículos envió el Codicen de la Anep donde plantee algo que implique atender las consecuencias de la pandemia en los años lectivos? Ninguno. Mientras la Anep desarrolla un proceso de recorte presupuestal acaban de aprobar la contratación de una consultoría por 200.000 dólares.