Operaciones de monitoreo para la criminalización de estudiantes chilenos

Según informa Telesur, el requerimiento para el inicio de la investigación, fue presentado ante la Contraloría por la concejala de la oposición, Iraci Hassler.

Con este primer paso, se espera un pronunciamiento, oficial e inicial, del alcalde de Santiago de Chile.

La red de espionaje contra los estudiantes, declararon los denunciantes, operaba monitoreando las actividades de los alumnos del liceo, en particular durante el curso de las protestas.

Este instituto de Santiago, es considerado “emblemático” y los denunciantes presumen que, por su gestión a cargo de la Municipalidad, la misma estaría en conocimiento de la operación de monitoreo llevada a cabo por las fuerzas policiales.

Junto a esta denuncia se espera que, apoderados, padres y estudiantes presenten “con abogados un recurso para poner fin a la Ley Aula Segura”, a partir de la cual se ha ido criminalizando a los estudiantes chilenos.

Medios locales de prensa han señalado, destaca la agencia de noticias, que durante el monitoreo realizado fue usada la red de WhatsApp “para intercambiar información que sirviera para detener o expulsar alumnos”.

Interpelado por la oposición, en el curso de un consejo municipal, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri negó la existencia de vínculos con la red de espionaje denunciada.

“A mí no me consta. Yo no lo ordené. No soy parte de los chats. Yo no lo ordené”, expresó el jerarca municipal, quien según la agencia recordó “el agobio que causaba la violencia de alumnos y exalumnos del INBA que impedían el normal funcionamiento”.

Los ediles de la oposición denunciaron “que la red tenía a miembros de carabineros de la 22º Comisaría de Quinta Normal, el exdirector Jaime Uribe, la actual directora subrogante, Ana María Gajardo; y funcionarios de la Dirección de Educación Municipal (DEM)”.

Como parte de las actividades de espionaje a los estudiantes, se supo que, “Carabineros, a través del teniente coronel Felipe Neira y los capitanes de la Comisaría de apellidos Miranda y Fuentes; entregaban información sensible de niños y adolescentes del establecimiento detenidos para su individualización”.

El acopio de información, incluía, entre otros datos, “el nombre completo, el curso de los detenidos y foto del carné de identidad”.

Estas denuncias motivaron que la concejala comunista Irací Hassler, acudiera a la Contraloría “para solicitar el pronunciamiento de esta entidad sobre la presunta asociación irregular, por posibles faltas a la propiedad y la vulneración de derechos de los menores”.

“Ha criminalizado las comunidades educativas, ha desprestigiado a las comunidades educativas. Hoy día, frente a esta articulación debe dar una explicación”, dijo, Hassler refiriéndose al alcalde de Santiago, Felipe Alessandri.

Hassler, no dudó en afirmar que el jerarca municipal es quien debe asumir las responsabilidades políticas y administrativas por lo sucedido.

La representante comunista, “recibió las evidencias de la asociación irregular de espionaje a la comunidad del INBA en Grupo de WhatsApp donde el funcionario municipal, Roberto Sánchez, emitía ordenanzas, añadía a profesores sin su consentimiento y presionaba para que expulsaran estudiantes”, resalta Telesur.

Por su parte, el Centro de Padres y Apoderados (CEPA) del INBA, a través de su secretaria, manifestó profunda indignación al conocerse la noticia, aunque ya sospechaban que luego de la promulgación de la Ley Aula Segura, este tipo de acciones eran probables.

Aunque se espera el dictamen de Contraloría, Padres y Apoderados no descartan “la posibilidad de emprender acciones legales contra quienes sean responsables”.

En setiembre del año 2018, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, acompañado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmaron el proyecto de ley “Aula Segura”.

En el mismo se buscaba, “fortalecer las facultades de los directores de establecimientos educacionales, permitiéndoles expulsar de manera inmediata a alumnos que se vean involucrados en hechos graves de violencia”.

Su implementación y posterior promulgación, dio lugar a un sinnúmero de críticas, entre ellas de los profesores, quienes a través del Colegio de Profesores denunciaron que se trataba de una iniciativa “populista”, entre otras razones, porque la Ley se suscitaba a partir de hechos puntuales y no por el avance de una discusión amplia de los hechos de violencia que se observaban en las instituciones educativas chilenas.